Medio centenar de empresas relacionadas con la actividad de los cruceros en Barcelona han dicho basta. El incremento de las tasas a los cruceristas de escala –que pasa de 5 a 12 euros para llegar a los 24 en 2030– ha sido la gota que ha colmado el vaso. El sector ha canalizado su inquietud con un manifiesto con el que reivindica su peso económico y su papel en el debate sobre el modelo turístico de la ciudad y rechaza una fiscalidad que considera desproporcionada.
“El debate sobre el turismo en Barcelona se ha intensificado y genera preocupación entre las empresas”, insistió ayer Raquel López, de Intercruise Shoreside & Port Servies, una de las cuatro representantes del sector que dieron voz al Manifiesto a favor de una Barcelona abierta al mar y al mundo . Plantean el acto de ayer como punto de partida de una alianza entre empresas consignatarias, de servicios portuarios, transporte, limpieza, guías turísticos o agentes marítimos y sus impulsores esperan que durante las próximas semanas más entidades se sumen a sus peticiones.
Las compañías mantienen que la fiscalidad es desproporcionada y discriminatoria
El documento revindica que las decisiones que tome el Ayuntamiento de Barcelona se sustenten en datos objetivos y evaluaciones transparentes y reclama más cooperación entre las administraciones públicas, la Autoridad Portuaria de Barcelona, las empresas, los empleados y la sociedad civil. El manifiesto reclama una visión integral del turismo y apartar los cruceros de la diana del actual gobierno municipal. Que se cuente con su experiencia en lugar de demonizarla.
“No queremos instalarnos en la denuncia y la protesta, sino posicionarnos como parte activa de la gestión del turismo aportar soluciones y que no seamos los únicos perjudicados”, dijo Irina Solomatina , de BC Cruise Servies. Mantienen que las empresas firmantes forman parte de una amplia cadena de valor local, “que genera más de 9.000 puestos de trabajo vinculados a la actividad crucerista”, añadió Laia Servent, de Noatum Maritime Cruise Services.
El caballo de batalla es una fiscalidad que además de se considerada desproporcionada, según mantiene el manifiesto, “discrimina a una modalidad concreta de turismo frente al resto”. Los promotores de la protesta rechazan que se utilice esta fiscalidad “para reducir progresivamente la actividad de cruceros en Barcelona”. Las empresas reclaman más seguridad jurídica y previsión para una actividad que se planifica a años vista y si bien reconocen que por ahora las políticas municipales no han tenido repercusión en la programación, la competitividad de Barcelona y la actividad crucerística, “sí que puede verse comprometida su actividad futura”.
La respuesta del Ayuntamiento no se ha hecho esperar, el comisionado para la Gestión del Turismo Sostenible, José Antonio Donaire, negó ayer la mayor: “Nosotros tenemos conversaciones con el sector y con los sectores implicados continuamente, pero queremos ser muy claros en el mensaje: Barcelona opta por un modelo crucerístico basado en el puerto base, no en el puerto de escala”.
Donaire mantiene que el Ayuntamiento está abierto al diálogo pero que “nuestra política es manifiesta y compartida por otros grupos políticos y la ciudad ha tomado la decisión de buscar mecanismos para intentar reducir al máximo el número de cruceristas de escala y mantener los de puerto base”.
