De Buenos Aires a Montevideo: la calle construye una agenda regional

Del 16 al 19 de noviembre, Montevideo recibe la VI Conferencia sobre Situación de Calle en América Latina, en la Facultad de Ciencias Sociales y el Paraninfo de la Universidad de la República [Udelar]. La organizan el Centro de Investigación e Incidencia sobre la Situación de Calle en América Latina (CISCAL) y el Núcleo Interdisciplinario Trayectorias en Situación de Calle de la Udelar, junto con el colectivo uruguayo Ni Todo Está Perdido (Nitep) y las organizaciones chilenas Moviliza y Nuestra Casa [convocatoria]. Allí se encontrarán representantes de movimientos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay bajo una consigna que resume años de organización: “Nada sobre nosotres sin nosotres”. Desde distintos puntos de la Argentina viajan organizaciones, equipos técnicos, universidades y personas con experiencia de vida en calle. Llegan en un momento en que el Estado nacional se retira de esta política, y la región aparece como un espacio para sostener lo que en el país se está desarmando.

El encuentro corona un año excepcional. El 30 de marzo pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por consenso la resolución 61/20 sobre los derechos humanos de las personas en situación de calle [ACNUDH]. El texto, impulsado por Brasil y copatrocinado desde el inicio por Uruguay, entre otros países [Agência Brasil], exhorta a los Estados a eliminar las leyes que criminalizan la situación de calle y a fortalecer los sistemas de protección social [ACNUDH]. En agosto, también en Montevideo, la sexta reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, organizada por la CEPAL y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, reconoció a las personas en situación de calle como un nuevo grupo poblacional especialmente vulnerable, que enfrenta formas múltiples de discriminación [CEPAL]. Es la primera vez que el tema entra de lleno en la agenda regional de desarrollo [Resolución 6(VI)].

Ese reconocimiento no cayó del cielo. Fue el resultado de un trabajo sostenido de los movimientos. En Brasil, el Movimento Nacional da População em Situação de Rua produjo sus propias investigaciones, sin financiamiento de gobiernos, sobre la cantidad de personas en calle en distintos países. La primera, presentada durante la presidencia brasileña del G20 en 2024, estimó que unas 6,8 millones de personas viven en la calle en los países del grupo, casi 5 millones de ellas en el Sur Global [MNPR, 2024; Agência Brasil]. La segunda, de 2025, calculó más de 6,2 millones en los países del BRICS y mostró que ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene metas específicas para esta población [MNPR, 2025]. Con esos datos, propuso crear un Objetivo de Desarrollo Sostenible específico para esta población [BRICS Brasil] y llegó a Ginebra, donde personas con trayectoria de calle participaron directamente del debate en el Consejo de Derechos Humanos [Minuto MT]. Producir datos propios, en un tema en el que los Estados no cuentan, se volvió una herramienta política.

Estos avances conviven, sin embargo, con el carácter bifronte de la política estatal: la asistencia va de la mano de la criminalización, a través de políticas de orden y limpieza del espacio público [CELS, ACIJ y MPD]. En la Argentina, las organizaciones sociales vienen denunciando hace años los desplazamientos forzados del espacio público [Tiempo Argentino], que el Gobierno porteño llegó a exhibir como “operativos de orden y limpieza” [Perfil] y que en 2026 se convirtieron en política pública, cuando el jefe de Gobierno anunció ante la Legislatura un esquema legal para impedir que las personas vivan en la calle [El Economista]. En Chile, una comisión de la Cámara de Diputados respaldó en septiembre un proyecto que castiga con cárcel la instalación de estructuras precarias usadas como vivienda en el espacio público [Cámara de Diputados de Chile], una iniciativa que las organizaciones cuestionan porque criminaliza la precariedad habitacional [BioBioChile].

En la Argentina, a esa lógica se suma el retiro del gobierno nacional. La Ley 27.654 de Situación de Calle y Familias sin Techo, sancionada en 2021 tras años de lucha de las organizaciones, fue modificada por el Decreto 373/2025, que transfirió a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires la responsabilidad por la atención de estas personas [Chequeado] y modificó el artículo sobre el acceso a la vivienda [Memo]. El primer relevamiento nacional del Ministerio de Capital Humano contó 9.421 personas en todo el país, una cifra que las organizaciones sociales rechazan [Periódico VAS] y que contrasta con las cerca de 63.000 que estimó para la Argentina la investigación del movimiento brasileño sobre el G20 [MNPR, 2024].

