El Senado convirtió en ley el régimen permanente de discapacidad, que reemplaza a la emergencia

La norma obtuvo 71 votos afirmativos y una ausencia. Mantiene la pensión no contributiva, la cobertura médica y la actualización automática de los aranceles de los prestadores, y reemplaza el esquema de emergencia que vencía el 31 de diciembre.

El Senado convirtió en ley la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. Obtuvo 71 votos afirmativos y una ausencia, luego de haber recibido media sanción de Diputados con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.

La norma reemplaza el esquema de emergencia vigente, que vencía el 31 de diciembre, y establece un régimen permanente. Llega un año después de que el Gobierno vetara la ley anterior y tras el respaldo del papa León XIV a los reclamos del sector. La votación se dio pese a las resistencias iniciales del Gobierno.

El nuevo régimen garantiza la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD), el nomenclador único y la cobertura médica básica del programa Incluir Salud. Conserva la pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, su compatibilidad con un empleo registrado o el monotributo hasta un tope de dos salarios mínimos, vitales y móviles, y la actualización automática de los aranceles según la movilidad jubilatoria.

Para ordenar el funcionamiento del sistema, el texto incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de datos entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el SINTyS y el RENAPER, bajo un debido proceso inclusivo. A pedido de los bloques aliados, se fijó un plazo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley y publique un cronograma para cancelar las deudas con los prestadores dentro de los 90 días. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo fiscal en 598.912 millones de pesos para 2027.

Con la sanción, el sistema deja de depender de una prórroga de emergencia y pasa a tener un marco estable. Esto alcanza a quienes reciben pensiones, a las personas que acceden a prestaciones de salud y a los prestadores que las brindan.

Durante el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, defendió el abandono de las prórrogas temporales: «La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo».

En la misma línea, el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, sostuvo que «la dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. La esperanza no puede tener fecha de vencimiento». La titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, cerró la discusión destacando el consenso: «Hoy estamos votando un acuerdo social y político y lo vamos a votar todos» y «estamos saliendo de una emergencia y estamos planteando certeza para generar transparencia y previsibilidad». Cuestionó además los ataques opositores: «Tanto se habla del Papa, pero nadie puede desarmar la violencia en el discurso».

Desde el peronismo acompañaron la iniciativa, pero atribuyeron el avance a la movilización social y reclamaron asegurar las partidas en el Presupuesto 2027, que se tratará la próxima semana. La senadora Juliana Di Tullio apuntó contra el oficialismo por las demoras en los pagos: «Dejen de decir que los discapacitados mienten y páguenle a los prestadores». Sostuvo además que «Javier Milei venía maltratando a los discapacitados desde hace tres años hasta que vino el Papa» y que «esta ley es resultado de la lucha popular y este Senado solo hizo eco».

Por su parte, el senador Marcelo Lewandowski adelantó el voto positivo de su espacio, con reparos sobre la futura ejecución: «Esta ley no es buena y tiene muchísimas objeciones, pero es la mejor ley que podemos sancionar hoy» y «lo vamos a acompañar, pero vamos a tener siempre la sensación de que no van a querer aplicarla».

El Poder Ejecutivo tiene 30 días para reglamentar la ley y 90 días para publicar el cronograma de cancelación de deudas con los prestadores. El Presupuesto 2027 se tratará la próxima semana.

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