Ni de un lado ni del otro se manifestó mayor preocupación. Tanto en el equipo del gobierno electo de Yamandú Orsi como en la actual administración de Luis Lacalle Pou hay tranquilidad con el estado de situación en que se encuentran los procesos de arbitrajes o demandas internacionales que actualmente enfrenta el Estado uruguayo por distintos temas, algunos viejos conocidos de la agenda nacional y otro bien reciente, cuyo desenlace por ahora es incierto.
La tranquilidad al respecto, que fue explicitada por el futuro prosecretario de Presidencia, el exfiscal de Corte Jorge Díaz, luego de reunirse el pasado lunes con el actual secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, se debe en primer término a la poca cantidad de demandas en curso -en sentido estricto, dos en pleno desarrollo y una que ya está en su etapa final-, sobre todo, si se compara con otros países de la región, cuyo número de conflictos es mayor, indicaron a El País fuentes del gobierno actual.
Pero, en segundo lugar, hay tranquilidad también porque se comparte la conformidad sobre el procedimiento seguido en todos los casos y hay consenso en definir como política de Estado. En grandes líneas, este acuerdo en las formas consiste en la contratación de estudios jurídicos extranjeros de primer nivel -ya que los demandantes suelen contratar equipos legales norteamericanos-, que hasta ahora ha sido Foley Hoag (firma con sede en Boston y oficinas en Nueva York, París, Washington y Denver), y una coordinación centralizada en Presidencia de la República, con el respaldo de los especialistas en temas jurídicos, quienes trabajan en el Estado.
Esta “verdadera política de Estado”, remarcó el propio Díaz en rueda de prensa, luego del último encuentro con Ferrés en Torre Ejecutiva, “ha demostrado ser exitosa” y tuvo su inicio en el proceso judicial en el que Uruguay venció a la tabacalera Philip Morris en el año 2016.
En ese encuentro del lunes pasado, el gobierno de Lacalle Pou le entregó a Díaz un documento detallando el estado de situación de todos los procesos a los que Uruguay tiene que hacer frente, incluyendo un caso bien reciente, sobre el que se recibió noticia por primera vez el 10 de enero, y que tiene como interesada a una firma española llamada Asesores Financieros de Andalucía Occidental, Sociedad Gestora de Patrimonios S. A. (ver más en el recuadro).
Los casos
El Estado de situación de los tres grandes arbitrajes es diferente en todos los casos, por lo que hay que ir por partes.
Uno de ellos, que en realidad no debería heredar el gobierno de Orsi, pues se cerraría antes del primero de marzo, refiere a uno de los juicios más sonados de los últimos años y que, aunque culminó en una derrota, hay en verdad una buena noticia para Uruguay, debido al monto que finalmente se deberá pagar, si se lo compara con lo que se exigía en un inicio.
Se trata del conflicto entablado años atrás por Latin American Aviation Holding, el holding que controlaba las acciones de Pluna S. A. y que demandó al Estado uruguayo a partir de la decisión del cierre de la aerolínea en octubre de 2011. Cuando comenzó este proceso, la firma exigía el pago de US$ 800 millones, y tras idas y venidas en la negociación por el cumplimiento con el laudo final durante el 2024, el proceso llegó a su fin.
El gobierno de Lacalle Pou tiene previsto que antes del cambio de mando, y una vez que el gasto sea evaluado por el Tribunal de Cuentas de la República (trámite que se espera que concluya en febrero), se cumplirá con la sanción de US$ 30 millones más intereses, lo que terminará redundando en un monto final de US$ 60 millones. “Hubo un abatimiento gigantesco de los daños”, dijo a El País una fuente de Presidencia.
El otro proceso en desarrollo, y algo más complejo en su estado de situación, ha ocupado también grandes titulares en su momento y, al igual que el caso Pluna, se remonta a decisiones tomadas durante el gobierno de José Mujica (2010-2015). El conflicto en este caso es el generado a raíz de la fallida inversión en minería que intentó la forma Aratirí.
Foto: archivo/El País.
Formalmente, este juicio tuvo una “bifurcación”, antes de que el pleito ingresara en el fondo del asunto, porque la discusión se centró en definir si el demandante tenía o no “legitimación activa”. En 2020, un Tribunal Arbitral había hecho lugar a “la objeción de jurisdicción presentada por Uruguay, entendiendo que los demandantes, en calidad de beneficiarios discrecionales del fideicomiso que indirectamente tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero, no eran titulares al momento de los hechos de un bien protegido por el Convenio. Por tanto carecían de legitimación para plantear una pretensión con respecto a una inversión”, comunicó el Poder Ejecutivo el 8 de agosto de aquel año. Pero la empresa apeló ese fallo y ahora se está a la espera del pronunciamiento de un Tribunal de Casación en París.
Sin embargo, y aunque esto todavía no está resuelto en el ámbito del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas (Ciadi), los denunciantes presentaron igual “una versión preliminar” de su demanda, por un monto superior a los US$ 3.500 millones, cifra “disparatada”, a decir de un jerarca del actual gobierno, y que tiene en cuenta un lucro cesante casi indeterminado.
El tercer caso es un arbitraje que se produjo como consecuencia de una decisión tomada en esta gestión, luego de que en abril de 2021 se resolviera la extensión en 50 años del plazo de concesión de la playa especializada de contenedores del puerto de Montevideo a la firma Katoen Natie-una determinación que generó una fuerte oposición del Frente Amplio y que, paradójicamente, se tomó en un contexto en que la empresa beneficiada había planteado la posibilidad de un juicio también millonario, si no se llegaba a un acuerdo.
Foto: archivo.
El argumento de los accionistas de Montecon -la empresa que compite con la firma belga y se siente damnificada- es que hubo una supuesta violación por parte del Estado a los tratados de inversiones firmados con Chile y Canadá -los países a los que pertenecen los capitales de esta compañía-. Por eso reclaman ser resarcidos con US$ 600 millones.
Es un solo juicio, por más que en la página web del Ciadi figuren dos procesos. Esto se debe a que Neltum Ports S. A, que es quien tiene la mayoría del paquete accionario -los chilenos-, y ATCO Ltd.-de capitales canadienses- iniciaron, por separado, la misma demanda.
La defensa legal, sobre la que además de Ferrés ha venido trabajando la prosecretaria Mariana Cabrera, estará a cargo de Arnold & Porter, una firma de abogados de Estados Unidos de alcance multinacional.
El tribunal que entenderá en este arbitraje, señalaron las fuentes del gobierno consultadas, recién está constituyéndose, con lo que el proceso está también en una etapa inicial.
La firma española que quiere demanda
El 10 de enero pasado, poco antes de la reunión que Jorge Díaz y Rodrigo Ferrés mantuvieron en la Torre Ejecutiva para intercambiar sobre el estado de situación de todos los procesos judiciales internacionales que se están enfrentando, el gobierno fue notificado del interés de parte de la empresa Asesores Financieros de Andalucía Occidental, Sociedad Gestora de Patrimonios S. A. (AFAO), de entablar un arbitraje contra el Estado uruguayo.
La notificación hace referencia a la intención de presentarse ante el Ciadi, y el Estado tiene ahora tres meses para contestar esa comunicación, señalaron a El País fuentes de Presidencia de la República.
El reclamo de la firma española refiere a la afectación de su inversión como consecuencia de la rescisión que el Estado dispuso, en 1998, de un contrato que se había firmado con la compañía Consorcio Ruta 1 S. A. para hacer una obra justamente en la Ruta 1.
Las fuentes del gobierno agregaron que, en la notificación, AFAO no detalla el monto que prevé reclamar.
