Diario HOY | Robo de energía: ANDE detecta 47 medidores manipulados y retiró 402 conexiones

Los trabajos se extendieron durante una semana y movilizaron a 14 cuadrillas de funcionarios y empresas contratistas. Durante las intervenciones también se verificaron 373 suministros eléctricos y se detectaron 47 casos de manipulación fraudulenta de medidores.

Como parte del procedimiento, la institución regularizó otros 164 suministros mediante la instalación de medidores, con el objetivo de registrar correctamente el consumo de electricidad.

El operativo fue ejecutado a través de la División de Gestión Regional Centro y la Gerencia Comercial de la ANDE, como parte de las acciones para reducir las pérdidas no técnicas de energía eléctrica.

La institución advirtió que las conexiones clandestinas y la manipulación de medidores representan un riesgo para la seguridad de las instalaciones eléctricas y pueden afectar la calidad del servicio.

Por ese motivo, instó a los usuarios a regularizar sus conexiones y evitar las conexiones directas sin medición del consumo.

La Unidad de Emergencias Médicas de Adultos del Hospital Central emitió el primer reporte oficial sobre el estado de los afectados por el incidente químico, que se registró esta tarde en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

De acuerdo con el informe preliminar, el saldo total es de 11 personas perjudicadas, de las cuales seis fueron derivadas de urgencia al Hospital Central, cuatro ingresaron a la Clínica Yrendague y una permanece en el lugar del hecho a la espera de su traslado.

El reporte médico detalla que la gran mayoría de los pacientes se encuentran fuera de peligro y con signos estables. No obstante, las autoridades sanitarias precisaron que uno de los afectados presenta un cuadro de somnolencia, por lo que permanece bajo estricta observación médica para descartar complicaciones mayores derivadas de la inhalación de la sustancia tóxica.

Ante la magnitud del hecho y la toxicidad del compuesto, la Unidad de Emergencias del Hospital Central dispuso la habilitación inmediata de un área exclusiva de urgencias.

Esta medida preventiva se adoptó debido al fuerte olor a amoniaco que desprendían los pacientes y los equipos, con el objetivo primordial de resguardar la salud de los demás internados y del personal médico de la institución.

Las demandas fueron presentadas durante el foro “Más derechos, mejores cuidados. Realidades y desafíos desde las experiencias de mujeres trabajadoras del cuidado de la primera infancia”, realizado en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora cada 29 de octubre.

Los datos corresponden a una encuesta exploratoria realizada en 2025 por Plan International Paraguay y el Centro de Documentación y Estudios (CDE), que consultó a más de 300 mujeres de Guairá, Caaguazú, San Pedro, Central y Asunción.

El relevamiento también reveló que cuatro de cada diez trabajan más de ocho horas al día y tres de cada diez no tienen días de descanso. Además, el 20% reportó situaciones de violencia y acoso laboral, pero apenas el 7% presentó una denuncia, principalmente por temor a perder su empleo.

Ante este panorama, lideresas comunitarias, indígenas y sindicales reclamaron protección social, salarios dignos, condiciones laborales adecuadas y servicios de cuidado infantil accesibles y de calidad.

Durante el encuentro, las representantes de las organizaciones plantearon que el Estado debe impulsar políticas públicas que reconozcan el valor económico y social del trabajo de cuidados, además de garantizar los derechos de quienes lo realizan.

Desde la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) solicitaron la creación y el fortalecimiento de espacios de cuidado comunitarios e institucionales, así como oportunidades de capacitación, certificación de competencias y acceso a la seguridad social.

Por su parte, cuidadoras comunitarias de Mil Solidarios, del Bañado Sur de Asunción, reclamaron salarios dignos, cobertura médica y programas gratuitos y permanentes de capacitación. También pidieron mejoras en el acceso al agua potable, transporte e infraestructura comunitaria, además de respuestas ante inundaciones y situaciones de violencia.

Las trabajadoras domésticas, representadas por cuatro sindicatos, exigieron el cumplimiento de la Ley de Trabajo Doméstico y la igualdad salarial. Entre sus propuestas figura facilitar el acceso al IPS mediante aportes compartidos entre empleadores para quienes trabajan en varias casas, además de reforzar los controles laborales y prevenir la violencia y el acoso.

También solicitaron una campaña nacional para informar sobre sus derechos y mayor participación en las decisiones relacionadas con las políticas públicas de cuidado.

“El trabajo de cuidados permite que las niñas y los niños crezcan y se desarrollen, que las familias trabajen y que las comunidades progresen”, señaló Fátima Aliende, coordinadora del proyecto Más derechos, mejores cuidados de Plan International Paraguay.

A su vez, Clyde Soto, investigadora del CDE, sostuvo que el Estado debe responder a las demandas y avanzar hacia compromisos concretos en materia de derechos laborales y de cuidados.

Al cierre del foro, representantes de instituciones públicas se comprometieron a considerar las propuestas y mantener el diálogo con las organizaciones para impulsar acciones que mejoren las condiciones laborales de estas mujeres.

El cambio se produce luego de la evasión y de las irregularidades detectadas durante las inspecciones posteriores, que pusieron bajo la lupa los controles y las condiciones de reclusión dentro del establecimiento penitenciario.

Pereira tendrá el desafío de revisar los procedimientos de seguridad, fortalecer los controles y corregir las fallas que sean detectadas. Su designación se enmarca en los cambios impulsados por el Ministerio de Justicia para reforzar la administración de las cárceles.

La crisis se originó tras la fuga de Ever Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba, registrada durante la madrugada del domingo 25 de octubre. Ambos escaparon del módulo 7 del establecimiento penitenciario. Ozuna está procesado por asociación criminal y narcotráfico, mientras que Merlo enfrenta una causa por robo agravado.

Las requisas posteriores pusieron bajo la lupa las condiciones de reclusión en la planta alta del módulo 7, donde se detectaron espacios con condiciones diferenciadas para algunos internos. El caso generó interrogantes sobre los controles penitenciarios y las posibles responsabilidades de funcionarios en las irregularidades detectadas.

En el marco de la investigación, fueron detenidos el entonces director del penal, Pablo Abel González Apuril, y otros responsables de seguridad. También se investigan posibles irregularidades relacionadas con el funcionamiento interno del establecimiento.

A la crisis se sumó la renuncia irrevocable de Rubén Maciel Guerreño al Viceministerio de Política Criminal. El funcionario explicó que decidió apartarse después de conocer que su hermano, el abogado Rodney Maciel, ejerce la defensa de un interno alojado en la planta alta del módulo intervenido. Según manifestó, desconocía esa circunstancia y resolvió renunciar para evitar cuestionamientos sobre la transparencia de la investigación.

Pereira cuenta con antecedentes en áreas de inteligencia, seguridad interna y gestión operativa de la Policía Nacional. Su llegada a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios se produce mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo se produjo la fuga y determinar las responsabilidades correspondientes.