
El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció un paquete de medidas para recuperar la confianza en las instituciones tras la crisis de Ueno Bank, que provocó la destitución de Santiago Peña, y prometió recortes presupuestarios, cambios en organismos públicos y garantías para el pago de haberes y aguinaldos a los jubilados.
“Nuestra prioridad es garantizar la estabilidad del país, recuperar la confianza y dar respuestas concretas y rápidas”, afirmó Alliana en una conferencia de prensa en Asunción, al comienzo de su segunda semana al frente del Gobierno. El mandatario sostuvo que el país atraviesa un momento que exige “firmeza, transparencia y respeto por nuestras instituciones”.
Entre las medidas anunciadas, el jefe de Estado anticipó una reducción de los gastos de funcionamiento de las instituciones públicas para 2027, con el objetivo de destinar esos recursos a salud, educación e infraestructura. También anunció más fondos para esas áreas, la reactivación de obras públicas y medidas de alivio para los jubilados.
“Este esfuerzo comienza desde la propia presidencia de la República con una reducción adicional de 20.000 millones de guaraníes (3,2 millones de dólares) en gastos de funcionamiento, o sea, gastos superfluos”, precisó.
Alliana aseguró que los jubilados del instituto de previsión estatal cobrarán sus haberes y aguinaldos esta semana. Unos 32.000 beneficiarios percibían sus pagos a través de Ueno Bank. “Sus haberes y aguinaldos están garantizados con pagos previstos” para este lunes y martes, afirmó.
En cuanto a los fondos previsionales, el mandatario señaló que las autoridades identificaron activos sanos por aproximadamente 600 millones de dólares “con el objetivo de garantizar su devolución”.

El presidente también reconoció el impacto de la crisis financiera. El cierre de Ueno Bank, sostuvo, “ha golpeado profundamente a numerosas familias paraguayas” y puso en jaque “la confianza del sistema financiero”.
Según las cifras oficiales, más de 1,8 millones de ahorristas recibieron pagos por aproximadamente 640 millones de dólares del Fondo de Garantía de Depósitos del Banco Central. Los desembolsos corresponden a depósitos de hasta 40 salarios mínimos.
El Banco Central intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia. La medida provocó el congelamiento de las cuentas de casi tres millones de clientes y dejó a cientos de miles de personas sin acceso a sus depósitos. El jueves, la entidad informó a la AFP que el 80% de los depositantes ya había recuperado la totalidad de sus ahorros, aunque la mayor parte del dinero depositado todavía estaba pendiente de restitución.
En medio de las consecuencias del escándalo, medio centenar de personas protestó este lunes frente a la sede del Banco Central con carteles que exhibían consignas como “No es quiebra, es robo”.
La crisis también derivó en la salida de Santiago Peña del poder. Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, asumió la Presidencia el 6 de noviembre, después de que el Congreso destituyera a su antecesor mediante un acelerado juicio político. Deberá completar el mandato hasta 2028.
En paralelo, Alliana ordenó la destitución del coronel José David Daiub, comandante del Regimiento Escolta Presidencial, donde Peña permanecía detenido, tras las denuncias sobre los supuestos privilegios que recibió el exmandatario durante su reclusión.
Un juez ordenó este lunes el traslado de Peña a la cárcel militar de Viñas Cue, en Asunción, luego de que trascendieran informaciones sobre las comodidades de las que disponía en su celda, entre ellas un gimnasio.

Una imagen difundida por el Gobierno mostró al exmandatario cuando ingresaba al establecimiento pasadas las 15:00 hora local (18:00 GMT), esposado y con casco y chaleco antibalas. La prisión militar alberga a políticos y otras personalidades de alto perfil procesados en causas judiciales.
La situación judicial de Peña también se agravó el viernes, cuando la Fiscalía amplió la imputación en su contra. Los investigadores lo acusan de encabezar una asociación criminal junto a cinco exdirectivos del Banco Central del Paraguay para proteger a Ueno Bank.
El exmandatario ya estaba imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. La acusación sostiene que utilizó su influencia política para favorecer a la entidad mediante fondos públicos y decisiones regulatorias, pese a que tuvo acciones en el grupo controlador del banco. Peña negó haber cometido irregularidades.
(Con información de AP y AFP)



