L’Hospitalet de Llobregat
La fibra óptica en el siglo XXI es algo así como el teléfono hace un siglo. Si por aquel entonces garantizar que se podía hacer una llamada ponía en el mapa al municipio, hoy en día que disponga de internet a alta velocidad da pie a nuevas oportunidades económicas y laborales.
Aún así, los 6.700 kilómetros de la red de fibra óptica de titularidad pública solo llegan todavía al 65% de los municipios catalanes. El objetivo que se ha marcado la Generalitat es alcanzar al 78% de las poblaciones a finales de año, superando así los 8.000 kilómetros de red desplegada, dando servicio a 121 municipios nuevos. La culminación de estos nuevos tramos supondrán una inversión de 91,5 millones de euros.
Serán necesarios un centenar de millones más para hacer realidad el horizonte final, que pasa por alcanzar el 100% de Catalunya con un punto de acceso a la red de alta velocidad antes de acabar la legislatura. Ese ha sido el compromiso del Govern este lunes en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) ante los representantes de entidades rurales y las diputaciones provinciales, que son las que han venido haciéndose cargo de ejecutar las obras durante los últimos años.
Reunión del conseller de Presidència, Albert Dalmau, con los representantes locales en el CTTI
Pol Solà / ACN
Para esta última etapa, además de ayuntamientos y diputaciones, hará falta también la participación del Gobierno. La fórmula más rápida y económica para extender el cableado se basa en el aprovechamiento de los arcenes de las carreteras y resulta que para llegar a numerosos puntos del Pirineo solo es posible hacerlo a través de vías de titularidad estatal.
El trámite aún no se ha solicitado al Ministerio correspondiente y el procedimiento supondrá un nuevo reto para los responsables del despliegue de la fibra óptica en Catalunya, que en los últimos tiempos habían visto como se ralentizaba el despliegue después de un gran empujón durante los años posteriores a la pandemia, cuando ganó peso el teletrabajo y las diputaciones se dieron cuenta de lo difícil que era teletrabajar desde según que lugares alejados de la ciudad.
La llegada a edificios públicos va a cargo de la administración y las operadoras privadas lo extienden a los hogares
El lugar preferente al que se liga la estrategia de conectividad pública se dirige a escuelas, centros de atención primaria y ayuntamientos. Una vez ha llegado la infraestructura pública a esos municipios más remotos, se abre también a los operadores privados de telecomunicaciones para que la extiendan hasta los domicilios. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha advertido durante la presentación que serán “exigentes” con las operadoras en la resolución de incidencias y el despliegue en los puntos aislados.
En ese sentido, se creará un comité técnico de seguimiento de incidencias de servicios de telecomunicaciones en Catalunya y se revisarán los mecanismos de contacto de los ayuntamientos con los operadoras, además de definir un protocolo de clasificación de la criticidad de las incidencias. Todo ello quedará recogido en un protocolo firmado por el Govern, entidades municipales y operadoras privadas.
Se da continuidad así al compromiso que se alcanzó hace unas semanas entre todas las partes implicadas para dotarse de un marco estable de cooperación y se dejan marcados sobre el papel los objetivos de extensión de la red de fibra óptica, que debe jugar un papel fundamental en favorecer el desarrollo económico de zonas rurales y con baja densidad de población, ayudando a mitigar así la brecha digital a nivel territorial.
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