La tranquilidad del mercado financiero paraguayo se desmoronó de manera drástica esta semana. Tras confirmarse la falta de solvencia e irregularidades graves en la gestión del Ueno Bank, una de las entidades privadas más importantes del país, el Banco Central del Paraguay (BCP) tomó la decisión drástica de decretar su cierre e intervención inmediata. La medida desató una ola de pánico entre ahorristas, paralizó transacciones digitales y encendió todas las alarmas en el tablero político local.
Un «corralito» repentino y el pánico en las calles
El impacto social fue automático. La parálisis total de los canales digitales, cajeros automáticos y sucursales dejó sin acceso a sus ahorros a cerca de 3 millones de usuarios.
Durante las últimas horas, las fachadas de las principales sedes del banco en Asunción y ciudades del interior se convirtieron en el escenario de masivas protestas y filas kilométricas de clientes desesperados por retirar su dinero. Ante el riesgo de desbordes, el gobierno nacional dispuso un amplio operativo de seguridad con fuerzas policiales resguardando las oficinas de la entidad.
Millones en fondos provisionales bajo riesgo
El problema va mucho más allá de los depósitos individuales. La intervención del Ueno Bank congeló fondos clave de diversas instituciones públicas, siendo el caso más alarmante el del Instituto de Previsión Social (IPS).
El IPS mantenía colocados en el banco alrededor de 355 millones de dólares, cifra que representa cerca del 9 % de toda la cartera de recursos provisionales destinados a jubilaciones y pensiones del país. La exposición de semejante masa de dinero público ha generado indignación en los gremios de trabajadores y jubilados, que exigen explicaciones inmediatas sobre los criterios de riesgo con los que se volcaron esos capitales.
Impacto en la presidencia y purga en el Banco Central
La onda expansiva de la crisis golpeó de lleno al Palacio de López. El presidente de la República, Santiago Peña, solicitó de urgencia la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo, buscando contener el costo político y transmitir una señal de control hacia los mercados internacionales.
Sin embargo, el escándalo rozó de cerca al propio mandatario debido a sus antiguos vínculos comerciales e inversiones previas vinculadas al grupo económico desarrollador del Ueno Bank. Para intentar amortiguar el golpe social y frenar una corrida sistémica, el Ejecutivo envió con carácter de «urgente» un proyecto de ley al Congreso para activar el Fondo de Garantía de Depósitos y acelerar la devolución gradual de los ahorros a los pequeños y medianos depositantes.
Detenciones y causa judicial en marcha
En el frente judicial, las medidas no tardaron en ejecutarse. La Fiscalía ordenó una serie de allanamientos que derivaron en la detención de ocho altos mandos del banco.
El propio presidente del Ueno Bank, Miguel Vázquez, se entregó voluntariamente en la sede de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional en Asunción, acorralado por las órdenes de captura en su contra. Vázquez y otros siete directivos quedaron tras las rejas bajo la investigación por supuestas maniobras fraudulentas, falsificación de balances y captación irregular de fondos.
Un futuro incierto para el sistema
Mientras el Banco Central insiste en que se trata de un «caso aislado» para evitar un efecto dominó en el resto del sistema bancario, la oposición legislativa presiona por comisiones investigadoras. La prioridad de las autoridades pasa ahora por lograr que el Congreso apruebe las partidas de contingencia y que la transición del liquidador no destruya la liquidez del mercado paraguayo.
