
La violencia política registrada durante las últimas semanas en Guatemala derivó en que diversos funcionarios públicos, alcaldes y diputados solicitaran esquemas de seguridad personal o el refuerzo de su custodia individual a la Policía Nacional Civil (PNC).
El incremento de las peticiones refleja el temor institucional ante una serie de atentados letales que encendieron las alarmas en el aparato gubernamental y en las corporaciones municipales de distintas regiones.
Las solicitudes ingresadas en los últimos días son analizadas por la División de Protección de Personas y Seguridad, la unidad especializada de la PNC encargada de medir el nivel de vulnerabilidad de las autoridades y determinar si procede el resguardo con agentes estatales.

El director general de la institución policial, Erick Osoy, confirmó la existencia de estas gestiones tras acudir a una citación en el Congreso. El funcionario explicó que los analistas revisan minuciosamente cada carpeta para validar si el peligro descrito por los peticionarios cuenta con sustento real.
“Ha habido ya varias solicitudes de reevaluación de análisis de riesgo a algunos funcionarios y está la división de protección realizando las evaluaciones y análisis respectivos”, declaró Osoy, este martes 17 de noviembre al terminar una citación con diputados en el Congreso.
El jefe policial enfatizó que el propósito fundamental consiste en verificar “si ameritan realmente y si los factores que generan el riesgo y la amenaza son verídicos y que se proceda a la asignación”.
Durante su comparecencia, el director evitó detallar las identidades o dependencias de quienes requirieron vigilancia y se limitó a señalar que se trata de servidores públicos que demandan reevaluar su condición actual.
Este contexto de vulnerabilidad motivó además que el Gobierno decretara un estado de sitio por 30 días en los departamentos de Zacapa e Izabal, una medida de emergencia para contener el accionar del crimen organizado.
La preocupación de legisladores y alcaldes aumentó tras el atentado armado perpetrado el 6 de noviembre en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa, donde murió el diputado Julio Portillo junto con tres agentes de la PNC.
El legislador contaba con escolta policial cuando un grupo de atacantes disparó contra su comitiva en la ruta al Atlántico; en el tiroteo fallecieron los policías Jorge Paau Xicol, Erick Armides Ramos Osorio y Fernando Reyes Aldana, quienes intentaron repeler la agresión en defensa del funcionario.

El debate sobre la eficacia y los protocolos de estas custodias institucionales ya había cobrado fuerza semanas antes, tras el asesinato del exfiscal anticorrupción y exjefe tributario, Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre en un complejo deportivo del Campo Marte, en la capital del país.
Solórzano Foppa contaba con cuatro agentes de la Policía Nacional Civil divididos en dos turnos para su protección permanente, una medida vigente desde 2010 y reforzada por su perfil público. Sin embargo, mandos policiales admitieron ante los legisladores que el dispositivo falló de forma grave durante el ataque.

Los dos escoltas de turno no repelieron la agresión armada y argumentaron que cuidaban al hijo del exfuncionario a una distancia de entre 30 y 40 metros del punto donde los sicarios dispararon.
Este lunes 16 de noviembre, también fue localizado con señales de tortura y envuelta en sábanas el cuerpo de una empleada de la Municipalidad de Guatemala.



