Ciudad para pocos: aumentan los desalojos en Buenos Aires

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En CABA, los desalojos administrativos entre 2024 y 2026 pasaron de representar el 2 al 58%. El gobierno de Jorge Macri expulsa sin orden judicial ni garantías de nueva vivienda.

Ciudad para pocos: aumentan los desalojos en Buenos Aires

Por Miranda Carrete

El timbre suena de manera insistente. Si no funciona, golpean la puerta con fuerza. Gritan anunciándose: “¡Guardia de Auxilio y Emergencias! ¡Policía de la Ciudad!”. Llegan para ejecutar el desalojo. La cuadra se corta. En pocos minutos aparecen móviles, uniformes, vallas. Se escuchan sirenas. Los vecinos salen a la vereda para ver qué pasa. A veces se suma un camión hidrante. Un autobomba y camiones que cargan los muebles. Más tarde, llega algún medio de comunicación. Del otro lado de la puerta, el sonido de un desalojo: gritos, llantos y discusiones. Las familias intentan planificar qué harán después, mientras vuelan —los vuelan—  a la calle. Resistirse a la Policía no suele ser una opción. La incertidumbre se instala mientras el operativo avanza. 

«¿A dónde vamos a dormir esta noche?», fue lo primero en lo que pensó Jenny Diestra cuando su hijo la llamó ese viernes de marzo mientras ella iba camino al trabajo. Jenny le dijo que no le abriera a la Policía, pero cuando llegó ya era tarde: sobre la calle Cochabamba, en el barrio porteño de San Cristóbal, todos los vecinos estaban sacando sus cosas.

«Sigo padeciendo las consecuencias de ese desalojo, nos sacaron a todos. Ese mismo día nos pusieron en la puerta una faja de clausura, sin decirnos nada. Éramos cuarenta vecinos. Decían que era por peligro de derrumbe, pero no había nada que diera a entender eso».

Según datos de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, las «clausuras administrativas por riesgo de derrumbe» representan el 52% del total de  desalojos en la ciudad en los primeros dos meses de 2026. Detrás de las cifras hay 1.280 familias que fueron desalojadas de sus casas con procedimientos administrativos ejecutados por orden del gobierno porteño y sin orden judicial previa.

Jenny usó los ahorros de toda su vida para comprar esa casa. Hoy vive en una habitación que le presta una amiga, la casa está en juicio y sus cosas, repartidas: algunas en un depósito, otras dentro del edificio. Cajas que se arman a las apuradas, ropa que se mete en bolsas casi sin mirar, muebles que no sabe si va  a poder sacar. Una vida entera que, en cuestión de horas, tiene que encontrar otro lugar. Una vida entera que se derrumba de repente y sin aviso.

«Entraron y rompieron todo. Nos entregaron un papel del gobierno sin firma de ningún juez. La mayoría de los vecinos nos fuimos. ¿Qué íbamos a hacer?»

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Desalojos, protestas.

Quitar la casa, quitar el hogar

Johanna Solari vivía en un PH sobre la calle Alberti al 500, en el barrio de Balvanera,  que fue desalojado el pasado 11 de junio. Ahora rota entre hoteles y casas de amigas. Sus cuatro hijos —dos de ellos, menores de edad— , vivían con ella y ahora están con su padre en Avellaneda. La más afectada, dice Johanna, fue su madre: con 63 años no entiende cómo la echaron de la casa en la que vive desde los 18. «Yo nací en esa casa. Mi mamá se mudó ahí con su mamá. Toda su vida, toda mi vida, la vida de mis hermanos está ahí. Es la casa de la  familia, nuestro punto de encuentro», lamenta.

La escena desde que llega el operativo hasta que la puerta se cierra suele durar varias horas. “Ese día estuvimos ahí hasta las 3 de la madrugada. La solución que nos daban era ir a paradores, lo que implicaba separarnos», recuerda Johanna.

Los paradores, o Centros de Inclusión Social, son espacios de «contención integral para promover la reinserción social» de las personas en situación de calle, pero con condiciones que no reemplazan una casa y, muchos menos, resuelven el problema de quienes no tienen techo. El Gobierno de la Ciudad también ofrece pasar la noche en pensiones u hoteles, pero ¿quién paga esa cuenta? Algunas familias se separan, intentan acomodar colchones, bolsos y pertenencias donde pueden. Otras quedan en la calle.

Después de un desalojo, las horas pasan lentas. La tensión queda pegada a las paredes, en las veredas quedan rastros del operativo: cartones, papeles, ropa, juguetes. Los días posteriores, las infancias suelen faltar a la escuela y en muchos casos se ven obligadas a cambiar de institución. En el calendario aparece una fecha que después va a ser difícil olvidar. También una calle que puede costar volver a transitar, así lo vive Joha “no paso por la cuadra, me hace mal. Es muy triste”.

«Nuestras cosas siguen en el depósito, algunos vecinos se fueron a un hotel y a mi me tocó eso. Después me fui acomodando con una amiga. Con mi sueldo de ese mes y la venta de algunas cosas conseguí un lugar temporal. Fue todo un caos”, cuenta Johanna que trabaja como cocinera comunitaria en un hogar.

