Nuevas y malas noticias para las democracias de América del Sur. En orden de aparición, ya nos ocupamos en una nota anterior sobre esa especie de «putsch» en Bolivia, que descabezó a toda la cúpula del Ministerio Público Fiscal, a los fiscales departamentales y parece que también a quien era el presidente del tribunal superior de justicia del país. Casi todos ellos están detenidos y sometidos a procesos penales. El último abandonó el territorio nacional.
Lo de Brasil no fue un problema electoral. Flavio Bolsonaro, ganador de la primera vuelta, compitió en la segunda con Lula y perdió con claridad. Todo parece indicar que no le faltaron votos -obtuvo nada menos que sesenta millones-, sino el carácter que se necesita para pelear por el poder; el que se requiere para afrontar los malos momentos de la política, como, por ejemplo, la cárcel o el exilio; el que hacía falta para liderar la oposición, que terminó siendo más numerosa en gobernaciones y bancas legislativas que lo que era antes de las elecciones.
Esto de Paraguay fue lo más reciente, pero no debe descartarse que se agraven los problemas de gobernabilidad que afrontan Ecuador y su presidente Noboa. Ojalá que no, pero así están las cosas. No es un trámite sacar de la competencia con causas penales a los principales opositores, referentes en grandes ciudades con peso propio electoral.
La caída de Santiago Peña
¿Qué pasó en Paraguay? Pasó que el señor Santiago Peña, referente del Partido Colorado, que había llegado al poder como consecuencia del triunfo en las elecciones de abril del año 2023 y que asumiera en el mes de agosto un mandato de cinco años, que expiraba en el año 2028, fue destituido en un rápido trámite por el Congreso de su país. El juicio político demandó apenas cinco días, entre el 2 y el 7 de este mes de noviembre.
La crisis terminal del banco insignia de su gobierno, llamado Ueno Bank, fue decisiva en la caída de Peña, quien había sido accionista del banco hasta el año pasado, cuando el llamado Grupo Vázquez ya controlaba los comandos de la entidad. Había un claro conflicto de intereses cuando el gobierno de Peña decidió transferir al banco el manejo de unos 850 millones de dólares (en Guaraníes), lo que incluía el pago de las jubilaciones y pensiones del Instituto de Previsión Social (I.P.S). Cuando eso se dispuso, no hubo explicaciones suficientes para justificar por qué elegir un banco relativamente nuevo para luego confiarle el manejo de esa suma y también de otras.
Lo que sigue también forma parte de la responsabilidad política no sólo de Peña sino de la parte de su gobierno dedicada a las entidades financieras. Nuevamente aparece la sombra del conflicto de intereses en la figura del quien fuera presidente del Banco Central del Paraguay hasta el 2 de noviembre pasado, pues el señor Carlos Carvallo -de él se trata-, antes de llegar a ese sitial, en septiembre de 2.023, había sido el presidente del directorio del banco ahora cerrado.
Hasta hace muy pocos meses, la entidad parecía ser un ejemplo de la moderna banca digital. Había crecido rápidamente, comprando entidades más chicas, usando una agresiva estrategia comercial de posicionamiento y contaba con una moderna tecnología. A principios de este mes contaba con más de tres millones de clientes. Pero las apariencias engañan.
Ya en el mes de julio de este año hubo advertencias acerca de que debía prestarse más atención a lo que estaba sucediendo con los créditos que la entidad otorgaba a ciertos clientes, que eran personas físicas o empresas vinculadas, no sólo porque excedían el monto máximo permitido por las normas locales, sino además porque no se ofrecían garantías suficientes de pago. Había otras advertencias de falta de solvencia de la entidad. Por si todo eso fuera poco, se observaron otras irregularidades financieras y ciertas operaciones importantes, que no estaban justificadas y que ahora son motivo de una investigación penal. Se advirtió que la entidad necesitaba de ajustes contables y mayores respaldos.
No hace falta ser un especialista para decir que en el caso de Ueno Bank fallaron los controles internos de la autoridad competente e incluso, las auditorías externas que tenía contratadas, una de las cuales al menos sería una de las más connotadas en la banca norteamericana, nada menos que la PricewaterhouseCoopers S.R.L. Su informe fue publicado en el documento oficial de estados financieros auditados del banco. La consultora produjo un informe final favorable, haciendo referencia a la situación patrimonial y financiera del banco al cierre de 2.024 y 2.025, así como sus resultados y flujos de efectivo. Se dijo que el estudio se hizo aplicando las normas del Banco Central del Paraguay, incluyendo instrucciones particulares del regulador. Aun así, cuando fue cerrado, el banco no tenía el respaldo mínimo para seguir funcionando.
