El Poder Ejecutivo Nacional adjudicó la concesión de AySA, la empresa que abastece de agua y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, a un consorcio privado internacional. La medida genera controversia por el posible impacto en las tarifas.
El Gobierno nacional formalizó este jueves 8 de octubre la privatización de AySA mediante una adjudicación por USD 340 millones a un consorcio privado internacional. La operación traspasa la operación y el mantenimiento de la red de agua potable y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Marca el retorno de los servicios sanitarios al sector privado tras dos décadas de administración estatal.
AySA es la empresa de agua y saneamiento que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 distritos del Gran Buenos Aires, con servicio de agua y cloacas para 14 millones de personas. Es decir, presta un servicio básico en el día a día de millones de hogares.
La venta se concretó tras la apertura de los pliegos licitatorios, coordinada por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Empresas Públicas, y se enmarca en el programa de reformas estructurales y desregulación impulsado por el Poder Ejecutivo. El pliego adjudicado establece un plan de inversiones obligatorias en infraestructura: mejorar la presión del suministro, ampliar la cobertura de la red cloacal en el Conurbano bonaerense y optimizar la eficiencia de las plantas potabilizadoras General San Martín y General Belgrano.
La medida genera controversia política y social. Desde la Casa Rosada celebran la quita de subsidios estatales y el ingreso de divisas a las reservas del Banco Central. La oposición parlamentaria y las organizaciones de usuarios advierten sobre un inminente cuadro tarifario con aumentos en las boletas de agua para los hogares de la Ciudad y de los 26 partidos abastecidos por la firma.
Entre los actores involucrados están el Gobierno nacional y el Ministerio de Economía, que diseñaron el marco regulatorio del pliego y encabezaron la licitación; el consorcio privado adjudicatario, que asumirá el control operativo y los planes de inversión en el AMBA; y el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), que negocia garantías de estabilidad laboral y el mantenimiento del convenio colectivo para los operarios de la empresa.
En términos presupuestarios, la salida de AySA del régimen de asistencia financiera estatal elimina aportes del Tesoro destinados al funcionamiento operativo y al financiamiento de obras. En el plano político, el traspaso reabre en el Congreso el debate sobre la fiscalización del Ente Regulador de Agua y Sanidad (ERAS) y el control de las metas de calidad, los niveles tarifarios y el cumplimiento del plan de obras.
Como antecedente, tras la privatización de Obras Sanitarias de la Nación en los años noventa, bajo la concesión de Aguas Argentinas, el Estado nacional rescindió el contrato en 2006 y reestatizó el servicio con la figura societaria de AySA. Luego de 20 años de gestión estatal, vuelve el capital privado al sector.
Para seguir el tema, la página oficial de la empresa es aysa.com.ar, donde se publican su postura y sus novedades.