De la excepción a la regla

Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el problema está en el origen. «El Ejecutivo lleva adelante estos desalojos sin ningún tipo de control judicial ni autorización previa», sostiene Leonel Bazán, abogado del equipo de Derecho a la Ciudad de ese organismo que monitorea las políticas habitacionales y las denuncias de desalojos en la ciudad. El gobierno macrista se apoya en el artículo 12 del Decreto 1510/97, que fija como regla la autorización judicial para entrar a un domicilio y admite una excepción: el riesgo cierto e inminente . «Ellos, cuando intervienen, no lo tienen constatado. Parten de una violación del domicilio y después, cuando ingresan, hacen un informe técnico para darle cierto marco de legalidal. Es totalmente ilegal. Lo entendemos como un desalojo forzoso e ilegal, en los términos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que configura una violación grave al derecho a la vivienda adecuada», explica Bazán.

El Comité es el organismo que interpreta cómo debe aplicarse el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en Argentina tiene jerarquía constitucional. El Pacto establece que el Estado no debería generar que las familias queden en situación de calle y mucho menos como conclusión de un procedimiento donde no se garantizó la posibilidad de defensa. Bazan advierte que en algunos casos ni siquiera pueden presentar un informe técnico propio, de un arquitecto de parte, para contestar lo que determinan los funcionarios del gobierno porteño. Los informes oficiales, dice el abogado, son breves, se basan en un análisis visual y concluyen en la clausura y la evacuación total, aunque los riesgos estructurales que define el Código Urbanístico suelen requerir otro tipo de pericias. A las familias ni siquiera se les permite llevar un arquitecto propio. «Nunca se dejó ingresar a los que iban como peritos de los vecinos», denuncia Krein. 

Jenny lo vivió en carne propia: le entregaron un papel de evacuación «sin firma de ningún juez» y el juez intervino después, «porque nosotros hicimos que intervenga». Por su parte, Johanna sigue esperando el resultado del peritaje. «Pasaron ya dos meses y la casa no se cayó», dice y se ríe. Le gustaría poder decírselo así al juez.

El mapa de la desigualdad

Los desalojos no se reparten al azar: se concentran en las comunas de la zona sur de la Ciudad, donde están la mayoría de los inquilinatos, conventillos, pensiones y hoteles familiares. Además de ser barrios históricamente relegados por las políticas macristas, tienen más personas en situación de calle y los índices más altos vulnerabilidad social: según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un vecino de Palermo puede vivir hasta siete años más que uno de Villa Lugano.

Mientras tanto, Jorge Macri celebra que llegaron al desalojo número mil. La foto de los Operativos dentro del slogan Orden y Limpieza, son un calco la policía delante de la vivienda “recuperada”, sus declaraciones en los medios también. “Tenés el que usurpó, ocupó y cometió un delito y familias que eran buena gente, que al único lugar que podían haber accedido para alquilar era ese. Entran en el mismo protocolo que cualquier otra familia que queda sin vivienda y entonces se los aloja en un hotel familiar o en una pensión y se les ayuda con el acceso a un nuevo alquiler. Hay buena gente que está viviendo ahí porque por su informalidad no acceden a un alquiler normal. Entonces los tenés que ayudar”, dijo el Jefe de Gobierno en una entrevista.

La retórica oficial, en línea con la del gobierno nacional, contrapone la «buena gente» con la «delincuencia», pero omite las preguntas de fondo: ¿cuáles son las alternativas reales?, ¿es el desalojo la primera medida estatal?, ¿qué pasa con la escolaridad, los trabajos y la salud mental de miles de personas desplazadas? 

Ciudad para pocos: aumentan los desalojos en Buenos Aires
Desalojo en el barrio de La Boca.

Las organizaciones vinculan el avance de los desalojos administrativos con un modelo de ciudad que privilegia la valorización inmobiliaria por sobre el derecho a habitarla. Mientras se vacía y desfinancia toda política de vivienda, se persigue y expulsa de la Ciudad a las personas que más necesitan acompañamiento de políticas públicas. En junio, la Justicia dictó una medida cautelar que ponía límites a los desalojos administrativos de inmuebles habitados. El gobierno de Jorge Macri apeló la decisión y anunció que continuaría con su política de recuperación de propiedades.

Tras el fallo, el legislador porteño Alejandro “Pitu” Salvatierra explicó: “No estamos en desacuerdo con la restitución de los inmuebles a sus propietarios. Lo que no podemos permitir es que se viole la ley. La Justicia tiene que intervenir porque detrás de esos inmuebles hay familias”.

La matriz de expulsión no se agota en las fronteras de la Ciudad. El gobierno nacional de Javier Milei busca copiar y acelerar los desalojos exprés que la gestión de Jorge Macri supo afianzar en el territorio porteño. Ni bien asumió, el Ejecutivo publicó el Decreto 950/2024 para desafectar y poner en subasta más de 400 inmuebles y terrenos estatales en todo el país. 

¿Cuánto alcanza?

