Diario HOY | Camionero deberá reponer 33.400 kilos de soja

Cristhian Javier Rudas fue sentenciado a dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, con la obligación de devolver en cuatro tandas la carga de la que se apropió.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Rocío Celeste González, quien, durante el juicio, presentó documentos comerciales, registros de carga y testimonios que sustentaron la acusación por apropiación y la posterior condena.

El hecho ocurrió el 6 de julio de 2024, cuando Rudas fue contratado por la empresa de transporte TRANS. CARLOS para trasladar granos de soja desde un establecimiento de ADM Paraguay, en Santa Rita, hasta la ciudad de Villeta.

El chofer recibió 33.400 kilos del producto, cuyo valor fue estimado en aproximadamente 14.000 dólares.

Sin embargo, el 8 de julio de ese año, mediante controles entre las empresas involucradas en el envío y la recepción de la mercadería, se detectó que la carga había sido desviada y no llegó a su destino. Posteriormente, el 28 de julio, la Policía localizó e incautó el tractocamión utilizado para el traslado en el barrio Acaray de Ciudad del Este.

El diputado Alejandro Aguilera desmintió un supuesto quiebre financiero y apuntó directamente contra actores políticos de la oposición y corporaciones mediáticas. Según resaltó, detrás de estas alarmas instaladas existen intereses económicos concretos vinculados a la pugna por el control y la colocación de los fondos del IPS y del Estado paraguayo.

“Uno ve que la situación financiera del Paraguay es buena. O sea, no es el mapa o el relato que están contando actores de la oposición o ciertos medios de comunicación que tienen intereses en el sistema financiero, en la colocación del dinero de IPS y del Estado paraguayo”, expresó a la Tribu 650 AM.

A Aguilera le preocupan los discursos alarmistas y remarcó que desde el oficialismo se recurre permanentemente a datos, estadísticas e informes técnicos oficiales para respaldar la estabilidad macroeconómica del país.

No obstante, advirtió que existe una campaña coordinada con una narrativa muy fuerte orientada a fabricar escenarios de zozobra.

“Nosotros siempre tratamos de hablar a través de informes oficiales, dando números y estadísticas correctos, pero evidentemente hay una narrativa muy fuerte que quiere crear el problema, que quiere generar una crisis que hoy no existe”, sentenció el diputado.

El titular del Ministerio Público dispuso la conformación de un equipo de agentes fiscales para investigar la presunta liberación de personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”.

Los fugados son Ever Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba, quienes el último domingo lograron escapar de la cárcel de máxima seguridad ubicada en la ciudad de Emboscada y permanecen con paradero desconocido.

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Los fiscales asignados para impulsar esta investigación son Fabiola Sosa, Mayra Palacios (ambas asignadas a unidades fiscales de Emboscada), Rubén Romero (de la unidad de Piribebuy) y Luis Said (de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado).

La dirección del equipo estará a cargo de la fiscal Sosa, mientras que la coordinación corresponderá a la fiscal adjunta Alma Zayas, responsable del Área VII de Cordillera.

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Los representantes de la Fiscalía podrán actuar de manera conjunta o separada, según las necesidades de la investigación, que actualmente prosigue con diversas diligencias y allanamientos para dilucidar lo ocurrido.

En el marco de esta investigación, fueron detenidos cuatro guardiacárceles, además del hasta hace poco director del penal de Emboscada, Pablo Abel González, y el jefe de seguridad, Aldo Agustín Galeano, junto con el exdirector de Inteligencia Penitenciaria, el subcomisario Derlis Cáreces.

La comitiva oficial, coordinada por la comisionada nacional Claudia Sanabria y acompañada por los técnicos Liz Díaz y Fernando Encina, recorrió las instalaciones el pasado lunes. Durante la jornada, el equipo entrevistó a la directora, al personal de enfermería, a las cuidadoras y a parte de las 74 personas adultas mayores que residen en el establecimiento, administrado por la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

A partir del incidente denunciado, que involucró la caída y posterior lesión de una residente, el MNP remarcó la urgente necesidad de contar con formación especializada para prevenir riesgos, actuar correctamente ante emergencias y comunicar oportunamente cualquier percance a los familiares o tutores.

“El MNP señala la necesidad de fortalecer la conducción profesional, capacitar al personal en cuidados especializados y prevención de malos tratos, e implementar protocolos de actuación que garanticen la protección de las personas residentes”, expresó el organismo en su reporte de intervención.

Asimismo, el MNP enfatizó la responsabilidad del ente rector, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS), a través de la Dirección de Adultos Mayores, para fiscalizar de manera periódica los hogares públicos y privados. El organismo recordó que el incumplimiento de los estándares de cuidado deriva en responsabilidades civiles y penales directas para las instituciones.

La intervención del MNP se desencadenó tras la denuncia pública y judicial realizada por Miguel Domínguez, un paraguayo residente en Suiza desde hace 22 años, quien retornó de sorpresa al país para visitar a su madre de la tercera edad, diagnosticada con alzhéimer e internada transitoriamente en el hogar San José.

Por la estadía y los cuidados de la mujer, la familia abonaba una cuota mensual de G. 6.500.000, que sumada a medicamentos y atención médica superaba los G. 9 millones. Sin embargo, al llegar de improviso al asilo, Domínguez se encontró con una escena alarmante.

“Llegué sin avisar y le vi a mi madre en una silla de ruedas, golpeada y atada. Durante cinco días no me respondieron el teléfono, ocultando lo que había pasado. Los demás abuelitos me decían con lágrimas: ‘Por fin alguien viene a rescatarla; si supiera las cosas malas que nos hacen, tenemos hambre’”, denunció el afectado en comunicación con el canal GEN.

Tras retirar a su madre del lugar, Domínguez la trasladó de urgencia al Hospital General de Luque, donde los médicos constataron un corte en la frente, un traumatismo facial con probable fisura ósea, un cuadro respiratorio severo cercano a la neumonía sin tratamiento y síntomas de Parkinson no registrados en el historial del asilo.

Según el denunciante, la encargada del recinto admitió finalmente que la anciana sufrió una caída mientras la bañaban y no le informaron por temor. El caso fue formalizado ante la Comisaría jurisdiccional y la Unidad N° 3 de la Fiscalía de Luque, a cargo de la agente fiscal Mirna Villalba. Adicionalmente, se remitió una nota a la sede central de la orden religiosa en España.

Actualmente, la mujer se encuentra fuera de peligro en su domicilio particular bajo el cuidado de profesionales.

El MNP anunció que elaborará un informe final con recomendaciones vinculantes para el hogar y los organismos rectores para garantizar la protección de la integridad física y la dignidad de los adultos mayores residentes.