Fotos: Hernán Mombelli para Tiempo Argentino.
El timbre suena de manera insistente. Si no funciona, golpean la puerta con fuerza. Gritan anunciándose: “¡Guardia de Auxilio y Emergencias! ¡Policía de la Ciudad!”. Llegan para ejecutar el desalojo. La cuadra se corta. En pocos minutos aparecen móviles, uniformes, vallas. Suenan sirenas. Los vecinos salen a la vereda para ver qué pasa. A veces se suma un camión hidrante. Del otro lado de la puerta, el sonido de un desalojo: gritos, llantos y discusiones.
—¿A dónde vamos a dormir esta noche?
Fue lo primero que pensó Jenny Diestra cuando su hijo la llamó ese viernes de marzo mientras ella iba camino al trabajo. Jenny le dijo que no le abriera a la Policía, pero cuando llegó ya era tarde: sobre la calle Cochabamba, en el barrio porteño de San Cristóbal, todos los vecinos estaban sacando sus cosas.
—Sigo padeciendo las consecuencias de ese desalojo, nos sacaron a todos ese mismo día y pusieron una faja de clausura en la puerta, sin decirnos nada. Éramos cuarenta vecinos. Decían que era por peligro de derrumbe, pero no había nada que diera a entender eso.
Según datos de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, las “clausuras administrativas por riesgo de derrumbe” representan el 52% del total de desalojos en la ciudad en los primeros dos meses de 2026. Detrás de las cifras hay 1.280 familias que fueron desalojadas de sus casas con procedimientos administrativos ejecutados por orden del Gobierno porteño y sin orden judicial previa.
Jenny usó los ahorros de toda su vida para comprar esa casa. Hoy vive en una habitación que le presta una amiga, la casa está en juicio y sus cosas, repartidas: algunas en un depósito, otras dentro del edificio. Una vida entera que, en cuestión de horas, tiene que encontrar otro lugar. Una vida entera que se derrumba de repente y sin aviso.
—Entraron y rompieron todo. Nos entregaron un papel del gobierno sin firma de ningún juez. La mayoría de los vecinos nos fuimos. ¿Qué íbamos a hacer?

Johanna Solari vivía en un PH sobre la calle Alberti al 500, en el barrio de Balvanera, que fue desalojado el pasado 11 de junio. Ahora va rotando entre hoteles y casas de amigas. Sus cuatro hijos —dos de ellos, menores de edad— vivían con ella y ahora están con su padre en Avellaneda. La más afectada, dice Johanna, fue su madre: con 63 años no entiende cómo la echaron de la casa en la que vive desde los 18.
La escena desde que llega el operativo hasta que la puerta se cierra suele durar varias horas. “Ese día estuvimos ahí hasta las 3 de la madrugada. La solución que nos daban era ir a paradores, lo que implicaba separarnos”, recuerda Johanna.
Los paradores, o Centros de Inclusión Social, son espacios de “contención integral para promover la reinserción social” de las personas en situación de calle, pero con condiciones que no reemplazan una casa y, muchos menos, resuelven el problema de quienes no tienen techo. El Gobierno de la Ciudad también ofrece pasar la noche en pensiones u hoteles, pero ¿quién paga esa cuenta? Algunas familias se separan, intentan acomodar colchones, bolsos y pertenencias donde pueden. Otras quedan en la calle.
Después de un desalojo, las horas pasan lentas. La tensión queda pegada a las paredes, en las veredas quedan rastros del operativo: cartones, papeles, ropa, juguetes. Los días posteriores, las infancias suelen faltar a la escuela y en muchos casos se ven obligadas a cambiar de institución. “No paso por la cuadra, me hace mal. Es muy triste”, dice Johanna, que trabaja como cocinera comunitaria en un hogar.
De la excepción a la regla
Los desalojos llegan por distintas vías: los civiles se dan por falta de pago, los penales, por usurpación, y los administrativos, por orden del propio Gobierno porteño. Durante años, los desalojos administrativos fueron una rareza. “Ahora son moneda corriente”, dice Gigi Krein, referente de la Coordinadora contra los Desalojos y por la Vivienda. Los números le dan la razón: en 2024, el 98% de los desalojos fueron por orden judicial mientras que solo 2% fueron por vía administrativa. En los primeros meses de 2026, los administrativos pasaron a representar el 58% de los desalojos y superaron por primera vez a los judiciales. En la Ciudad de Buenos Aires hay un desalojo cada 30 horas.
Tamara es vecina de La Boca y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Vivía en un conventillo en La Boca, pero tuvo que irse por una amenaza de posible desalojo. Tiene seis hijos y dos de ellos padecen ansiedad generalizada por la situación irregular en la vivienda.
“El primer desalojo administrativo de la era Jorge Macri fue a una cuadra de mi casa. Llegaron a las seis de la mañana con camiones, cortaron toda la calle y sacaron a la gente. Los nenes volvían a la tarde del colegio y no tenían casa”, recuerda Tamara. Ese día entre los desalojados había una mujer en cuidados paliativos por un cáncer. “Hoy esa esquina está ahí, deshabitada”, cuenta.