El CELS advierte que en los operativos de desalojo no participan los equipos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat: las familias reciben una asistencia de emergencia, pero deben gestionar por sus propios medios el acceso a un subsidio habitacional. A esa falta de acompañamiento se suma el ajuste en las políticas de vivienda.

Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto previsto para el conjunto de los organismos de vivienda en 2026 cae un 22,9% en términos reales respecto de 2025 y alcanza su nivel más bajo en catorce años, mientras que el presupuesto total de la Ciudad crece un 3,67%.

Para Gigi Krein, de la Coordinadora contra los Desalojos y por la Vivienda, hay una lógica detrás de estas intervenciones: «Comprobamos en los hechos que se desaloja para rematar». Según los datos relevados por la organización, en los últimos cinco años la Ciudad tomó posesión de 415 inmuebles, 240 de los cuales fueron subastados. Otros 281 figuran como «ociosos», a la espera de remate.

Frente a este escenario, la Coordinadora sostiene que esos bienes públicos podrían tener otro destino: ser recuperados para desarrollar soluciones habitacionales, viviendas cooperativas y proyectos de autogestión. Junto con vecinxs y organizaciones, la Coordinadora presentó ante la Legislatura porteña propuestas para modificar las leyes 52, de herencias vacantes, y 6247, de disposición de inmuebles. Entre sus planteos, proponen que estas propiedades no tengan como único destino la subasta, sino que también puedan ponerse a disposición del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y de COPIDIS, el organismo que promueve los derechos de las personas con discapacidad, para impulsar proyectos habitacionales, de autogestión y reurbanización de villas.

La discusión también alcanza al destino de los fondos obtenidos por los remates: según un pedido de acceso a la información pública realizado por la organización, más de 333 millones de pesos recaudados no tenían una asignación identificable. Si hay inmuebles públicos que podrían destinarse a viviendas, ¿por qué la respuesta de la Ciudad sigue siendo el desalojo y el remate? ¿qué intereses se priorizan cuando el patrimonio público se pone a subasta en una ciudad donde cada vez más personas no pueden pagar un alquiler?

Salir de un desalojo e ir al mercado formal es otro límite. Un dos ambientes de 43 m² consumió en abril de 2026 el 38,1% del salario medio de la Ciudad, según Tejido Urbano, por encima del 30% que recomiendan los organismos internacionales. Y eso es el promedio: muy lejos de lo que cobra una cocinera como Johanna o una trabajadora de un programa disuelto como Jenny, que perdió su empleo en Veredas Limpias. Sin contar garantía y comisión. Desde diciembre de 2023, además, rige el DNU 70/2023, que derogó la Ley de Alquileres. Afectando a los inquilinos en la desprotección: contratos sin piso de previsibilidad sobre un mercado que ya expulsaba.

Las que sostienen 

En los desalojos, las infancias también pierden mucho más que una casa. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, 1.409 niñas, niños y adolescentes fueron afectados por desalojos en la Ciudad de Buenos Aires: casi un tercio del total de personas alcanzadas. Detrás de los números hay mudanzas forzadas, escuelas que quedan lejos, vínculos que se interrumpen y redes de cuidado que se desarman. Para las mujeres y las personas LGBTIQ+, perder la vivienda puede profundizar desigualdades previas y sumar obstáculos para acceder a un lugar donde vivir.

En un contexto de desmantelamiento de las políticas para prevenir y abordar las violencias por motivos de género, perder la vivienda puede volver todavía más difícil salir de esas situaciones. ¿Cómo irse si no hay dónde vivir? La Ley 26.485 contempla el acceso a recursos económicos, acompañamiento y alojamiento entre las medidas necesarias para garantizar la autonomía.

El desalojo desarma una trama entera. Jenny vive hoy en La Paternal y su hijo de dieciséis, que estudiaba en San Juan y Entre Ríos, tardó en conseguir una escuela cercana: «Sufrió mucho, porque sus amigos estaban allá». Para Johanna, perder la casa fue también perder parte de su historia. Así lo describe Gigi Krein, que recibe consultas cada quincena:  “un desalojo por derrumbe es de un momento para el otro, sin la preparación, incluso psicológica, que tiene un juicio. Te encontrás con compas que quedan muy rotxs». 

Lo que sostiene son las redes. Johanna agradece al Bachillerato Mocha Celis: «Si no hubiera estudiado ahí no sé qué hubiéra hecho, estábamos desamparadas y me acompañaron en todo momento».

Tamara habla de los comedores y las organizaciones barriales, que «te salvan un poco el día a día», y también del límite: «llega un momento en que no das abasto porque todo el mundo está en crisis». Una escuela, un comedor, una organización barrial, una compañera. Redes que aparecen ahí donde la vivienda deja de estar garantizada y que, muchas veces, sostienen el día a día cuando el Estado no llega, llega tarde o llega para desalojar. «Sin vivienda no hay posibilidad de futuro», dice y agrega que todo lo que hace es por sus hijos, “yo no quiero una vivienda para mí, quiero una vivienda para mis hijos. Quiero asegurarles un techo, y creo que la mayoría pensamos eso. Incluso el que lo tiene».

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Esta nota se publica como parte de la alianza entre Tiempo y Latfem.

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