El expresidente paraguayo Santiago Peña fue trasladado a la Fiscalía tras su detención por el caso Ueno Bank. La investigación avanza mientras Pedro Alliana asumió la presidencia del país sudamericano.
El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, llegó este sábado 7 de noviembre a la Fiscalía General del Estado para prestar declaración en el marco de la investigación por el colapso financiero de Ueno Bank. Su comparecencia se produjo después de que fuera destituido mediante un juicio político y detenido por disposición del Ministerio Público, en medio de una crisis institucional que provocó un cambio de gobierno y fuertes manifestaciones de ahorristas.
La llegada del exmandatario a la sede fiscal representa una nueva instancia en la investigación sobre presuntas irregularidades financieras y posibles responsabilidades de funcionarios públicos en el funcionamiento del banco. Peña había sido trasladado durante la madrugada al Regimiento Escolta Presidencial, luego de que las autoridades evaluaran que no estaban dadas las condiciones de seguridad para mantenerlo bajo custodia en su domicilio particular de Asunción.
La detención fue ordenada después de que el Senado paraguayo aprobara su destitución con 44 votos, al concluir un proceso de juicio político relacionado con su presunta vinculación con la crisis de Ueno Bank. Tras esa decisión, el entonces vicepresidente Pedro Alliana prestó juramento como nuevo jefe de Estado y quedó a cargo de completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028, en un escenario marcado por la incertidumbre política y económica.
Santiago Peña enfrenta una investigación por presuntas irregularidades financieras
La investigación contra el expresidente está vinculada con posibles hechos de lesión de confianza y otras conductas relacionadas con el manejo de recursos y las decisiones adoptadas durante el crecimiento de Ueno Bank. Los fiscales buscan determinar si existieron responsabilidades penales en las operaciones de la entidad, que administraba depósitos particulares y fondos de organismos estatales, incluidos recursos vinculados con el sistema previsional paraguayo.
Uno de los aspectos centrales del expediente es la relación que Peña mantuvo anteriormente con empresas vinculadas al grupo empresarial propietario del banco, además de las decisiones adoptadas por las autoridades regulatorias durante su administración. El exmandatario había informado que se desprendió de sus participaciones empresariales en 2025, aunque los investigadores analizan si existieron conflictos de intereses o actuaciones irregulares en beneficio de la entidad financiera.
La defensa de Peña, encabezada por el abogado Ricardo Preda, manifestó que su representado colaborará con las autoridades y ejercerá su derecho a responder las acusaciones. El letrado cuestionó la falta de precisiones sobre los hechos atribuidos al expresidente y señaló que cualquier medida de prisión preventiva deberá estar fundamentada en riesgos procesales concretos, como una eventual fuga o la posibilidad de obstaculizar la investigación.
El colapso de Ueno Bank provocó protestas y pérdidas millonarias
La crisis comenzó a profundizarse después de que el Banco Central de Paraguay ordenara el cierre de Ueno Bank, una de las principales entidades digitales del país, debido a las irregularidades financieras detectadas. La medida dejó a una gran cantidad de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos y generó protestas frente a sucursales bancarias, mientras las autoridades comenzaron a implementar mecanismos de devolución de fondos.
Entre los recursos comprometidos se encuentran inversiones del Instituto de Previsión Social de Paraguay, que mantenía importantes sumas depositadas en la entidad financiera. La situación generó preocupación por su posible impacto sobre los recursos destinados a jubilaciones y prestaciones sanitarias, mientras la investigación judicial avanzó sobre directivos bancarios y empresarios vinculados con operaciones crediticias que habrían favorecido a sociedades relacionadas con el propio grupo económico.
El Banco Central comenzó a instrumentar devoluciones mediante el Fondo de Garantía de Depósitos, con diferentes etapas de pago según los montos y las condiciones de los ahorristas. Sin embargo, la magnitud de la crisis mantiene abierta la discusión sobre la recuperación de los recursos, la responsabilidad de los organismos de control y las consecuencias económicas que podría enfrentar Paraguay en los próximos meses.
Pedro Alliana asumió la presidencia en medio de la crisis institucional
Mientras Santiago Peña permanece sometido a la investigación judicial, Pedro Alliana inició su gestión como presidente de Paraguay y comenzó a reorganizar el gabinete para garantizar la continuidad administrativa del Estado. El cambio de autoridades se produjo después de una fractura dentro del oficialismo paraguayo, que terminó respaldando la destitución del mandatario en un contexto de cuestionamientos por el manejo de la crisis financiera.
El nuevo gobierno deberá afrontar simultáneamente la recuperación de la confianza en el sistema bancario, las demandas de los depositantes afectados y las consecuencias institucionales del juicio político. La continuidad de las investigaciones también podría alcanzar a otros funcionarios y exautoridades financieras, mientras los organismos judiciales avanzan en la determinación de las eventuales responsabilidades penales por el funcionamiento de Ueno Bank.
La declaración de Santiago Peña ante la Fiscalía constituye un paso importante dentro del proceso judicial, aunque todavía no implica una condena ni determina su responsabilidad penal en los hechos investigados. Las próximas decisiones del Ministerio Público permitirán conocer si se formalizan nuevas imputaciones o medidas cautelares, mientras Paraguay atraviesa una de sus crisis políticas y financieras más importantes de los últimos años.
