En un giro inesperado y pese a las presiones de Estados Unidos, el Gobierno aceptaría las exigencias y modificaciones impulsadas por los aliados al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido también como Ley Malvinas, para conseguir los votos y aprobarlo en el recinto.
Al menos eso se desprende de la reunión que este viernes mantuvieron el asesor estrella Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, con la diputada Silvina Giudici y el secretario parlamentario, Adrián Pagán, hombre cercano a Martín Menem, presidente de la Cámara baja.
El encuentro fue informado este sábado por el vocero presidencial Adrián Ravier, quien a través de su cuenta en X confirmó que se recibieron los aportes presentados por los diputados del PRO, del MID e incluso del peronismo. No mencionó a la UCR, aunque Clarín pudo averiguar que también hubo sugerencias de la mendocina Pamela Verasay y de los provinciales.
«Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta Ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos«, destacó Ravier en sintonía con lo manifestado por el presidente Javier Milei, quien en la reunión de la Fundación Faro transmitió que las islas van a volver a ser argentinas.
Lo cierto es que el proyecto Malvinas tensionó la interna del Gobierno y alteró tanto a Caputo como al Presidente cuando este diario informó sobre las presiones de Estados Unidos para que la iniciativa no afecte a las empresas norteamericanas.
Incluso, en el Congreso circuló una versión que anticipaba una decisión de congelar la iniciativa ante la insistente preocupación del subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, sobre el impacto que tendría la norma en las inversiones norteamericanas.
La preocupación de Washington tiene que ver con las penalidades propuestas en el proyecto oficialista que alcanzan no sólo a las firmas que operan en Malvinas sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores de las empresas implicadas.
Los cambios que aceptaría el Gobierno para aprobar la Ley Malvinas
Pese a las presiones de Estados Unidos, el Gobierno está decidido a avanzar con la propuesta, cuyo tratamiento continuará la próxima semana en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. La idea de la Casa Rosada es alzarse con el dictamen de mayoría.
Para eso, Caputo habría aceptado todas las exigencias de los dialoguistas, aunque la redacción final se definirá en la reunión del martes. Y en este sentido hubo cambios que llamaron la atención como la incorporación del Ministerio de Seguridad al proyectado Consejo de Seguridad como miembro permanente. De esta manera se intenta que cada organismo tenga su rol claro y no haya superposiciones entre Fuerzas Armadas, seguridad interior y Consejo.
En el texto original, el Consejo sólo incluía al Presidente, al canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la SIDE y el secretario Legal y Técnico. En el Congreso, distintas fuentes parlamentarias vincularon la exclusión de la cartera de Seguridad, a las tensiones internas que existen entre un sector del Gobierno y Patricia Bullrich, ex titular del área.
Otro de los cambios que estaría dispuesto a aceptar el Gobierno es la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control del propuesto Consejo de Seguridad. En rigor, esta propuesta ya había sido planteada por Ibarzabal cuando los diputados reclamaron la participación del parlamento.
Sin embargo, uno de los puntos que aún no está claro cómo se definirá tiene que ver con las llamadas infraestructuras críticas. El Gobierno analiza redefinir el texto. En el original se hace referencia a aquellas instalaciones, redes, sistemas, servicios y activos, tanto públicos como privados, cuya interrupción o destrucción pueda afectar de manera significativa la seguridad, la defensa, la salud, la economía, los servicios esenciales o el funcionamiento del Estado.
La polémica tiene que ver con que los propietarios y operadores de infraestructuras alcanzadas por el régimen quedarían a cargo de las medidas de protección de esas infraestructuras, que obviamente deberán contar con el aval del Consejo de Seguridad. En principio se avanzaría con la definición de infraestructura crítica y las responsabilidades de las provincias.
Al parecer, según confiaron a este diario fuentes legislativas, el Gobierno también haría lugar a una sugerencia del diputado Eduardo Falcone del MID, quien reclamó que cualquier acción militar drástica, como el derribo de aviones o el hundimiento de buques hostiles, requiera obligatoriamente la autorización del Congreso y no quede en manos del Presidente o el ministro de Defensa.
Como parte de las modificaciones, la Casa Rosada también va a aceptar las modificaciones al artículo 111 que prevé penas que van de los 5 a los 15 años de prisión para quienes, actuando por cuenta, orden o financiamiento de un Estado o agente extranjero, realicen actividades que procuren «alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva».
En principio, se va a definir una figura penal más sólida, excluyendo explícitamente la actividad periodística, académica y el debate público. Hay que recordar que el artículo había sido cuestionado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) al alertar sobre la ambigüedad y amplitud de conceptos como «desinformación» o «manipular la opinión pública».
La intención del oficialismo es sacar dictamen de comisión el martes con la intención de incluirlo en la próxima sesión. En realidad, el Gobierno buscaba sumarlo al temario de la sesión pasada, pero las negociaciones se dilataron y no pudo ser tratado junto a emergencia en discapacidad y la Ley de Tierras.