Los activos del expresidente
Peña pasó en pocos días de ser el presidente del Paraguay a detenido especial -como corresponde en estas tierras-, porque si bien la justicia paraguaya que lo investiga le dictó la prisión preventiva, primero en una habitación de lo que era la guardia del Palacio Presidencial; después fue cambiado de lugar dos veces más. Hasta ahora, esa misma justicia intensifica sus esfuerzos para ubicar y secuestrar la mayor cantidad de activos, tanto de Peña, de parte de sus funcionarios y de los del banco cerrado.
Activos son los inmuebles; los automotores importados costosos -hay un Lamborghini nuevo, de color negro, de propiedad de Peña-; camionetas; un yate; aviones, etc. Sobre la mansión del nombrado, en las afueras de Asunción, ya se sabe que costó U$ 500.000 (quinientos mil dólares estadounidenses, v.gr., como el Lamborghini), y que fue comprada con un préstamo de Ueno Bank. En la misma mansión los investigadores descubrieron que detrás de una pared falsa, había una puerta de entrada a una bóveda, que sólo pudo ser abierta cuando el propio Peña facilitó el acceso. La diligencia se hizo con resultado negativo.
En Paraguay, a diferencia de nuestro país, existe una ley que permite las subastas anticipadas, para recobrar en todo o en parte el producto de actividades ilícitas. Parece no ser tan laberíntico como aquí, en el que no se llegó más allá de embargos de vehículos, inmuebles y hoteles, y donde uno de los condenados parece haber seguido administrando sus bienes, desde una cárcel. En aquel país, si bien una ley ha creado un fondo especial para atender esta clase de situaciones bancarias o financieras, se sabe que no alcanzará para devolverles todos los depósitos a los ahorristas. Con buen criterio, se empezó a devolver sus ahorros a los más pequeños, esos que cobran sueldos, jubilaciones y pensiones mínimas. A los grandes ahorristas ya se les dijo que deberán esperar, nadie sabe cuánto. Y que, en ese momento, esperarán quitas de capital e intereses.
El recuerdo de Fernando Lugo
El lector ajeno o distante a la historia reciente del Paraguay puede haberse sorprendido de la rapidez del juicio político a un presidente. A ese lector le recordamos que no hace mucho, en el año 2.012, el entonces presidente Fernando Lugo, fue destituido de su cargo por el mismo mecanismo, claro que, con un Congreso de otra composición, en poco más de veinticuatro (24) horas. Para que ello fuera así, a Lugo apenas se le dieron dos (2) horas para preparar y hacer su defensa. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, si bien dijo que ese plazo impidió una correcta defensa en juicio, no modificó lo resuelto sobre la destitución.
A diferencia de Peña, Lugo no cayó por sus presuntas vinculaciones con un banco cerrado, que perjudicó a más de tres millones de ahorristas. Lugo fue acusado por cinco cargos distintos, aunque el decisivo fue el caso conocido como «Matanza de Curuguaty», en el que, como consecuencia de un enfrentamiento armado entre campesinos y policías, hubo diecisiete (17) muertos, en su mayoría campesinos. A diferencia de Peña, que fue destituido por unanimidad, en la de Lugo hubo votos en contra.
Llama la atención la aparente resignación de Peña, que aceptó su destino casi en silencio, pues sólo lo rompió uno de sus abogados, con declaraciones muy superficiales a la prensa. Los que siguen la política interna del país dicen que ello fue así porque no le quedó otra salida después que el principal referente del Partido Colorado y ex presidente del Paraguay entre 2.013 y 2.018, señor Horacio Cartés, le soltara la mano.
Cuando empezamos esta nota usando las palabras «inestabilidad política», estamos pensando que de eso se trata cuando un presidente al que todavía le quedaban casi dos años más de mandato, que no estaba tan mal en las encuestas, es destituido en forma unánime por juicio político. Pocas veces se vio con tanta claridad que, lejos de ser un atributo del Cielo, el poder es muy humano y se construye día a día. Un descuido puede ser fatal.
Habrá que asumir lo que no se quiere: que gobernar bien es muy difícil, incluso para el mejor preparado; que hay que tomar cada día las que se perciban como las mejores decisiones y estar atentos a las respuestas; hay que mantenerse cerca de los aliados y tratar con respeto a los opositores. La acción política nunca descansa y no es concebible sin una buena comunicación de la gestión. Finalmente se deberá repetir, como un mantra, que la gobernabilidad sólo existirá si a la legitimidad del origen -por elecciones, claro está-, la acompaña el mejor consenso al que se pueda aspirar.



