La disputa por el financiamiento de las universidades públicas volverá a ocupar las calles este jueves. La comunidad académica de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), junto con los gremios docentes y nodocentes, convocó a la quinta Marcha Federal para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazar el ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional.
En Tandil, la concentración comenzará a las 17 en la esquina de Rodríguez y Garibaldi. Desde allí, la movilización avanzará por Rodríguez hasta Belgrano y finalizará frente al Rectorado de la Universidad, donde se leerá un documento institucional. También habrá manifestaciones en las sedes de Azul, Olavarría y Quequén, en una jornada que tendrá réplicas en distintos puntos del país.
La convocatoria se produce en medio de una disputa por los recursos que necesita el sistema universitario para sostener sus actividades. Según los datos expuestos por los presentes, mientras el Gobierno nacional proyecta destinar entre 7 y 8 billones de pesos a las universidades públicas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estima que se requieren 11 billones.
La diferencia entre ambas proyecciones constituye uno de los principales argumentos del reclamo. Desde la Universidad advierten que un presupuesto por debajo de las necesidades del sistema compromete no solo el desarrollo de las actividades académicas, sino también la investigación científica, la producción tecnológica y las condiciones laborales de quienes sostienen las instituciones.
A UNIVERSIDAD NO PUEDE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD
El rector de la UNICEN, Marcelo Aba, formalizó la convocatoria y planteó que la defensa de la universidad pública excede a sus integrantes. La definió como una causa que involucra al conjunto de la sociedad por su papel en la formación profesional, la producción de conocimiento y la inclusión social.
Aba puso el foco en las consecuencias concretas de las restricciones presupuestarias: el deterioro salarial, las dificultades para afrontar los gastos cotidianos y las limitaciones que afectan las tareas científicas y tecnológicas.
El rector también señaló que la institución viene realizando ajustes internos para sostener su funcionamiento, aunque advirtió que esa estrategia tiene un límite. La continuidad de las actividades, según planteó, no puede garantizarse indefinidamente si los recursos disponibles resultan insuficientes.
Otro de los puntos centrales es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Aba reclamó que la normativa sea incorporada al tratamiento del Presupuesto Nacional y cuestionó que, pese a las instancias judiciales, persistan los incumplimientos denunciados por el sector.
El conflicto, por lo tanto, no se limita a la discusión sobre cuánto dinero se asignará a las universidades. También involucra la aplicación de una ley vigente y la capacidad de las instituciones para planificar sus actividades en un contexto de incertidumbre presupuestaria.
LOS FONDOS PREVISTOS Y LOS RECLAMADOS
El debate por las partidas presupuestarias fue uno de los ejes planteados por Diego Jongewaard de Boer, secretario general de ATUNCPBA. De acuerdo con las cifras que presentó, los montos proyectados por el Ejecutivo nacional se ubican entre los 7 y los 8 billones de pesos, frente a los 11 billones estimados por el CIN.
La diferencia abre un interrogante sobre la capacidad de las universidades para afrontar sus obligaciones y sostener sus funciones si finalmente se aprueba una asignación inferior a la que consideran necesaria.
Para los representantes universitarios, el financiamiento no es una variable aislada: de él dependen los salarios, el funcionamiento de las facultades, el desarrollo de proyectos de investigación y la continuidad de actividades que vinculan a las universidades con sus comunidades.
Jongewaard de Boer advirtió sobre los riesgos que, a su entender, implicaría la aprobación de los montos previstos por el Gobierno. También sostuvo que el reclamo debe articularse con otros sectores afectados por las políticas económicas, como los jubilados y los trabajadores de la producción y los servicios.
La convocatoria busca así ampliar la discusión más allá del ámbito académico y vincular el futuro de las universidades con el debate general sobre el empleo, los ingresos y el papel del Estado.
Los gremios advierten que el conflicto excede a la comunidad universitaria
Marcelo Stipcich, secretario adjunto de ADUNCE, coincidió en que la situación de las universidades interpela a toda la sociedad. El dirigente cuestionó la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y señaló la existencia de pronunciamientos judiciales que, según indicó, exigen su cumplimiento.
Su planteo apunta a una dimensión central del conflicto: la distancia entre las normas aprobadas y los recursos que efectivamente llegan a las instituciones para sostener sus actividades.
El deterioro de los ingresos del personal y las dificultades para mantener el funcionamiento cotidiano también forman parte de las preocupaciones expresadas por los gremios. En ese escenario, la marcha funcionará como una instancia de presión pública para reclamar respuestas del Gobierno nacional y una definición presupuestaria que contemple las necesidades del sistema.
LA MARCHA EN TANDIL
La concentración está prevista para este jueves a las 17 en Rodríguez y Garibaldi. La columna recorrerá Rodríguez hasta Belgrano y finalizará frente al Rectorado de la UNICEN, donde se dará lectura a un documento institucional.
En paralelo, habrá movilizaciones en Azul, Olavarría y Quequén, además de las convocatorias previstas en otras ciudades del país.
Los organizadores invitaron a estudiantes, docentes, nodocentes, graduados y vecinos a sumarse de manera pacífica. El objetivo es expresar el rechazo al ajuste presupuestario y reclamar el cumplimiento de la ley, en una disputa que vuelve a poner en primer plano el financiamiento de la educación superior pública.
Con la movilización, la comunidad universitaria buscará trasladar a las calles una discusión que se juega también en el terreno legislativo y presupuestario: cuánto se destina a las universidades, si esos recursos alcanzan para sostener su funcionamiento y qué lugar ocupará la educación pública en las prioridades del Estado nacional.
