Una investigación que se extendió durante más de cinco años terminó con la caída de una presunta organización de falsos médicos que operaba desde Florencio Varela, atendía pacientes dentro de ambulancias y habría utilizado matrículas de profesionales reales para aparentar que sus prestaciones eran legales. El operativo dejó nueve detenidos y otras 20 personas aprehendidas.
La causa permitió reconstruir una estructura que, según los investigadores, había conseguido contratos para brindar traslados y emergencias a obras sociales como PAMI, IOMA y OSUTHGRA. Sin embargo, parte de esos servicios habría quedado en manos de choferes y acompañantes que no tenían títulos ni habilitación para ejercer medicina o enfermería.
La maniobra salió a la luz tras 38 allanamientos simultáneos realizados en Florencio Varela, Avellaneda, La Plata, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires. Los procedimientos fueron llevados adelante por la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado y quedaron bajo la órbita de la UFI N°1, a cargo del fiscal Darío Provisionato.
Médicos sin título y suturas indicadas por teléfono
Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores apareció en las escuchas telefónicas. Durante la causa fueron intervenidas 13 líneas y se reunieron más de 30.000 horas de comunicaciones, que permitieron reconstruir cómo funcionaba internamente la organización.
En algunos audios, coordinadores daban instrucciones en tiempo real a personas sin preparación médica para que suturasen heridas abiertas dentro de las ambulancias. Les explicaban por teléfono cómo introducir la aguja y realizar los nudos, sin las condiciones adecuadas de asepsia ni anestesia. Según la investigación, el objetivo era evitar perder la prestación que estaba siendo facturada.
Los supuestos falsos médicos cumplían turnos de 12 y 24 horas, utilizaban ambo y llevaban instrumental quirúrgico para aparentar profesionalismo. La Justicia también sospecha que había médicos matriculados que prestaban sus nombres, matrículas y sellos a cambio de dinero, lo que permitía confeccionar historias clínicas, validar diagnósticos y firmar recetas.
La empresa investigada operaba bajo la firma Serca Omni Salud S.A. y contaba con ambulancias privadas que, de acuerdo con la causa, funcionaban con ploteos falsos y sin el equipamiento de reanimación obligatorio.
Durante los allanamientos fueron secuestradas siete ambulancias, además de 22 sellos profesionales, 65 sellos pertenecientes a instituciones sanitarias, 19 estetoscopios, tensiómetros, oxímetros, medicamentos, instrumental quirúrgico y uniformes con inscripciones del SAME y de empresas de emergencias.
Matrículas ajenas, prestaciones falsas y una trama financiera
La investigación no quedó limitada al ejercicio ilegal de la medicina. Los fiscales sospechan que detrás existía además un esquema para facturar prestaciones que nunca se realizaban o que eran cobradas como servicios médicos de alta complejidad pese a haber sido efectuadas por personal sin capacitación.
La estructura habría estado liderada por una pareja de nacionalidades peruana y argentina. A través de la empresa de asistencia médica consiguieron contratos con obras sociales y mutuales, mientras otras sociedades y estudios contables habrían colaborado para confeccionar facturas apócrifas y aplicar sobreprecios.
Los investigadores también siguen una hipótesis de lavado de activos. Una vez recibido el dinero, parte de los fondos habría sido canalizada mediante sociedades pantalla, contratos simulados y balances adulterados para volver a introducirlo dentro del circuito comercial formal.
En los procedimientos se encontraron además $5.780.200 y US$19.368 en efectivo, junto con 57 teléfonos celulares, cinco notebooks, computadoras y discos rígidos que ahora serán peritados. También aparecieron recetarios de PAMI, formularios médicos en blanco y documentación vinculada con distintas prestaciones.
Incluso fueron halladas puertas y piezas de un vehículo cuyo dominio tenía pedido de secuestro por un robo automotor denunciado en Lomas de Zamora.
Con los nueve principales sospechosos detenidos y otras 20 personas aprehendidas, la Justicia intenta ahora determinar cuántos pacientes fueron atendidos por personas sin formación, cuántas prestaciones se facturaron de manera irregular y qué responsabilidad tuvieron los profesionales que habrían facilitado sus matrículas.
