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En un contexto político cargado de tensiones, el Gobierno promueve una reforma profunda en el sistema de financiamiento de las campañas electorales, con lo que crecerá la influencia del poder económico en la política.
De cara a las Elecciones 2025, el Gobierno Nacional acelera proyecto de reforma electoral. La iniciativa incluye una polémica que ya levanta críticas de diversos sectores: se busca la eliminación del financiamiento público de las campañas políticas y los espacios gratuitos en medios audiovisuales.
La iniciativa, incluida en las sesiones extraordinarias convocadas para febrero, busca modificar la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos con la finalidad de reducir el gasto estatal en un contexto de ajuste fiscal impulsado desde la administración de Javier Milei.
La medida no solo busca privatizar las candidaturas y campañas, sino que también abre la puerta a un modelo donde los grandes capitales tienen un protagonismo decisivo.
El proyecto, apunta a la eliminación del financiamiento público para las campañas y los espacios publicitarios gratuitos, lo que deja únicamente los fondos destinados al sostenimiento institucional de los partidos. Además, esta modificación quita la obligación de asignar porcentajes de la publicidad digital a medios nacionales y provinciales lo que deja a los partidos pequeños en desventaja frente a los que cuentan con respaldo financiero de grandes empresas o individuos.
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En esa línea, la nueva reforma electoral aumenta el límite de los aportes privados. La normativa actual permite a una persona física o jurídica aportar hasta el 2 % del gasto máximo permitido. El proyecto eleva este porcentaje al 35 %, multiplicando por 17,5 la influencia que un único donante puede tener en una campaña.
El impacto de estas medidas no es menor. Por un lado, fortalece al oficialismo, que cuenta con acceso a grandes recursos financieros y tecnológicos. Por otro, coloca en una situación de desventaja a los partidos pequeños o populares, que dependen del limitado apoyo estatal.
Actualmente, la Ley 26.215 establece un sistema mixto de financiamiento político para las campañas electorales. Este esquema combina aportes públicos y privados con límites claros para evitar el predominio de grandes donantes. Los partidos reciben fondos estatales a través del Fondo Partidario Permanente, destinado al desenvolvimiento institucional, la capacitación política y las campañas electorales. Asimismo, las campañas cuentan con un “aporte público extraordinario”, incluido anualmente en la Ley de Presupuesto, y espacios gratuitos en medios audiovisuales regulados por la legislación vigente.
El proyecto de reforma electoral forma parte del paquete de iniciativas incluidas en las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo y requiere mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso nacional. El oficialismo y sus aliados negocian contrarreloj para garantizar su aprobación antes del inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo. Si no logran tratarlo antes del 21 de febrero, el Ejecutivo ya anticipó que insistirá con el debate en el período ordinario.
