La destitución de Santiago Peña desencadenó efectos financieros inmediatos en Paraguay. El guaraní cerró el jueves 5 de noviembre como la moneda de peor rendimiento global frente al dólar, con una caída diaria del 4,68% y una depreciación semanal del 9,2%, al pasar de 5.950 a 6.500 guaraníes por dólar.
La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) calculó una contracción del 70% en las ventas comerciales durante la semana, atribuida a la incertidumbre por el desfalco de ueno bank, la paralización de entregas de dinero y el bloqueo de la aplicación de la entidad financiera. Con una inflación acumulada de apenas 1,8% entre enero y octubre, el golpe resultó sensible para el cotidiano paraguayo.
El riesgo país trepó a 144 puntos básicos (5,1%), tras tocar un techo de 157 puntos. A fines de octubre, JP Morgan asignaba 119 puntos a Paraguay. Los bonos soberanos con vencimiento al 2050 sufrieron una caída promedio de u$s1,5 centavos el jueves.
Moody’s es una de las principales agencias globales de calificación de riesgo crediticio, encargada de evaluar la solvencia y la probabilidad de impago de deudores, empresas y gobiernos. Moody’s sostuvo que «no espera que haya un impacto inmediato en el perfil crediticio soberano de Paraguay», respaldado por un fuerte crecimiento económico y una carga de deuda pública relativamente baja (alrededor del 38% del PIB). No obstante, los acontecimientos evidencian «persistentes debilidades institucionales y de gobernanza relacionadas con un largo historial de muy débil control de la corrupción».
La calificadora prevé que «los riesgos sistémicos se mantengan contenidos mediante un proceso de resolución rápido y ordenado». Señaló que el BCP indicó que cerca del 97% de los depositantes estaría totalmente cubierto por el fondo de garantía de depósitos, que a septiembre de 2026 contaba con u$s1.600 millones, aproximadamente el doble de los depósitos asegurados de Ueno.
Moody’s anticipó que un gobierno encabezado por Alliana probablemente mantendría el marco de política económica actual, que respalda la disciplina fiscal, la independencia del BCP y la estabilidad de precios mediante metas de inflación. «Esperamos una transición ordenada que facilite la adopción oportuna de decisiones sobre la resolución y asegure la continuidad de las políticas», concluyó.
