La falta de respuestas del Gobierno nacional a los reclamos salariales y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vuelven a poner en jaque el normal funcionamiento de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Este martes 3 de noviembre se cumple la segunda jornada de paro de docentes y nodocentes, en el marco de un nuevo plan de lucha que se extenderá hasta el 16 de noviembre.
La medida, impulsada por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), cuenta con la adhesión de los gremios locales ADULP y ATULP. El reclamo apunta contra el ajuste presupuestario de la administración de Javier Milei y la falta de una política salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.
El conflicto está lejos de encontrar una salida. Con esta nueva tanda de medidas, la UNLP acumula cerca de 40 jornadas de afectación de las actividades académicas y administrativas durante 2026. La protesta alcanza tanto a las facultades como a los colegios preuniversitarios y las distintas dependencias de la casa de estudios.
Desde ATULP ratificaron su participación en el plan de lucha y cuestionaron al Ejecutivo por no implementar la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada hace un año. «Volvemos a unir fuerzas frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario», expresaron desde el gremio nodocente.
La disputa tiene dos frentes centrales: la recomposición de los salarios y la recuperación de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. En materia salarial, los sindicatos rechazaron el aumento del 3% aplicado por el Gobierno durante septiembre, al considerar que resulta insuficiente frente a una pérdida del poder adquisitivo que, según sus estimaciones, supera el 30% desde diciembre de 2023.
El reclamo también incluye mayores partidas para ciencia y tecnología, áreas que dependen del financiamiento estatal para sostener investigaciones, proyectos y equipos de trabajo. Mientras tanto, la falta de recursos y el deterioro de los ingresos profundizan la incertidumbre en el sistema universitario.
La discusión por el financiamiento incluso llegó a los tribunales, luego de que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentaran una acción judicial para exigir la aplicación de la ley aprobada por el Congreso. Así, el conflicto dejó de ser exclusivamente presupuestario y se convirtió también en una disputa por el cumplimiento de una norma vigente.
El cronograma de protestas continuará durante las próximas semanas y tendrá uno de sus puntos centrales el 16 de noviembre, cuando está prevista una nueva movilización al Congreso de la Nación. Las federaciones anticiparon que sostendrán las medidas hasta obtener respuestas del Ejecutivo.
Mientras la Casa Rosada mantiene su política de ajuste, docentes y nodocentes advierten que no hay universidad pública de calidad posible con salarios deteriorados y presupuestos insuficientes. El mensaje de los trabajadores vuelve a ser contundente: sin salarios dignos y financiamiento, el funcionamiento de la educación superior está en riesgo.
