El juez federal Jorge Ernesto Rodríguez dictó la medida para cuatro integrantes de la presunta banda narco y ordenó embargos millonarios. La causa ya acumula 16 detenidos, con el reciente arresto en Perú del sindicado jefe de la organización.
Un giro decisivo se registró en las últimas horas en la investigación por los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. La Justicia Federal resolvió el procesamiento con prisión preventiva de cuatro personas acusadas de haber participado en la trama criminal, mientras que dispuso la liberación de una quinta imputada bajo la figura de falta de mérito.
La resolución lleva la firma del juez federal Jorge Ernesto Rodríguez y recayó sobre Ramiro Luis Mansur, Eugenia Magdalena del Valle Quispe Gallardo, Emilce Chieto y David Alberto Godoy, conocido con el alias de “Tomate”. A todos se les atribuye, de manera provisoria, la comisión de privación ilegal de la libertad coactiva agravada, homicidio agravado y tráfico de estupefacientes, con embargos fijados en mil millones de pesos para cada uno.
Según el fallo, los cuatro habrían formado parte de una estructura dedicada a la comercialización de drogas con ramificaciones en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma y otras jurisdicciones, con roles y jerarquías definidas.
En el centro de la investigación permanece el hecho ocurrido el 19 de septiembre del año pasado, cuando las tres jóvenes fueron persuadidas para abordar una Chevrolet Tracker en la zona de Ciudad Evita. El rodado las trasladó hasta un domicilio ubicado en la calle Chañar al 700, en Florencio Varela, donde habrían permanecido retenidas antes de ser ejecutadas. Los cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio de esa misma propiedad. La calificación legal provisional contempla tres homicidios agravados por el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género.
El magistrado detalló el supuesto rol de cada imputado. Godoy, de 44 años, quien ya estaba detenido por otra causa de robo a mano armada, aparece sindicado como el posible conductor de la camioneta que trasladó a las víctimas y como quien habría forzado a Morena Verdi a ingresar a la vivienda.
Mansur, ubicado en un escalón intermedio dentro de la organización, habría aportado apoyo logístico —vehículos y vestimenta— para facilitar la fuga de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y de David Gustavo Morales Huamaní, apodado “El Loco David”.
Quispe Gallardo, señalada como allegada a “Pequeño J”, es investigada por presuntas tareas de acopio y traslado de estupefacientes y por haber ofrecido su vivienda como refugio. Chieto, pareja de Jesús Bernabé Mallón, “El Tío”, también imputado, habría colaborado en la huida de Morales Huamaní.
La otra protagonista de la jornada judicial fue María Inés Olivera, de 70 años, madre de Godoy. El juez consideró que no existen elementos suficientes para procesarla ni tampoco para desvincularla de forma definitiva, por lo que le dictó la falta de mérito y ordenó su libertad inmediata, aunque continuará bajo investigación. La mujer había sido arrestada bajo la sospecha de haber prestado su identidad para habilitar líneas telefónicas, tarjetas SUBE y billeteras virtuales que habría utilizado Mansur.
Con esta última decisión, el expediente ya suma 16 personas detenidas. El último arresto se concretó el pasado 12 de octubre en Lima, Perú, donde fue capturado Luis Alan Valverde Rodríguez, alias “Papá”, tío de “Pequeño J” y considerado como el máximo responsable local de la organización. El juzgado había requerido su captura junto a la de otros integrantes del denominado clan Valverde, sindicado como una red de traficantes de origen peruano vinculada directamente a los crímenes.
La causa, que tramita en el fuero federal por su conexión con el narcotráfico, continúa con medidas pendientes y no se descartan nuevas detenciones.
