En una reunión clave a las 9 de la mañana, el máximo tribunal resolverá sobre una medida cautelar que podría reincorporar los límites a la venta de campos a extranjeros. Ante la falta de consenso entre los tres ministros, se sumarán dos conjueces.
Por Redacción VIVE CABA
9 de octubre de 2026
La Corte Suprema de Justicia de la Nación vive este viernes un día decisivo. A partir de las 9:00, los integrantes del alto tribunal se reunirán para resolver un pedido de medida cautelar que resulta clave para la soberanía territorial y los recursos naturales: la restitución de las restricciones para la compra de campos por parte de ciudadanos y firmas extranjeras.
Luego del acelerado trámite procesal de los últimos días —que incluyó la reducción de plazos de notificación a solo 24 horas y la habilitación de días e horas inhábiles—, el expediente entró en su etapa final de resolución con la máxima celeridad posible.
Falta de acuerdo interno y la citación a conjueces
La necesidad de alcanzar una definición inminente expuso la falta de coincidencia entre los tres ministros de la Corte. Ante la discrepancia de criterios sobre si corresponde o no suspender los efectos del DNU 70/2023 en lo relativo al régimen de tierras rurales, el tribunal tuvo que activar el mecanismo extraordinario de convocar a dos conjueces para lograr la mayoría necesaria y firmar el dictamen.
La resolución que emita el cuerpo determinará de manera inmediata si la Ley 26.737 recupera su vigencia cautelar —bloqueando la adquisición desregulada de campos y áreas estratégicas— o si se mantiene la liberalización impulsada por el Poder Ejecutivo hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.
Un escenario político en negociación
La definición judicial ocurre en un clima de alta volatilidad política en el Congreso. En paralelo al tratamiento de la causa en Tribunales, ha trascendido que el Gobierno nacional estaría dispuesto a ceder posiciones en la reglamentación de tierras y en materia de discapacidad, buscando no tensar las relaciones con los bloques aliados de cara a las complejas negociaciones por la aprobación del Presupuesto y la reforma de las PASO.
El fallo de este viernes promete sentar un precedente de alto impacto tanto para el mercado inmobiliario rural como para la agenda institucional y parlamentaria de los próximos meses.