Solo el censo popular realizado por organizaciones sociales en la Ciudad de Buenos Aires, en septiembre de 2025, registró 11.892 personas [El Territorio]. En la Ciudad, además, relatores de la ONU expresaron su “grave preocupación” por medidas que “sugieren un patrón de criminalización” [CELS]. Y el problema no es solo porteño: desde Córdoba, funcionarios locales advierten que la cantidad de personas en calle “aumenta día a día” [Tiempo Argentino].

La violencia completa el cuadro. El quinto informe del Registro Unificado de Violencias (RUV), que elaboran la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y el grupo de investigación Sociabilidades por los Márgenes, de la Facultad de Psicología de la UBA, registró 619 hechos de violencia entre agosto de 2025 y agosto de 2026, que afectaron al menos a 721 personas: uno cada 14 horas [El Ciudadano]. En ese período murieron 151 personas en situación de calle en 22 provincias, un promedio de 13 por mes, y la Ciudad de Buenos Aires concentró el 56% de los hechos [Revista El Abasto]. Desde 2022, el registro acumula 1.517 hechos. Distingue violencias estructurales, como las lesiones y muertes por vivir a la intemperie; institucionales, ejercidas por fuerzas de seguridad y otros agentes del Estado; sociales, por parte de vecinos y particulares; y de género. El propio registro advierte que se trata de un piso mínimo, no del total [El Editor Platense]. Ante la ausencia de datos oficiales, el registro existe porque las organizaciones y la universidad decidieron contar lo que el Estado no cuenta.

Por eso la delegación argentina viaja con algo más que diagnósticos. Viaja con la experiencia de haber conquistado una ley y de verla recortada; de contar a quienes el Estado no cuenta; de sostener ollas, paradores y cooperativas sin respaldo nacional. Esa experiencia también es regional. Ya en mayo de 2019, el Movimiento Popular La Dignidad participó en Montevideo de la primera jornada internacional de organizaciones de personas en situación de calle, junto a colectivos de Brasil, Chile y Uruguay [Aguiar, Montealegre y Rossal]. Y la propia conferencia tuvo su primera edición presencial en Buenos Aires, en 2022, con la Universidad Nacional de Tres de Febrero [UNTREF], antes de pasar por Ciudad de México en 2023 [Mi Valedor] y Bogotá en 2024 [Mi Valedor].

Montevideo puede ser el punto de partida de una agenda regional con ejes concretos. El primero es descriminalizar: revisar las normas, multas y operativos que persiguen a quienes viven en la calle, como pide la resolución de Ginebra. El segundo es contar bien, con una definición compartida y una metodología censal latinoamericana, debate que la conferencia abrió en 2025 [programa 2025] y que en la Argentina es urgente. El tercero es la vivienda antes que el refugio. El cuarto es la participación con poder real: espacios permanentes donde las personas con trayectoria de calle intervengan en la planificación y el seguimiento de las políticas. El quinto es registrar y prevenir las violencias y las muertes en calle, con herramientas como el RUV que puedan replicarse en otros países. El sexto es institucional: los movimientos brasileños propusieron crear una comisión permanente sobre población en situación de calle en el Mercosur y un Objetivo de Desarrollo Sostenible propio, con metas específicas. Para la Argentina, una instancia regional de ese tipo sería también una forma de exigir que el Estado nacional no se desentienda.

La importancia de una agenda regional es clara cuando un gobierno se retira: los compromisos asumidos ante la ONU y la CEPAL siguen vigentes, y los movimientos pueden usar esos espacios para informar qué cumple cada país y qué no. Las fronteras no detienen el aumento de personas en la calle, y tampoco deberían detener las respuestas. Lo que se acuerde la semana próxima en Montevideo puede marcar el rumbo de los próximos años en toda América Latina, y recordar que ninguna política sobre la calle será justa si se diseña sin quienes la habitan.

Redacción

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