Natalia Córdoba consideró que la condena de 18 meses de prisión en suspenso acordada para Brian Abel Jara por falso testimonio representa un avance, aunque reclamó que se identifique y juzgue a los responsables de la muerte de su hijo, ocurrida en el Regimiento de Zapala. También apuntó contra el exjuez Hugo Horacio Greca por las demoras y presuntas irregularidades durante la investigación.
A casi tres años y medio de la muerte del soldado Pablo Córdoba en el Regimiento de Zapala, su madre, Natalia Córdoba, volvió a reclamar avances concretos en la investigación principal y consideró que el juicio abreviado contra Brian Abel Jara, en una causa paralela por falso testimonio, representa un paso importante, aunque todavía insuficiente para alcanzar justicia.
La mujer sostuvo que el acuerdo que contempla una pena de 18 meses de prisión en suspenso para Jara permite avanzar sobre las conductas de quienes, según denunció, obstaculizaron la investigación y contribuyeron a ocultar información sobre lo ocurrido con su hijo.
Si bien consideró que la evidencia científica permitió establecer desde los primeros meses que Pablo fue asesinado y no se suicidó, señaló que el recorrido judicial estuvo marcado por numerosas dificultades y demoras.
«No es el paso que necesitábamos», expresó al referirse a esta instancia, y explicó que su principal expectativa sigue siendo que se juzgue a los responsables del crimen y a quienes pudieron haber participado en su encubrimiento.
Cuestionamientos a Jarrah y al exjuez Greca
Natalia Córdoba señaló a Brian Abel Jara como una de las personas que, a su entender, más entorpecieron la investigación, a través de declaraciones que calificó como falsas y de la presunta destrucción de pruebas.
También consideró que el militar habría modificado sus declaraciones por orden de otras personas, a quienes estaría intentando proteger. En ese sentido, hizo referencia a la estructura jerárquica del Ejército y a las responsabilidades que, según su interpretación, podrían extenderse más allá de quienes fueron investigados hasta el momento.
Otro de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al exjuez Hugo Horacio Greca, a quien responsabilizó por las demoras y por decisiones que, según sostuvo, perjudicaron el desarrollo de la causa.
La madre de Pablo afirmó que el exmagistrado actuó tardíamente en distintas instancias, mantuvo una actitud parcial hacia el Ejército y permitió que integrantes de la institución tuvieran acceso a elementos de prueba que se incorporaban al expediente.
A su entender, Jarrah está siendo juzgado por uno de los delitos de menor gravedad entre las conductas que le atribuye, debido a las omisiones y al accionar judicial durante la investigación.
Reclaman respuestas en la causa principal
Más allá del resultado de la causa por falso testimonio, Natalia insistió en que la prioridad debe ser avanzar en la investigación por la muerte de su hijo.
En ese sentido, reclamó que el juez Andriani informe qué medidas se están llevando adelante, cuáles son los resultados obtenidos y qué avances existen para identificar a los responsables.
La mujer sostuvo que la Justicia cuenta con herramientas y evidencias suficientes para profundizar la investigación y reclamó que no se prolonguen los tiempos sin respuestas concretas.
También señaló que los integrantes del Ejército que estaban vinculados al lugar y al momento de los hechos fueron trasladados a distintas dependencias del país. Según indicó, algunos se encuentran en Neuquén capital, otros en Córdoba y otros en diferentes destinos del sur argentino. Agregó que varios soldados solicitaron la baja de la institución.
Para Natalia, esos movimientos forman parte de una situación que debe ser investigada y que, desde su perspectiva, constituye un mecanismo de protección y encubrimiento.
«Necesito voluntad del juez»
Al ser consultada sobre qué considera necesario para que la causa avance, la madre de Pablo fue contundente: reclamó voluntad judicial para resolver sobre las pruebas reunidas.
Consideró que quienes estuvieron en el lugar de los hechos deben ser investigados y que, si existen elementos para atribuir responsabilidades por encubrimiento, deben responder ante la Justicia.
Su principal reclamo continúa siendo que se identifique a quienes mataron a su hijo y que, después de casi tres años y medio, la investigación principal deje de acumular demoras y produzca resultados concretos.
«Hay prueba, hay evidencia y necesito que el juez resuelva», resumió.



