Señor director de NORTE:
Quienes integramos la Lista 2 en la elección de rectores y vicerrectores del IES San Fernando Rey queremos referirnos a una cuestión que circula casi en voz baja, pero que va a definir buena parte del futuro de la Educación Superior chaqueña a partir de 2027.
En las últimas semanas, la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia hizo saber a los rectores de los institutos que el año próximo se «pausará» la inscripción a las carreras de cinco años de duración. Hasta donde sabemos, no existe ninguna resolución ni disposición provincial que lo establezca. Hubo reuniones, comentarios y pedidos de «propuestas» que llegaron por Whatsapp o de palabra. Llama la atención este manejo informal en una gestión gubernamental que se presenta a sí misma como ordenada y atenta a la normativa. Lo que se exige hacia abajo debería valer hacia arriba.
Una carrera que no abre su primer año no queda en suspenso: empieza a cerrarse. Sin ingresantes en 2027 no hay segundo año en 2028 ni tercero en 2029. Lo que llevó décadas construir se pierde en pocos años. La propia provincia dictó en 2025 las resoluciones 1508 y 1758 para reubicar «transitoriamente» a docentes cuyas horas dejaron de funcionar «en razón de que la carrera se encuentra en proceso de cierre». Son instrumentos pensados para después de un cierre. Llamar «pausa» a lo que viene no cambia la naturaleza de lo que se está decidiendo.
Se nos dice que la medida responde a los nuevos lineamientos nacionales para la formación docente. Los leímos con atención. La Resolución 476/24 del Consejo Federal de Educación dice textualmente que «todas las carreras de Formación Docente Inicial se sugieren [sic] sean proyectadas en 4 (cuatro) años de duración». Se sugiere. Tampoco la reciente Resolución 479/2026 del Ministerio de Capital Humano, sobre validez nacional de títulos, fija duración alguna. Ninguna de estas normas obliga a la provincia a dejar de inscribir en sus profesorados de cinco años, y mucho menos a hacerlo de un año para el otro y sin un instrumento propio que lo respalde.
Cabe preguntarse, entonces, en qué se funda la decisión. No conocemos ningún estudio ni dato, provincial o nacional, que muestre que los profesorados de cinco años forman peor que los de cuatro, ni que recomiende cerrarlos. Sin ese sustento, lo que se presenta como una adecuación técnica es, en los hechos, una decisión administrativa.
Vale además una comparación. Esos lineamientos no alcanzan a las universidades nacionales, que definen sus planes en el marco de su autonomía y donde los profesorados tienen, en su gran mayoría, cinco años de duración. Si los institutos acortan sus carreras mientras las universidades mantienen las suyas, la distancia entre los dos subsistemas de nuestra educación superior, que ya existe en el prestigio y el reconocimiento social, se volverá también una diferencia formal en los títulos. Y no por razones académicas, sino por una decisión que nadie ha explicado.
Hay, además, una cuestión de procedimiento. Las resoluciones del Consejo Federal son acuerdos entre jurisdicciones, no órdenes que se aplican solas. Cada provincia las incorpora con normas propias de adhesión y contextualización. No conocemos resoluciones provinciales de adhesión a la 476/24 ni lineamientos que la adapten al Chaco. Invocar una norma federal sin esos instrumentos es saltearse un paso que la propia organización del sistema exige.
Y hay algo que no se está diciendo. La misma Resolución 476/24 prevé que quienes egresen de profesorados de cuatro años «podrán acceder al título de Profesor de Educación Superior en una disciplina» mediante un trayecto que cada provincia debe organizar. Entonces preguntamos: ¿ese trayecto ya fue diseñado en el Chaco? ¿Dónde, desde cuándo, con qué docentes? La Resolución 479/2026 fijó el 30 de septiembre como fecha límite para presentar las ofertas de 2027. Si esas definiciones existen, la comunidad tiene derecho a conocerlas. Si no existen, se está cerrando una puerta sin haber abierto otra.
La provincia tiene antecedentes de otra forma de hacer las cosas. Entre 2014 y 2016, los diseños vigentes se construyeron con procesos participativos y abiertos. Entonces el IES San Fernando Rey pidió un año más para implementarlos de manera ordenada, y el Ministerio lo concedió: mientras el resto de los institutos comenzó en 2015, el nuestro lo hizo en 2016. No pedimos nada distinto ahora: que se escuche a las instituciones y que los tiempos los marque la calidad del proceso, no la urgencia administrativa.
Lo que se anuncia alcanza a todas las carreras de cinco años de la provincia, muchas de las cuales forman a los formadores del propio nivel superior. En nuestro Instituto, la medida afecta al Profesorado de Educación Superior en Inglés y al Profesorado de Educación Superior en Educación Especial con Orientación en Sordos e Hipoacúsicos. En el primer caso, no existe en el Chaco otra oferta pública, gratuita y completa que prepare profesores para el nivel superior. En el segundo, se trata de una formación especializada de la que depende, en buena medida, el derecho a la educación de estudiantes sordos e hipoacúsicos en toda la provincia.
Los docentes y estudiantes de Inglés pidieron por nota, ante la Rectoría y ante la Dirección de Educación Superior, algo elemental: que se les informe por escrito qué norma dispone el cierre de la inscripción y qué garantías se prevén. Acompañamos ese pedido, y la misma respuesta se les debe a todas las comunidades en igual situación.
Nos preocupa también el momento. A días de que nuestra comunidad elija nuevas autoridades, una decisión que compromete el perfil del Instituto por muchos años se toma al final de una gestión, sin consulta y por canales informales. No discutimos la buena fe de nadie; discutimos la forma. Y nos llama la atención que el tema esté casi ausente de esta elección: quienes aspiramos a conducir el Instituto debemos decir qué haremos frente a él. Si la comunidad nos acompaña, nos comprometemos a:
- exigir el encuadre normativo de cualquier medida que afecte nuestras carreras, incluidas las normas provinciales de adhesión, y no ejecutar decisiones comunicadas informalmente;
- convocar a docentes, estudiantes y egresados antes de cualquier definición, y hacer pública la información que recibamos;
- exigir garantías por escrito para las cohortes en curso y para la estabilidad laboral de docentes titulares e interinos, conforme a la legislación vigente (leyes 3896-E y 4030-E);
- si hay rediseño, reclamar una consulta abierta como la de 2014-2016, que incluya a los institutos y a los gremios docentes, hasta ahora llamativamente ausentes, y que el trayecto para el nivel superior esté aprobado antes de dejar de inscribir.
Hace seis años, uno de nosotros escribía en este mismo diario que nuestros institutos estaban «desvanecidos en el discurso público». Lo que hoy está en juego es que, además, se desvanezcan de los hechos, carrera por carrera, sin que nadie lo haya decidido de frente. No queremos que eso pase en silencio. Por eso escribimos.
LISTA 2 – ELECCIÓN DE RECTORES 2026, IES SAN FERNANDO REY
PABLO F. GARRIDO
DNI 31.372.447
MARINA I. GUASTI
DNI 28.602.069
M. EUGENIA BORDÓN
DNI 25.835.435
SILVIA M. BOILLAT
DNI 12.816.702
RESISTENCIA
