A pesar de los recientes casos de feminicidio que han involucrado a elementos de corporaciones policiales en Quintana Roo, las autoridades estatales no cuentan con una cifra precisa de cuántos agentes han sido dados de baja o enfrentan procedimientos de separación por violencia de género, reconoció el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Viveros Fernández.
Durante una conferencia de prensa del gabinete de seguridad en Chetumal, el funcionario admitió la gravedad de estos hechos, aunque explicó que las denuncias contra policías deben atravesar diferentes procedimientos administrativos antes de que se determine una posible sanción.
Las declaraciones se produjeron después de que las autoridades fueran cuestionadas por dos casos que han generado indignación en la capital del estado: el feminicidio de una adolescente en Calderitas, por el que fue detenido un expolicía municipal, y el doble feminicidio cometido por un agente de Tránsito contra su expareja y su hija, antes de quitarse la vida.
Ante estos acontecimientos, la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, aseguró que los crímenes cometidos por integrantes de las corporaciones policiales corresponden a situaciones aisladas y no reflejan un problema generalizado dentro de las instituciones de seguridad.
Sin embargo, la falta de información sobre el número de policías sancionados o separados de sus cargos deja interrogantes sobre los resultados de los mecanismos de vigilancia y prevención de la violencia de género dentro de las corporaciones.
Seguridad Ciudadana no precisa cuántos policías han sido dados de baja
El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Viveros Fernández, reconoció que la violencia de género entre integrantes de las instituciones policiales representa un problema que requiere atención.
No obstante, al ser cuestionado sobre el número de elementos que han sido separados de sus cargos o enfrentan procedimientos administrativos por este tipo de conductas, no proporcionó una cifra concreta.
El funcionario explicó que cada denuncia debe seguir un procedimiento interno que comienza en el área de Asuntos Internos y posteriormente puede llegar al Consejo de Honor y Justicia, instancia encargada de evaluar las faltas y determinar las sanciones correspondientes.
“La cantidad exacta de quienes deben irse no se sabe, es un proceso”, señaló Viveros Fernández al explicar por qué no podía precisar el número de policías involucrados en estos procedimientos.
Esta respuesta deja sin esclarecer cuántas denuncias por violencia de género se han presentado contra elementos policiales, cuántas continúan bajo investigación y cuántas han concluido con la separación definitiva de los responsables.
Aunque la dependencia cuenta con mecanismos administrativos para investigar posibles irregularidades, hasta el momento no se presentó un balance que permita conocer los resultados de estos procedimientos.
La ausencia de cifras también dificulta evaluar el alcance de las medidas implementadas para detectar y sancionar conductas violentas entre quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía.
Gobierno asegura que feminicidios cometidos por policías son casos aislados
Durante la conferencia, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, rechazó que los recientes feminicidios relacionados con elementos policiales representen un comportamiento generalizado dentro de las corporaciones de seguridad.
La funcionaria sostuvo que se trata de situaciones puntuales y aseguró que el gobierno estatal mantiene programas de capacitación y mecanismos para detectar posibles conductas violentas entre servidores públicos.
“No es algo generalizado. Son casos puntuales”, insistió al referirse a los crímenes que han generado cuestionamientos sobre el comportamiento de integrantes de las instituciones policiales.
Torres Gómez también rechazó que el estrés laboral pueda utilizarse como una explicación que justifique estos hechos.
La postura surgió después de que el gabinete de seguridad fuera cuestionado sobre el riesgo de revictimizar a las mujeres asesinadas al atribuir las acciones de los agresores a supuestas condiciones de estrés.
“No hay estrés en las corporaciones ni se justifica de esa manera lo ocurrido”, respondió la secretaria de Gobierno.
La funcionaria señaló que existen mecanismos para recibir denuncias contra cualquier servidor público, independientemente de que pertenezca a una corporación policial o desempeñe funciones administrativas.
Sin embargo, la insistencia en que se trata de casos aislados contrasta con la falta de información pública sobre las denuncias y sanciones relacionadas con violencia de género dentro de las instituciones de seguridad.
Dos casos de feminicidio reavivan cuestionamientos contra las corporaciones
Los señalamientos contra las autoridades surgieron después de dos casos que involucraron a elementos policiales y que provocaron indignación en Chetumal.
Uno de ellos corresponde al feminicidio de una adolescente ocurrido en Calderitas en junio de 2021, por el que recientemente fue detenido un expolicía municipal de Othón P. Blanco.
El caso volvió a cobrar relevancia después de que las autoridades informaran sobre la detención del presunto responsable, varios años después de los hechos.
El segundo caso ocurrió durante la noche del 20 de octubre de 2026, cuando una mujer y su hija adolescente fueron asesinadas dentro de una vivienda ubicada en la colonia Italia de Chetumal.
Como informó La Verdad Noticias en su cobertura sobre el asesinato de una madre y su hija en Chetumal, las primeras investigaciones apuntaban a la participación de un agente de Tránsito, quien posteriormente se habría quitado la vida.
El caso fue esclarecido posteriormente por la Fiscalía General del Estado, que confirmó que el elemento policial privó de la vida a su hija adolescente y a su expareja antes de suicidarse.
