Ayer, el gobierno de Jorge Macri oficializó una reorganización de su gabinete y avanzó, entre otros cambios, con la degradación del área de Trabajo que pasó de ser una secretaría a convertirse en una subsecretaría bajo la órbita del Ministerio de Justicia de Gabino Tapia.
“No me sorprende esta decisión porque es gente que desprecia a los trabajadores”, señaló Recalde sobre la decisión de las autoridades capitalinas. “[La medida] es un símbolo de la degradación que están sufriendo los trabajadores en sus condiciones de trabajo y sus salarios”, continuó.
De acuerdo al senador -que, además, preside el PJ porteño- la reciente reestructuración implica debilitar las instituciones que deberían proteger los derechos de los trabajadores y el nivel de empleo en el distrito. “Se precariza el empleo y se precariza la institucionalidad para proteger el empleo y las condiciones de trabajo”, sostuvo.
Recalde consideró que, en algunos casos, el tamaño de la cartera laboral no es determinante en el resultado de sus políticas. En este sentido, destacó el trabajo del expresidente Juan Domingo Perón al frente del Departamento Nacional del Trabajo, que tenía jerarquía administrativa de dirección nacional (es decir, por debajo de una subsecretaría). Su paso por esa oficina fue antes de que asumiera al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde donde profundizó las políticas en post de la seguridad laboral y laboral de la clase obrera.
Sin embargo, consideró que, en el contexto actual -y, debido al alineamiento político del jefe de gobierno porteño con la política desregulatoria de Javier Milei a nivel nacional-, resulta difícil que se replica un escenario semejante. La degradación de la estructura ministerial coincide -a diferencia de lo que sucedió durante el nacimiento del peronismo- con una falta de atención a las políticas de empleo en el distrito.

“Conociendo de quienes viene esta medida, es evidente que esto es acompañar la precarización laboral con precarización institucional”, planteó y cruzó a la administración macrista por falta de políticas de inserción laboral en el distrito: “No hay ninguna política de empleo en la ciudad. En una época hacían unas ferias que eran una mentira para miles de pibes que iban a llevar su currículum y pocos entraban. No generaba nada”.
Una justicia a medida de los empresarios
La degradación de la cartera de Trabajo en la ciudad viene acompañada por la creación de una justicia laboral que pareciera tener una mayor inclinación hacia el sector patronal. “Se profundizó el ataque a los derechos laborales con la creación de un fuero empresario. Quieren vaciar el fuero del Trabajo y generar un fuero del empresariado”, afirmó Recalde.
El 9 de febrero de este año, el exjefe de gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, firmaron el convenio para avanzar con el traspaso de la Justicia laboral a la ciudad de Buenos Aires. El nuevo fuero -que todavía está en formación, después de que tanto el Congreso Nacional como la Legislatura porteña ratificaran el acuerdo de transferencia- tendrá a su cargo la resolución de conflictos laborales individuales. Los conflictos sindicales y colectivos de trabajo continuarán tramitando en la Justicia nacional.

Según señaló el senador nacional, el fuero que se prevé entre en vigencia durante el primer semestre del 2027, se construirá sobre una jurisprudencia que ya ha evidenciado dejar relegados los intereses y derechos adquiridos por los trabajadores.
Esta semana, se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad falló en contra de una extrabajadora del Banco Hipotecario y habilitó la aplicación del artículo 55 de la reforma laboral impulsada por Javier Milei para calcular el monto de los créditos laborales en el distrito. La cláusula impulsada por La Libertad Avanza (LLA) propone una nueva fórmula que puede generar pérdida para los trabajadores que judicializaron sus derechos laborales y aún no cuenta con sentencia firme.
“Avalan una reforma laboral que es claramente inconstitucional, por lo menos en ese artículo en discusión sobre los derechos adquiridos de los trabajadores que tenían derecho a una indemnización con un régimen determinado y ahora se lo cambian”, denunció el especialista en Derecho laboral. “Es un derecho adquirido y se lo cambian. Parece que el derecho a la propiedad [en este caso, a su indemnización] es solo de algunos. La propiedad privada tampoco se respeta en este gobierno, por lo menos para la mayoría de la población”, cuestionó.



