Foto: Francisco Flores/Archivo El País.
La última vez que la Justicia debió definir si extendía el tiempo en prisión del exsenador nacionalista Gustavo Penadés y el profesor Sebastián Mauvezín, la discusión previa llevó cerca de cinco horas en total. Fue en setiembre del año pasado. Esta semana se reeditará el mismo debate, puesto que en ese momento la jueza subrogante María Noel Odriozola había extendido la prisión preventiva de ambos imputados por 135 días, que se cumplen este jueves 6 de febrero.
Penadés está imputado por 22 delitos de índole sexual, además de cohecho calificado y asociación para delinquir. Actualmente, la Fiscalía dio la calidad de víctimas a cerca de diez personas. Algunos de ellos continúan siendo menores de edad y otros ya son mayores (pero eran adolescentes al momento del hecho denunciado). Mauvezín, en tanto, está imputado por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad.
La Fiscalía de Delitos Sexuales de 3.er Turno, que encabeza Alicia Ghione, tiene tiempo hasta principios de junio para seguir investigando. Luego de esa fecha deberá definir qué hará con la causa. Es decir, si decide presentar la demanda acusatoria para llevar el caso a juicio (en ese caso se deberá definir por cuántos delitos, cuáles, y qué pena solicitará) o si pide el sobreseimiento.
Por fuera de estas opciones, el caso podría solucionarse previamente, si alguno de los imputados aceptara un acuerdo abreviado (declararse culpable, renunciar a ir a juicio y ser condenado a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena). También podría extenderse si Ghione definiera pedir más tiempo para seguir investigando. El máximo tiempo por el que podría prorrogarse es hasta el mes de octubre, cuando se cumplen los dos años de la imputación.
En estas circunstancias es que el miércoles 5 de febrero, nuevamente, la Fiscalía y los abogados de los imputados y de las víctimas deberán debatir para convencer a la jueza, Marcela Vargas, sobre su posición. Aunque es la cuarta vez en que se va a discutir lo mismo (octubre de 2023, abril de 2024 y setiembre de 2023), esta vez hay dos diferencias.
La primera es que la audiencia se da a pocos días del levantamiento de la feria judicial. Es decir, los equipos legales estuvieron de receso en las últimas semanas. Salvo excepciones por urgencias puntuales, las investigaciones durante la feria judicial o se detienen o se enlentecen. A su vez, en el caso del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, que defiende a la mayoría de las víctimas, un nuevo año significa un recambio de alumnos.
Aunque los responsables de la causa son el director del Consultorio, Juan Raúl Williman, y la abogada Soledad Suárez, los alumnos colaboran activamente en la preparación de las audiencias, puesto que es condición necesaria para salvar el curso. Cuando termina el año, finaliza la materia y son nuevos estudiantes los que tienen que hacerse cargo del caso.
La otra diferencia es el paso del tiempo. Si la Fiscalía pretendiera que los imputados continúen presos, debe demostrar que luego de haber estado un año y medio tras las rejas, ambos siguen significando un riesgo para la integridad de las víctimas y para el correcto desarrollo de la investigación. Según supo El País, están convencidos de que el paso del tiempo no influyó en la situación y que las condiciones son las mismas.
En instancias anteriores, pero especialmente en la última, los abogados de Penadés, Homero Guerrero y Laura Robatto, y las abogadas de Mauvezín, Daiana Abracinskas y Rosana Gavazzo, insistieron en la necesidad de que se dispusiera la libertad. O en su defecto, la medida de arresto domiciliario total. Argumentaron en esa oportunidad que las víctimas ya declararon -por lo que no puede frustrarse esa etapa- y que Penadés ya no es un poderoso senador como era en marzo de 2023, sino que también es un ciudadano que fue sometido al “linchamiento mediático”. Sumaron que ninguno de los participantes de “la trama” estaría en condiciones de auxiliarlo. En el caso de Mauvezín, hicieron énfasis en que a su juicio no hay pruebas de que en ningún momento haya estado vinculado a la trama para salvar al exsenador.
Para disponer que una persona vaya a prisión preventiva (es decir, sin condena firme, como es en este caso) deben ocurrir dos cosas. La primera, es que haya “semiplena prueba” de que cometió el hecho que se le imputa. En el caso de Penadés y Mauvezín, en octubre de 2023 (la primera vez que fueron presos), la jueza Vargas entendió que esa semiplena prueba existía. Por ende, en las instancias siguientes como la de esta semana, lo que se debe verificar es que no haya surgido ningún elemento novedoso que haya hecho disminuir esa semiplena prueba.
Si se lograra superar esa etapa, lo siguiente es verificar que sigan existiendo riesgos para el proceso. Es decir, que la libertad de los imputados (a la que tienen derecho constitucionalmente) no ponga en peligro la causa. En el caso Penadés, por parte de la Fiscalía y los abogados de las víctimas se ha argumentado que han existido movimientos para frustrar la causa (la trama) y que las víctimas del caso son especialmente vulnerables y ya fueron amedrentadas. Por ende, se configura el riesgo para la investigación y el riesgo para las víctimas, previstos en el Código del Proceso Penal.
La última audiencia por el caso fue de especial tensión. Abracinskas acusó a la fiscal de mentir. “La objetividad de mi investigación puede o no llevar a la condena de los imputados, ¡esa es la molestia!”, contestó, entre otras cosas, Ghione. A su vez, la abogada de Penadés, Laura Robatto, dijo que no iba a apelar a la decisión de la jueza Odriozola de extender la prisión “porque no hay garantías” y se refirió a la transmisión en streaming de la audiencia: “Que la gente vea cómo funciona la Justicia en Uruguay”.
Asesores de Penadés son testigos en el caso penal
Inicialmente, el exsecretario de Gustavo Penadés, Horacio Tejera, y Graciela del Vecchio, amiga personal del exsenador, habían sido citados a Fiscalía en calidad de investigados. Pero en noviembre eso cambió y fueron convocados a declarar como testigos, señaló el abogado de ambos, Rodrigo Martínez, a El País a fines del año pasado. Eso implica que no tienen la posibilidad de mentir, como sí los imputados. Si lo hicieran y se comprobara, serían pasibles de ser perseguidos por el delito de falso testimonio, y la pena es de tres meses a ocho años de cárcel.