De acuerdo con los resultados de las investigaciones, el agente utilizó un arma de fuego para cometer ambos crímenes.
La Fiscalía también estableció que no se encontraron elementos que indicaran la participación de otra persona durante los hechos.
El comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, publicado el 25 de octubre, confirmó que las investigaciones permitieron establecer que se trató de un doble feminicidio seguido del suicidio del agresor.
Este acontecimiento volvió a poner bajo cuestionamiento los mecanismos de supervisión, prevención y detección de violencia dentro de las corporaciones policiales.
Policías reciben talleres de reeducación durante 20 semanas
Ante los cuestionamientos sobre las acciones para prevenir la violencia de género, Fernando Viveros Fernández explicó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene un convenio con la Secretaría de Salud para impartir talleres de reeducación.
El funcionario señaló que este programa se encuentra vigente desde el inicio de la actual administración estatal y contempla sesiones de tres horas durante 20 semanas.
Estas actividades están orientadas a atender conductas violentas y fortalecer los mecanismos de prevención dentro de las corporaciones.
“Es un tema difícil, es un tema grave”, reconoció el subsecretario al referirse a la problemática.
Sin embargo, durante la conferencia no se precisó cuántos elementos policiales han participado en estos talleres ni cuántos han concluido el programa.
Tampoco se presentaron indicadores que permitan conocer si las sesiones han contribuido a reducir las denuncias o los casos de violencia de género entre los integrantes de las instituciones de seguridad.
La implementación de estos programas representa una de las medidas señaladas por las autoridades para prevenir conductas violentas, aunque sus resultados todavía no fueron detallados públicamente.
¿Cómo se investiga a un policía denunciado por violencia de género?
De acuerdo con lo explicado por el subsecretario de Seguridad Ciudadana, los procedimientos administrativos contra elementos policiales comienzan cuando se presenta una denuncia ante el área de Asuntos Internos.
Esta instancia es la encargada de revisar los señalamientos relacionados con posibles faltas cometidas por integrantes de la corporación.
Posteriormente, cuando corresponde, el expediente es turnado al Consejo de Honor y Justicia, órgano responsable de analizar las conductas denunciadas y determinar las sanciones administrativas aplicables.
Entre las posibles consecuencias de estos procedimientos se encuentra la separación del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos y de la resolución correspondiente.
Sin embargo, no todas las denuncias derivan necesariamente en una baja, por lo que resulta importante distinguir entre los elementos denunciados, los que enfrentan investigaciones y aquellos que han recibido una sanción definitiva.
También debe considerarse que los procedimientos administrativos son distintos de las investigaciones penales que corresponden a la Fiscalía General del Estado cuando existen indicios de un delito.
En este contexto, la falta de cifras oficiales impide conocer cuántos elementos policiales han sido sancionados por violencia de género y cuántos continúan dentro de las corporaciones mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.
Falta de cifras dificulta evaluar los controles internos
Los recientes feminicidios relacionados con integrantes de corporaciones policiales han abierto un debate sobre la efectividad de los mecanismos de prevención y vigilancia dentro de las instituciones de seguridad.
Aunque las autoridades estatales aseguran que mantienen programas de capacitación, talleres de reeducación y canales de denuncia, todavía no se cuenta con información suficiente para evaluar públicamente sus resultados.
La ausencia de cifras sobre policías dados de baja o sujetos a procedimientos de separación representa uno de los principales vacíos de información.
Sin estos datos, resulta difícil determinar cuántos casos de violencia de género han sido detectados, cuántos han recibido seguimiento y cuáles han derivado en sanciones.
También permanece pendiente conocer si existen mecanismos de evaluación que permitan identificar oportunamente posibles antecedentes de violencia entre los elementos policiales.
La importancia de estos controles radica en que los integrantes de las corporaciones de seguridad desempeñan funciones que requieren un alto grado de responsabilidad y confianza pública.
Por ello, las denuncias relacionadas con violencia de género representan un asunto que no solamente debe atenderse desde el ámbito administrativo, sino también mediante acciones de prevención, supervisión y rendición de cuentas.
Autoridades deberán informar sobre las sanciones contra policías
Mientras el gobierno de Quintana Roo sostiene que los feminicidios cometidos por policías son hechos aislados, continúa pendiente conocer el alcance real de los procedimientos disciplinarios relacionados con violencia de género.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana no precisó cuántos agentes han sido separados de sus cargos, cuántos enfrentan investigaciones internas ni cuántas denuncias permanecen pendientes de resolución.
Tampoco se presentaron resultados concretos de los talleres de reeducación que, de acuerdo con las autoridades, se imparten desde el inicio de la administración.
Estos datos permitirían evaluar con mayor claridad las acciones implementadas para prevenir la violencia y sancionar posibles conductas indebidas dentro de las corporaciones.
Los recientes casos ocurridos en Chetumal muestran la importancia de fortalecer los mecanismos de detección y atención de la violencia de género, especialmente cuando los presuntos responsables pertenecen a instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública.
El principal cuestionamiento sigue siendo cuántos policías han sido denunciados, investigados y sancionados por violencia de género en Quintana Roo, una cifra que las autoridades estatales no pudieron proporcionar durante su más reciente comparecencia ante los medios.
