El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, endureció su postura frente al conflicto con los metrodelegados y reclamó el cumplimiento de los servicios mínimos obligatorios ante la paralización total de la red de subtes y Premetro.
En ese marco, la Justicia ordenó detenciones vinculadas con los incidentes registrados en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B, mientras la administración porteña avanzó con medidas para garantizar la movilidad de los pasajeros.
El episodio se desencadenó cuando Sebastián Carrizo, empleado de Emova y delegado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, abrió una puerta de emergencia para permitir el ingreso de usuarios sin abonar el pasaje. La medida formó parte de una protesta gremial motivada por la sanción aplicada a otro trabajador.
Tras la denuncia, la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, dispuso la detención de Carrizo por presunta desobediencia. Sin embargo, cuando los efectivos policiales intentaron concretar el procedimiento, intervinieron los dirigentes Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, quienes, según la información oficial, entorpecieron la actuación policial al descender junto al imputado hacia la zona de andenes.
En medio de los incidentes, Carrizo se atrincheró en una oficina, mientras Dellecarbonara y Heredia fueron detenidos y trasladados al Centro de Admisión y Derivación Norte, en Chacarita. Posteriormente, fueron llevados a una dependencia de la Fiscalía para la evaluación de sus antecedentes. Entre los dirigentes alcanzados por las actuaciones también se encuentra Néstor Segovia, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, señalado por una presunta agresión a la Policía.
Macri: “Lo que la Justicia ordena se cumple”
Frente a la escalada del conflicto, Jorge Macri defendió la intervención judicial y reafirmó la decisión de su administración de garantizar el funcionamiento del transporte público. El jefe de Gobierno cuestionó las medidas de fuerza que afectan a los pasajeros y sostuvo que la declaración de esencialidad del servicio obliga a respetar las disposiciones vigentes.
“Metrodelegados presos por parar el subte. En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”, expresó el mandatario porteño.
En la misma línea, advirtió: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”.
Macri cerró su mensaje con una consigna que sintetiza la posición de su gestión frente a la disputa sindical: “Ley y orden”.
La postura del Gobierno porteño se apoya en la declaración de esencialidad del servicio de subterráneos, dispuesta en junio pasado, y en la necesidad de evitar que las diferencias entre la empresa y los trabajadores terminen trasladando sus consecuencias a los usuarios. La administración sostiene que el carácter esencial del transporte exige compatibilizar el derecho a la protesta con la obligación de mantener una prestación mínima.
Intimación para garantizar el 50 por ciento del servicio
En paralelo a las actuaciones judiciales, la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad dictó la Resolución 1201/SECTE/26, mediante la cual intimó a garantizar los servicios mínimos obligatorios en la red de subte y Premetro, conforme al Decreto N.º 230/26.
La disposición establece una cobertura mínima del 50 por ciento en cada línea y exige que las partes adopten e informen de manera inmediata las medidas necesarias para cumplir con esa obligación.
Con esta decisión, el Ejecutivo porteño busca establecer un piso de funcionamiento que permita reducir el impacto de las medidas gremiales sobre quienes utilizan diariamente el transporte para trasladarse a sus empleos, instituciones educativas y otras actividades.
El conflicto vuelve a poner en el centro de la discusión la relación entre la protesta sindical y la continuidad de los servicios públicos esenciales. Mientras los metrodelegados mantienen su reclamo, la administración de Jorge Macri sostiene que las medidas de fuerza deben desarrollarse dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.
La resolución administrativa y las actuaciones judiciales marcan así dos frentes de intervención: por un lado, la investigación de los hechos ocurridos en la estación Juan Manuel de Rosas y, por otro, la exigencia de asegurar una prestación mínima en toda la red. Para el Gobierno porteño, el objetivo declarado es evitar que la disputa gremial paralice un servicio del que dependen millones de pasajeros.
