Tragedia del fentanilo: un pedido de nulidad que pone en debate la prueba clave que «salpica» a Gral Rodríguez

La defensa del empresario Ariel García Furfaro presentó un duro recurso para impugnar la pericia de la ANMAT que sostiene la acusación por 90 muertes por fentanilo adulterado. El embate judicial reaviva la atención sobre el entramado en General Rodríguez, municipio donde el imputado proyecta loteos desde prisión, donde la Justicia sospecha que se ocultó el cargamento faltante en galpones del Acceso Oeste y donde la Provincia acaba de disponer el descarte masivo de medicamentos en el Hospital Vicente López, entre muchos otros nosocomios 

El expediente judicial por la mayor tragedia sanitaria del país sumó un capítulo decisivo tras la presentación efectuada por el abogado defensor Gastón Marano, representante del propietario de los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, Ariel García Furfaro. La defensa solicitó ante el juez federal N° 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, la nulidad absoluta del ensayo de esterilidad plasmado en un informe de 991 páginas elaborado de forma conjunta por la ANMAT, el INAME y el laboratorio privado Gobbi Novag S.A..

Esta pericia es considerada la «piedra basal» de la causa. A través de ella, el juzgado vinculó el hallazgo de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica en las muestras de museo de las partidas 31202 y 31244 con la presencia de esos mismos gérmenes en los organismos de las víctimas fatales. Sobre esta evidencia científica descansa el procesamiento de García Furfaro como coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales, acusación que en mayo de 2026 se amplió a al menos 90 muertes confirmadas y 44 pacientes con secuelas graves o gravísimas.

Sin embargo, el planteo defensista cuestiona severamente la validez del procedimiento apelando al artículo 258 del Código Procesal Penal de la Nación, argumentando que no se notificó a las defensas ni se permitió la participación de peritos de parte. Además, la impugnación objeta que el análisis técnico haya sido delegado en Gobbi Novag S.A., una empresa competidora en el mercado farmacéutico, supervisada por funcionarias del INAME y la ANMAT (Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó) que posteriormente resultaron procesadas en el mismo expediente por presunta connivencia regulatoria.

Entre las irregularidades metodológicas expuestas por un informe pericial de parte del bioquímico Pablo César Ramírez, se destacan:

-Contaminación ambiental: Los propios controles de Gobbi Novag registraron presencia microbiológica en 15 áreas del ensayo, incluidas la mesada de flujo laminar y los guantes del operador.
-Fallas de equipos e insumos: La unidad de aire microbiológico UMA11 no contaba con dictamen de calibración, el personal carecía de capacitaciones formales y las muestras se transportaron en cajas reutilizadas pertenecientes a un laboratorio (Bioartis) que comercializa cepas de Klebsiella pneumoniae.
-Ruptura de la cadena de custodia: Se denunció la ausencia total de planillas o actas que registren la trazabilidad, fecha, hora e identificación del material analizado.

Frente a este recurso, voceros de las querellas señalaron que la impugnación resulta irrelevante para tumbar la imputación. Según explicaron, existe una «triple coincidencia» genética independiente establecida por el Instituto Malbrán entre las muestras del Hospital Italiano de La Plata, las ampollas secuestradas y las de museo. No obstante, la defensa insiste en declarar nula la pericia y exige repetir los análisis bajo la órbita de universidades públicas nacionales.

La sombra del fentanilo oculto desde Gral Rodríguez

Mientras la batalla legal se libra en los tribunales federales, las derivaciones del caso continúan rozando al partido de General Rodríguez. A pesar de permanecer alojado en el pabellón 6 del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz por la fabricación del fármaco contaminado, García Furfaro mantiene una fluida actividad comercial. Desde su celda coordina reuniones habituales con su entorno para supervisar la firma Cables Epuyén SRL y encabezar diversos emprendimientos inmobiliarios y desarrollos de loteos dentro de General Rodríguez.

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Pero el nexo del municipio con la causa va más allá del terreno comercial. La Justicia Federal y la agencia norteamericana DEA investigan a General Rodríguez como el punto geográfico clave en la misteriosa desaparición de más de cinco kilos de fentanilo puro. Dichas sustancias (constatadas por la Sedronar en las plantas de San Isidro y Ramallo previo a los allanamientos) se esfumaron antes de los procedimientos de mayo de 2025.

Declaraciones testimoniales incorporadas al expediente por fiscales de la PROCUNAR apuntan a que pallets con ampollas de fentanilo habrían sido trasladados en camionetas particulares y camiones de la firma alimenticia «Tres Arroyos» hacia los galpones de Cables Epuyén SRL, situados en el kilómetro 46 del Acceso Oeste en General Rodríguez. La hipótesis judicial sostiene que el lote perdido fue acoplado en ese predio fabril para su posterior desvío y comercialización en el mercado negro del narcotráfico internacional.

Una decisión provincial de «descarte» 

La repercusión de la tragedia sanitaria en las instituciones públicas del distrito sumó un hecho relevante tras la publicación de la Resolución N° 7414-MSALGP-2026 de la cartera de Salud bonaerense, conducida por el ministro Nicolás Kreplak. La normativa dispuso la baja definitiva, retiro y descarte total de más de 4,4 millones de unidades de medicamentos pertenecientes a HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo distribuida en 98 centros de salud.

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Dentro del listado oficial confeccionado por la Dirección Provincial de Política de Medicamentos se encuentra formalmente incluido el Hospital Interzonal General de Agudos «Vicente López y Planes» de General Rodríguez. La institución local debe someter a destrucción no solo anestésicos u opioides, sino todo el stock remanente de antibióticos, corticoides, analgésicos y soluciones inyectables de ambas firmas. Las tareas de eliminación se llevan a cabo mediante protocolos de residuos patogénicos y especiales (Leyes N° 11.347 y N° 11.720) para evitar cualquier riesgo de contaminación ambiental o sanitaria.

Esta medida se suma a las acciones preventivas que ya se habían registrado en la zona. Meses atrás, el director del Hospital Nacional «Dr. Baldomero Sommer», Dr. Germán Lizziero, había llevado tranquilidad a la comunidad rodriguense al aclarar que, si bien la institución retiró de sus farmacias los fármacos elaborados por los laboratorios implicados por disposición del Ministerio de Salud, el nosocomio nunca llegó a recibir ni aplicar los lotes contaminados de fentanilo.

Fuente: Infobae 

Redacción

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