Para el CELS, el problema está en el origen. “El Ejecutivo lleva adelante estos desalojos sin ningún tipo de control judicial ni autorización previa”, sostiene Leonel Bazán, abogado del equipo de Derecho a la Ciudad de ese organismo que monitorea las políticas habitacionales y las denuncias de desalojos en la ciudad. El Gobierno macrista se apoya en el artículo 12 del Decreto 1510/97, que fija como regla la autorización judicial para entrar a un domicilio y admite una excepción: el riesgo cierto e inminente . “Ellos, cuando intervienen, no lo tienen constatado. Parten de una violación del domicilio y después, cuando ingresan, hacen un informe técnico para darle cierto marco de legalidal. Es totalmente ilegal. Lo entendemos como un desalojo forzoso e ilegal, en los términos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que configura una violación grave al derecho a la vivienda adecuada”, explica Bazán.
El Comité es el organismo que interpreta cómo debe aplicarse el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en Argentina tiene jerarquía constitucional. El Pacto establece que el Estado no debería generar que las familias queden en situación de calle y mucho menos como conclusión de un procedimiento donde no se garantizó la posibilidad de defensa. Bazán advierte que en algunos casos ni siquiera pueden presentar un informe técnico propio, de un arquitecto de parte, para contestar lo que determinan los funcionarios del Gobierno porteño. Los informes oficiales, dice el abogado, son breves, se basan en un análisis visual y concluyen en la clausura y la evacuación total, aunque los riesgos estructurales que define el Código Urbanístico suelen requerir otro tipo de pericias. A las familias ni siquiera se les permite llevar un arquitecto propio. “Nunca se dejó ingresar a los que iban como peritos de los vecinos”, denuncia Krein.
El mapa de la desigualdad
Los desalojos no se reparten al azar: se concentran en las comunas de la zona sur de la Ciudad, donde están la mayoría de los inquilinatos, conventillos, pensiones y hoteles familiares. Además de ser barrios históricamente relegados por las políticas macristas, tienen más personas en situación de calle y los índices más altos vulnerabilidad social: según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un vecino de Palermo puede vivir hasta siete años más que uno de Villa Lugano.
Mientras tanto, Jorge Macri celebra que el Gobierno porteño llegó al desalojo número mil. Las organizaciones vinculan el avance de los desalojos administrativos con un modelo de ciudad que privilegia la valorización inmobiliaria por sobre el derecho a habitarla.
En junio, la Justicia dictó una medida cautelar que ponía límites a los desalojos administrativos de inmuebles habitados. El Gobierno de Jorge Macri apeló la decisión y anunció que continuaría con su política de recuperación de propiedades. Tras el fallo, el legislador porteño Alejandro “Pitu” Salvatierra explicó: “No estamos en desacuerdo con la restitución de los inmuebles a sus propietarios. Lo que no podemos permitir es que se viole la ley. La Justicia tiene que intervenir porque detrás de esos inmuebles hay familias”.
¿Cuánto alcanza?
Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para 2026 representa su nivel más bajo en 14 años: contempla un recorte real de aproximadamente el 15% frente al año anterior, y las asignaciones para organismos de vivienda representan menos del 1% del gasto total de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el desalojo es un hecho, lo que sigue depende de un monto. El subsidio habitacional máximo es de 227 mil pesos, según el último relevamiento del Ministerio Público de la Defensa, y cubre entre el 42% y el 59% de lo que cuesta una habitación de hotel familiar.
Para Gigi Krein, de la Coordinadora contra los Desalojos y por la Vivienda, hay una lógica detrás de estas intervenciones: “Comprobamos en los hechos que se desaloja para rematar”. Según los datos relevados por la organización, en los últimos cinco años la Ciudad tomó posesión de 415 inmuebles, 240 de los cuales fueron subastados. Otros 281 figuran como “ociosos”, a la espera de remate. Frente a este escenario, la Coordinadora sostiene que esos bienes públicos podrían tener otro destino: ser recuperados para desarrollar soluciones habitacionales, viviendas cooperativas y proyectos de autogestión. Junto con vecinxs y organizaciones, la Coordinadora presentó ante la Legislatura porteña propuestas para modificar las leyes 52, de herencias vacantes, y 6247, de disposición de inmuebles. Entre sus planteos, proponen que estas propiedades no tengan como único destino la subasta, sino que también puedan ponerse a disposición del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y de COPIDIS, el organismo que promueve los derechos de las personas con discapacidad, para impulsar proyectos habitacionales, de autogestión y reurbanización de villas.

Las que sostienen
“Las que sufren la situación de vivienda son mujeres — dice Tamara— Mujeres solas con pibes, mujeres solas a cargo de un familiar, de los sobrinos, porque te juntás con tu hermana para compartir el alquiler. Mujeres a cargo de un hermano con discapacidad. Mujeres migrantes, mujeres que salieron de una situación de violencia y hoy no tienen a dónde recurrir.”
En los desalojos, las infancias también pierden mucho más que una casa. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, 1.409 niñas, niños y adolescentes fueron afectados por desalojos en la Ciudad de Buenos Aires: casi un tercio del total de personas alcanzadas.
En un contexto de desmantelamiento de las políticas para prevenir y abordar las violencias por motivos de género, perder la vivienda puede volver todavía más difícil salir de esas situaciones. ¿Cómo irse si no hay dónde vivir? La Ley 26.485 contempla el acceso a recursos económicos, acompañamiento y alojamiento entre las medidas necesarias para garantizar la autonomía.
Johanna agradece al Bachillerato Mocha Celis: “Si no hubiera estudiado ahí no sé qué hubiera hecho, estábamos desamparadas y me acompañaron en todo momento”. Tamara habla de los comedores y las organizaciones barriales, que “te salvan un poco el día a día”. Redes que aparecen ahí donde la vivienda deja de estar garantizada, cuando el Estado no llega, llega tarde o llega para desalojar. “Sin vivienda no hay posibilidad de futuro”, dice.
Esta nota puede leerse también en el diario Tiempo Argentino, de la Cooperativa de Trabajo Por Más Tiempo.



