Agencias
Barcelona
La joven de 24 años que solicitó la muerte asistida, tras un intento de autolisis en octubre de 2022, tendrá que declarar ante el juez para decidir si avala la eutanasia. El Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona ha señalado para el próximo 4 de marzo la vista oral en la Ciutat de la Justicia de Barcelona a petición de la Fiscalía, en la que será interrogada la joven, además de otros testigos y médicos que la han atendido, después de que el padre, contrario a la eutanasia, recurriera ante los tribunales.
La citación fue realizada por la misma titular del Juzgado de Barcelona que previamente suspendió la eutanasia al no apreciar “un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”, pese a que había recibido todos los avales médicos.
El padre pide suspender el proceso, alegando que “su consentimiento estaba viciado”
La joven solicitó la eutanasia, que fue avalada por la Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat, tras un intento de autolisis en octubre de 2022, que le provocó una lesión medular severa que afecta a su movilidad.
Estaba previsto que la joven recibiera la eutanasia el 2 de agosto de 2024, pero su padre, representado legalmente por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, pidió a la jueza que decretara medidas cautelares y paralizara el proceso y aportó un vídeo para intentar demostrar que su hija puede caminar con ayuda de muletas y que puede mejorar de su lesión.
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El padre también manifestó, en palabras de su abogado, José María Fernández, que “su consentimiento estaba viciado” por los problemas de salud mental que padece.
La joven sufre varias patologías mentales y una lesión medular que le obliga a desplazarse en una silla de ruedas, pero su padre recurrió ante los tribunales alegando que su petición de eutanasia es previa a las dolencias físicas que padece y que tiene un trastorno límite de personalidad que la incapacita para decidir.
El juzgado, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, acordó suspender la ejecución de la eutanasia y elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que rechazó ser competente en el asunto y lo volvió a remitir al contencioso.
La jueza solicita pruebas psiquiátricas y médicas
La jueza admite la prueba documental solicitada por el Ministerio Fiscal y pide al Instituto Médico Forense que designe a un médico especialista en psiquiatría para que determine si el consentimiento prestado por la joven “lo fue de forma libre, sin injerencia, o influenciado por su propia patología mental”.
Además, pide que el forense analice si el padecimiento que sufre la joven puede calificarse como “grave, crónico, constante e imposibilitante” y si existe posibilidad de una mejora con un tratamiento adecuado.
También cita a declarar a una doctora experta en neuropsicología clínica, a una doctora especializada en lesiones medulares del Instituto Guttmann de Barcelona —que trató a la joven—, a una médico especialista en psiquiatría e investigadora del Grupo de Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones del Hospital Vall d’Hebron y a los médicos que valoraron y aceptaron la petición de la eutanasia.
