Cinco personas fueron imputadas en el marco de una investigación por una presunta estafa de más de un millón de dólares a una empresa gastronómica. El procedimiento, denominado Quimera de Oro, estuvo a cargo del Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por representantes de la empresa, quienes detectaron diferencias significativas entre las cantidades de mercadería facturadas y las efectivamente recibidas en sus establecimientos.
Las actuaciones se desarrollaron bajo la órbita de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 2.º Turno e incluyeron análisis de documentación, declaraciones, tareas de inteligencia y revisión de cámaras de videovigilancia.
Cómo funcionaba la presunta maniobra
Según informó el Ministerio del Interior, el principal investigado trabajaba como encargado de compras de la empresa y habría utilizado su cargo para solicitar mercadería a nombre de esta, distribuyendo los pedidos en distintas facturas.
Una parte de los productos llegaba a los establecimientos gastronómicos, mientras que otras partidas presuntamente eran retiradas directamente de los proveedores para su posterior comercialización en otros negocios. Sin embargo, la totalidad de las compras era facturada a la empresa denunciante.
La investigación permitió identificar a otras cuatro personas presuntamente vinculadas con la maniobra: el padre, un tío y la pareja del principal indagado, además de un exempleado de la firma.
Los investigadores también identificaron vehículos que habrían sido utilizados para trasladar la mercadería y reunieron elementos que vincularían productos facturados a la empresa con otros establecimientos comerciales.
En paralelo, se realizaron diligencias para determinar el recorrido del dinero y el destino de los beneficios económicos presuntamente obtenidos.
Siete allanamientos y cinco imputados
Como resultado de las actuaciones, la Policía realizó siete allanamientos en Montevideo y detuvo a las cinco personas investigadas.
Tras las audiencias ante el Juzgado Penal de Crimen Organizado de 2.º Turno, se dispuso la formalización de los cinco indagados por la presunta comisión de delitos de asociación para delinquir y un delito continuado de apropiación indebida.
Para uno de los imputados se estableció arresto domiciliario total con dispositivo de monitoreo electrónico.
Otros tres fueron formalizados por los mismos delitos en calidad de coautores. Dos de ellos deberán fijar domicilio, no podrán salir del país, tendrán retenidos sus documentos de viaje y no podrán comunicarse con los demás coimputados.
Para otro de los involucrados se dispuso arresto domiciliario nocturno, entre las 22:00 y las 6:00, además de la prohibición de comunicarse, acercarse o mantener contacto con los restantes imputados y el cierre de fronteras.
En el caso de la quinta persona, se establecieron medidas limitativas y el cese de la detención.
