El secuestro de un hombre con presuntos vínculos con el narcotráfico en Pedro Juan Caballero, Paraguay, dejó al descubierto nuevos elementos que complican la investigación: la víctima fue identificada con un nombre distinto al difundido inicialmente, poseía doble documentación —paraguaya y brasileña— y en la vivienda atacada había un testigo clave que permaneció junto a un menor durante la irrupción armada.
El operativo, ejecutado en menos de tres minutos por un grupo de aproximadamente 10 hombres con indumentaria táctica negra y armamento de alto poder, ocurrió cerca de las 4:00 de la madrugada del lunes en una residencia del barrio Obrero, sobre las calles Valois Rivarola y Choferes del Chaco.
Los atacantes ingresaron por el estacionamiento, redujeron al ocupante principal y lo sacaron descalzo, en ropa interior y con las manos atadas a la espalda.
El hombre sustraído fue identificado como Marcelo Juan Ortiz Narvaja, de 26 años, y no como Marcelo Juan Ortiz Moura, según precisó el fiscal Emilio Álvarez en declaraciones recogidas por ABC Color. El representante del Ministerio Público confirmó que Ortiz Narvaja posee documentos tanto paraguayos como brasileños, un dato que amplía el alcance de las pesquisas a ambos lados de la frontera.
“Efectivamente me comunicaron eso a las 4:30, un hecho de homicidio doloso y también fue raptada una persona de nacionalidad paraguaya y también cuenta con documento del vecino país”, declaró Álvarez sobre la primera notificación que recibió del caso.
Sobre los antecedentes del secuestrado, el fiscal añadió: “Según las informaciones preliminares, el señor Marcelo cuenta con problemas en el vecino país por narcotráfico, pero esa información está por confirmar de forma oficial”.
La falta de una confirmación definitiva mantiene abierta la línea de investigación, aunque los indicios apuntan hacia un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales.
Una brasileña de 28 años fue ejecutada cuando intentó frenar a los atacantes
La víctima fue Carolina Benítez Arce, de 28 años y nacionalidad brasileña, pareja de Ortiz Narvaja. Los investigadores presumen que los agresores ingresaron con la intención de llevarse al hombre, pero la situación derivó en la ejecución de la mujer en el exterior de la vivienda, sobre la vereda.
Las cámaras de seguridad del inmueble registraron el momento en que al menos seis hombres armados con fusiles entraron a la casa. Cerca de dos minutos después, sacaron a Ortiz Narvaja y lo subieron a una camioneta Toyota Fortuner gris.
El grupo se desplazaba en dos vehículos de ese modelo, uno gris y otro blanco, según la Policía Nacional.
Uno de los datos que emergió en las horas posteriores al hecho fue la presencia de Johannes Mateus Rodrigues Martínez, identificado como secretario de Ortiz Narvaja, quien se encontraba en el acceso principal de la vivienda junto a una criatura al momento de la irrupción.
Rodrigues Martínez fue trasladado a la sede fiscal para prestar declaración como testigo, lo que lo convierte en una pieza central para reconstruir la secuencia del ataque.
En el lugar, los especialistas en criminalística levantaron evidencia balística que confirma el uso de armamento de guerra. El fiscal Álvarez detalló que se encontraron cuatro cartuchos percutidos de calibre 7.62 y dos sin percutir de calibre 5.56, ambos calibres utilizados en fusiles de asalto.
Dentro del inmueble también se incautaron cargadores, documentación vinculada con armas, teléfonos celulares y el sistema de circuito cerrado de vigilancia para su análisis judicial.
Transcurridas varias horas desde el secuestro, ningún grupo se comunicó para exigir dinero a cambio de la liberación de Ortiz Narvaja.
El fiscal calificó esta circunstancia como “muy llamativa” y señaló que hasta la fecha no hubo “ni un pedido de rescate, ni pedido de dinero en relación a esta persona que fue raptada”.
El silencio de los captores alimenta la sospecha de que el operativo no fue un secuestro extorsivo, sino una acción vinculada con disputas del crimen organizado.
Para avanzar en la causa, la Fiscalía paraguaya solicitó formalmente la asistencia de la Policía Civil de Brasil con el objetivo de cruzar información sobre los antecedentes de Ortiz Narvaja y descartar hipótesis sobre el trasfondo del hecho. La coordinación binacional resulta determinante en una zona donde Pedro Juan Caballero y Ponta Porã, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, están separadas por apenas una avenida.
Esa franja fronteriza es considerada un corredor estratégico para el traslado de marihuana y cocaína hacia Brasil y otros mercados. Allí operan organizaciones como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), además de estructuras locales.
Las autoridades analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona para trazar la ruta de escape de los vehículos e identificar a los autores.
