Tras el anuncio de la base militar de EE. UU. en Tierra del Fuego, recientemente un documento oficial estableció la cooperación mutua para »la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales» con un presupuesto total de 13.350.000 millones USD.
Luego de anunciarse la construcción de una base militar estadounidense en Ushuaia, Tierra del Fuego (planificada desde 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández), sumado a la autorización por decreto y el avistamiento de tropas norteamericanas entrenando en el territorio argentino, recientemente se añadió otro elemento al listado de la presencia de EE. UU. en la región.
Se trata de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), un proyecto de cooperación entre EE. UU. y Argentina destinado a »fortalecer las capacidades operativas en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales».
Dicho proyecto abarca un presupuesto de 13.350.000 millones USD en un contexto de creciente pobreza, la cual según analistas críticos a los métodos del INDEC alcanza al 45% de la población argentina.
¿Sólo cooperación?
Las pocas bases militares de EE. UU. en América Latina han sido acusadas de cometer crímenes humanitarios; tal es el caso de Guantánamo. Ubicada en Cuba, es una base militar y al mismo tiempo una cárcel en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló la presencia de:
- Detenciones indefinidas
- Torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes
- Falta de acceso o acceso limitado a protección judicial
- Comisiones militares sin debido proceso
- Falta de defensa adecuada
- Regímenes discriminatorios
Según el comunicado oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, »la instalación de la unidad regional de INL en nuestro país constituye un nuevo paso en el trabajo estratégico entre la Argentina y los Estados Unidos por la seguridad de la región, frente a organizaciones criminales que operan cada vez con mayor capacidad y alcance transnacional».
Sin embargo, portales de análisis como Agenda Malvinas advierten que el dispositivo evidencia una estructura de injerencia geopolítica mucho más vasta y profunda que la mera lucha contra el tráfico de drogas, en donde al delegar la arquitectura de inteligencia, los sistemas de monitoreo y la doctrina operativa en agencias foráneas, el país no solo cede autonomía decisoria sobre sus prioridades de seguridad interior, sino que condiciona su posicionamiento exterior frente a terceros países de la región.
