El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) ratificó su rechazo a la derogación de la Ley de Tierras Rurales mediante la Resolución Nº 576/2026. La decisión busca sostener herramientas legales vinculadas con la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el ordenamiento territorial argentino.
La postura retoma una definición adoptada el 5 de agosto y cuestiona la eliminación de la Ley 26.737, dispuesta por el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023. Además, el organismo resolvió remitir el documento a la Cámara de Diputados de la Nación.
En este contexto, las autoridades ambientales plantearon la necesidad de analizar cómo la titularidad de los terrenos rurales puede influir en la conservación de ecosistemas, el uso de los recursos estratégicos y la planificación de las actividades productivas.
Un informe para identificar tierras de valor ambiental
Durante la reunión, el COFEMA acordó encomendar a sus comisiones de asesoramiento legislativo ambiental la elaboración de un informe técnico sobre la relación entre el régimen de propiedad rural y la protección de bienes naturales estratégicos.
El trabajo deberá incorporar criterios federales para identificar territorios de especial importancia ambiental y evaluar herramientas para su resguardo. Asimismo, se prevé convocar a organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la defensa del ambiente.
De esta manera, la iniciativa busca integrar las distintas realidades provinciales en una discusión que abarca bosques nativos, fuentes de agua, biodiversidad y otros recursos fundamentales para el equilibrio ecológico.
Misiones defiende el ordenamiento territorial
Misiones acompañó la resolución y ratificó su postura favorable a mantener instrumentos legales que permitan compatibilizar el desarrollo económico con la conservación ambiental.
La provincia considera especialmente relevante esta discusión por las características de sus territorios fronterizos, donde la tenencia de tierras se relaciona con la planificación urbana, las actividades productivas y el manejo de recursos naturales.
Por otra parte, el planteo pone el foco en la necesidad de anticipar los efectos de las decisiones sobre la propiedad rural, especialmente en regiones donde los ecosistemas requieren medidas de protección y planificación a largo plazo.
Qué se debate sobre la Ley de Tierras
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. Su derogación mediante el DNU 70/2023 generó cuestionamientos políticos, judiciales y ambientales, por sus posibles consecuencias sobre el control territorial y los recursos estratégicos.
El escenario judicial tuvo nuevos cambios en octubre de 2026: la Corte Suprema suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 en una causa vinculada con un reclamo ambiental. Sin embargo, la discusión sobre su validez constitucional todavía no quedó resuelta definitivamente.
En este marco, la resolución del COFEMA traslada al Congreso la preocupación de las autoridades ambientales y refuerza el debate sobre cómo equilibrar la propiedad, la inversión y la producción con la protección de los ecosistemas y el interés público.
