La defensa de la libertad de expresión no depende únicamente de periodistas valientes ni de medios independientes. También requiere jueces capaces de resistir presiones políticas, aplicar estándares internacionales y proteger los derechos fundamentales, incluso cuando ello resulte impopular. Esa fue una de las principales conclusiones del panel “Entre la prensa y el poder: la justicia como garante de libertades”, celebrado durante la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Bogotá.
La conversación reunió a la magistrada Natalia Ángel Cabo, vicepresidenta de la Corte Constitucional de Colombia; a la jueza Nancy Hernández, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a la jurista y exrelatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero. La moderación estuvo a cargo de Ana Bejarano, abogada y codirectora de la organización de defensa de la libertad de expresión El Veinte.
Esta conversación tuvo lugar en un contexto de aumento de los ataques verbales contra periodistas, del uso de procesos judiciales para intimidar a los medios independientes y de los cuestionamientos crecientes contra los sistemas de justicia.
La CIDH y la protección a la prensa
La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández, recordó que, durante décadas, el sistema interamericano ha construido un cuerpo de jurisprudencia que hoy constituye una de las principales defensas jurídicas para el periodismo en las Américas. Entre los estándares, mencionó el acceso a la información pública, la protección reforzada de los discursos de interés público, la prohibición de la censura previa, el secreto profesional y la protección de las fuentes, así como la improcedencia de recurrir al derecho penal para castigar expresiones relacionadas con asuntos públicos.
También destacó la doctrina desarrollada por la Corte sobre la protección frente a discursos estigmatizantes provenientes de autoridades públicas, la investigación de ataques contra periodistas y la lucha contra la impunidad. “La jurisprudencia de la Corte ha tenido un impacto transversal en toda la región y se ha incorporado al derecho constitucional de nuestras democracias”, afirmó.
Jueces bajo presión
La magistrada Natalia Ángel señaló que los ataques contra la prensa y la justicia forman parte de un mismo fenómeno. “No solo la prensa está siendo atacada; los jueces también estamos siendo atacados y nuestras decisiones están siendo puestas en entredicho”, advirtió.
Ángel defendió el papel de la acción de tutela en Colombia como un mecanismo de protección de derechos fundamentales, pero alertó sobre su posible utilización para intentar silenciar voces críticas cuando se aparta de los estándares constitucionales de libertad de expresión.
Insistió en que los jueces deben reconocer la posición preferente de la libertad de expresión en una sociedad democrática, distinguir adecuadamente entre información y opinión y aplicar remedios proporcionales que limiten lo menos posible la circulación de contenidos de interés público. “Avanzar en derechos es dificilísimo, pero perderlos puede ser muy sencillo”, advirtió al referirse a los riesgos de retroceso democrático que observa en distintos países de la región.
El acoso judicial como censura
Catalina Botero sostuvo que una parte importante de las amenazas actuales contra la libertad de expresión ya no se ejerce mediante censura directa, sino a través del uso estratégico de procesos judiciales. Según explicó, gobiernos, funcionarios o actores poderosos utilizan demandas civiles, querellas por injuria y calumnia, investigaciones penales y figuras jurídicas ajenas al debate público para intimidar a periodistas y medios.
Botero citó ejemplos recientes en distintos países de la región donde investigaciones periodísticas de interés público dieron lugar a acusaciones por extorsión, lavado de dinero u otros delitos que, en su opinión, no buscan esclarecer hechos ilícitos sino castigar el ejercicio periodístico. “No hay nada más barato que demandar a un periodista. Defenderse es carísimo y dificilísimo”, afirmó.
Frente a ese escenario, defendió la necesidad de impulsar legislaciones conocidas como leyes anti-SLAPP, diseñadas para impedir que las demandas abusivas se utilicen para silenciar investigaciones periodísticas mediante el agotamiento financiero y emocional de periodistas y medios.
¿Qué protege mejor a la libertad de expresión?
Una de las preguntas que atravesó toda la conversación fue qué resulta más importante para preservar la libertad de prensa: contar con buenas leyes o con buenos jueces. “Prefiero buenos jueces, aunque tengamos malas leyes”, respondió Botero.
Para la jurista, un juez independiente, capacitado y con carácter puede aplicar los estándares internacionales para proteger el periodismo incluso en contextos legales adversos. Por el contrario, advirtió, las mejores normas pierden efectividad cuando quienes deben interpretarlas carecen de autonomía frente al poder político.
La exrelatora sostuvo que los jueces cumplen hoy una función determinante en la defensa de la democracia y de la libertad de expresión, especialmente frente a gobiernos que buscan ampliar sus facultades de control sobre la información.
Defensa de las instituciones democráticas
Aunque el debate se centró en la protección jurídica de la prensa, las panelistas coincidieron en que la libertad de expresión, la independencia judicial y la democracia forman parte de un mismo ecosistema. La erosión de cualquiera de esos elementos termina debilitando a los demás, por lo que se debe fortalecer simultáneamente a los medios, a los tribunales y a las instituciones encargadas de garantizar derechos fundamentales.
El panel concluyó que la defensa de la libertad de prensa no depende solamente de proteger a quienes informan, sino también de preservar la independencia de quienes están llamados a hacer respetar la ley cuando el poder intenta silenciarlos.
Los mensajes clave
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue siendo una de las principales garantías para la protección del periodismo en las Américas.
El acoso judicial se ha convertido en una de las formas más sofisticadas y efectivas de censura contra periodistas.
La independencia judicial enfrenta presiones similares a las que sufren los medios de comunicación.
Las leyes anti-SLAPP aparecen como una herramienta cada vez más importante para proteger investigaciones periodísticas de interés público.
Sin jueces autónomos, capacitados y con carácter, las garantías legales para la libertad de expresión pueden quedar vacías de contenido.
