En vísperas del paro nacional convocado por un sector de transportistas peruanos para el jueves 6 de enero, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, garantizó que la Policía Nacional del Perú (PNP) tomará medidas firmes para proteger tanto la propiedad pública como privada, así como la integridad de los ciudadanos. Según detalló en una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, la actuación de la PNP será conforme al marco constitucional, buscando prevenir actos de violencia durante la jornada.
El titular del interior afirmó categóricamente que “la Policía Nacional no va a permitir ningún conato de violencia y afectación al patrimonio público o privado, o la integridad de ninguna persona”. Al mismo tiempo, destacó que, mientras se garantizará el derecho a la protesta establecida en la Constitución, se aplicarán medidas de control ante cualquier intento de desórdenes.
En línea con estas declaraciones, el ministro también advirtió sobre ciertas condiciones que pondrán fin a las negociaciones en caso de disturbios. “Al primer lanzamiento de piedra el diálogo se terminará”, sentenció Santivañez.
El ministro subrayó que este paro de transportistas responde, más allá de la coyuntura que lo origina, a intereses de índole política. Sin embargo, insistió en que el gobierno es respetuoso de las manifestaciones pacíficas. “Vamos a acompañar a quienes decidan marchar, pero también vamos a brindar protección a quienes no decidan hacerlo”, aseguró el funcionario.
Frente a la previsión de protestas, la PNP desplegará dispositivos de seguridad a nivel nacional para anticiparse a cualquier eventualidad. Cabe destacar que no todos los gremios de transportistas han manifestado su adhesión a esta jornada de paralización, según confirmaron gremios independientes a distintos medios de comunicación.
De acuerdo con el balance presentado, el ministro Santivañez describió como informales e ilegales a los grupos convocantes del paro. Además, enfatizó que no se permitirán actos que afecten el orden público y la tranquilidad de los ciudadanos. “Hay que ser bastante claros”, insistió, subrayando que todo aquel que transgreda estas líneas deberá enfrentar las consecuencias dentro de la ley.
Organizaciones del sector transporte que rechazan la medida han exigido una mayor acción frente al crimen organizado, rechazando cualquier vínculo con protestas que pongan en riesgo el orden. Estos gremios piden trabajar conjuntamente con el Estado para enfrentar los desafíos prioritarios del sector.
Mientras tanto, la población permanece alerta a los posibles impactos de la paralización en las actividades cotidianas y servicios esenciales. Sin embargo, las autoridades han reiterado que la PNP cuenta con un plan operativo que incluye medidas extraordinarias para garantizar el tránsito y la protección en puntos estratégicos.
Eel llamado del gobierno es claro: la protesta es un derecho constitucional, siempre y cuando no se traduzca en actos de violencia. Con ello, buscan equilibrar la expresión cívica y la convivencia pacífica, priorizando el bienestar común.
