Cinco entidades sociales que atienden a personas sin techo y el mundo académico fraguaron, en el 2022, una alianza para impulsar una legislación pionera encaminada a erradicar el sinhogarismo más severo. La propuesta de texto entró en el Parlament en enero de dicho año como una proposición de ley avalada por todos los grupos políticos, a excepción de Vox. El calendario quedó truncado; primero, por la lentitud en la tramitación parlamentaria durante la pasada legislatura y, después, por la convocatoria de elecciones anticipadas. Ahora que debería volver a arrancar el proceso, los promotores de esta iniciativa piden a los partidos voluntad y celeridad para abordar una ley que, a su juicio, debería estar aprobada en el 2026.
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“La tramitación empezará desde cero, los diferentes grupos deben volver a entrar el texto en el registro del Parlament”, apunta Antoni Milian, catedrático de Derecho Administrativo de la UAB y director del trabajo para la elaboración del documento. El Tercer Sector alerta de que en el 2024 más gente se ha visto abocada a la calle. “La situación no ha mejorado, se consolida la tendencia de que más jóvenes, la mayoría inmigrantes, acaban sin techo, la presión en Canarias tiene repercusión en Catalunya y nos encontramos con un aumento de mujeres solas con hijos sin hogar que viven en viviendas inseguras”, describe Salvador Maneu, director de Sant Joan de Déu Serveis Socials, una de las cinco entidades, junto con Assís, la Comunitat de Sant’Egidio, Arrels y Càritas, que propusieron dicha ley.
Arrels recuerda que en Barcelona la esperanza de vida de las personas sin techo es 25 años inferior a la media
Uno de los debates es si debe mantenerse el mismo texto o si se introducen modificaciones atendiendo a las enmiendas que en su momento plantearon los diferentes grupos. Durante la pasada tramitación se produjeron más de 70 comparecencias, recuerda Milian. La esperanza es que ahora se apueste por una dinámica más ágil.
Uno de los puntos centrales que define la propuesta inicial es la creación de la figura del “espacio residencial digno”, cualquier tipo de alojamiento al que los ciudadanos que pernoctan al raso puedan acceder las 24 horas del día. Una prestación que estaría incluida en la cartera de los Servicios Sociales. Milian recuerda que el texto original establece que se trataría de una ayuda “permanente mientras los beneficiarios estén en situación de sinhogarismo”. Algunos grupos consideraron oportuno determinar la temporalidad de la misma.
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El grupo de entidades promotor de la proposición de ley se reunirá este próximo mes de enero con la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, y posteriormente con los diputados de los diferentes grupos en la comisión de Drets Socials i Inclusió. “Es una ley de que supondrá un cambio de paradigma, que tendrá un impacto a largo plazo”, señala Maneu.
El desafío que se plantea es garantizar un espacio confortable en una residencia, una vivienda de inserción, una pensión, un hotel o un albergue a los hombres y mujeres que duermen a la intemperie y a los que ahora pernoctan en recursos que solo funcionan de noche y a la mañana siguiente deben marchar.
Actualmente, solo una minoría de ayuntamientos catalanes disponen de una fotografía más o menos ajustada de los ciudadanos sin techo. Por eso otro de los objetivos de la proposición de ley era que todos los municipios con mas de 20.000 habitantes, y un mínimo de 20 sin techo, realizasen de manera periódica recuentos de las personas que duermen en el espacio público.
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Un reciente informe de la Fundació Arrels subraya que la dureza de la calle está detrás de la baja esperanza de vida de quienes subsisten a la intemperie en Barcelona; la media de edad en el momento de su fallecimiento es de 57 años, 25 menos que el promedio global en la ciudad. En el caso de las mujeres es mucho peor, sólo 48 años.
