El Ministerio Público imputó al expresidente de Paraguay, Santiago Peña; al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo y al superintendente de Bancos, Holderg Aníbal Insfrán por el supuesto hecho punible de asociación criminal. Asimismo, fueron imputados otros tres exintegrantes del Directorio del BCP, también por producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso.
Las actuaciones se desarrollan en el marco de las investigaciones del caso Ueno Bank y presuntas irregularidades vinculadas al ejercicio de las funciones de supervisión y regulación del sistema financiero.
Según la hipótesis fiscal, los imputados habrían integrado una estructura organizada con distribución de funciones, en la que habrían intervenido autoridades del Poder Ejecutivo y del BCP, con el supuesto propósito de favorecer intereses vinculados al conglomerado empresarial relacionado con el Grupo Vázquez y Ueno Bank.
La representación fiscal atribuye al expresidente de la República, al expresidente del BCP y al superintendente de Bancos su participación en una asociación criminal, en el contexto de las actuaciones y omisiones que son objeto de investigación.
Por otra parte, los tres exintegrantes del Directorio del BCP fueron imputados por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal. A uno de ellos también se le atribuyen los supuestos hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
De acuerdo con el acta de imputación, los exdirectivos habrían tenido conocimiento de informes técnicos que advertían sobre excesos en los límites crediticios relacionados con empresas vinculadas a Ueno Bank y sobre otras operaciones financieras observadas. Según la hipótesis fiscal, pese a esas advertencias no habrían impulsado las medidas correctivas correspondientes.
La investigación también comprende el tratamiento de informes técnicos y comunicaciones institucionales del BCP, entre ellas una respuesta remitida a la Cámara de Senadores que, conforme a la hipótesis fiscal, habría omitido información relevante sobre observaciones formuladas a determinadas operaciones crediticias.
El Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas cautelares personales y reales. Entre los requerimientos se encuentran la prisión preventiva para uno de los nuevos imputados y el arresto domiciliario con tobillera electrónica para los otros dos, además de la inhibición general de disponer y gravar bienes y el congelamiento de cuentas.
La representación fiscal solicitó un plazo de seis meses para continuar con las diligencias investigativas, que comprenden el análisis de documentos, informes técnicos y operaciones financieras, además de requerimientos de cooperación jurídica internacional.
