Por Asociación Siembra Valores: Dra. Magdalena Hermida, Mtra. Alejandra Pastorino; Lic. Déborah Kerikian; por Cemur: Esc. Gianella Aloise, Ps. Dina Boyadji, Ps.Viviana de Luca; por Ministerio Nehemías: Mag. Elizabeth Flores; por Instituto Jurídico Cristiano: Dr. Pablo Martínez, Dra. Florencia Gullo, Dra. Rossana Guillén | Montevideo
@|Ante las recientes declaraciones de la designada Ministra de Salud Pública, de organizaciones de la Sociedad Civil y de la Academia, acerca de ampliar los plazos máximos para abortar, eliminar la etapa de consulta previa con el equipo interdisciplinario, y quitar del Código Penal la figura del delito de aborto, decimos que nos oponemos terminantemente a estas atrocidades, y exigimos de inmediato la derogación de la mal llamada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, número 18.987.
Fundamos nuestra exposición en que quitarle la vida a un ser humano en el vientre materno, despojándolo de su derecho a nacer, es un homicidio altamente calificado, por cuanto es realizado con premeditación, alevosía, por su propia madre, padre o entorno, con la participación de un médico que debiera proteger la vida humana desde la concepción.
Estas palabras podrían sonar fuertes, pero no dejan de ser una realidad. Una realidad que también ha mostrado en el último Censo, que la población de Uruguay sólo creció un 1 % respecto del anterior, no alcanzando siquiera los tres millones y medio de habitantes. Es necesario además, tener en cuenta que, desde hace más de doce años, se le ha causado la muerte a más de 106.000 personas, por aborto provocado; dejando a sus progenitores y al entorno con secuelas emocionales que tal vez nunca se puedan expresar, pero que se sufren provocando consecuencias como altos índices de depresión, ansiedad y otros.
El no tener vida es no ser, ya que, no existe un ser sin vida. Desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, pasando por la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU del año 1948 y por la Convención Americana de los Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, se reconoce el derecho a la vida. Esas declaraciones no crean el derecho a la vida, sino que lo reconocen, porque la vida humana surge desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, o sea desde la concepción. Sin vida, no hay libertad, no hay nada, de hecho, no hay ser.
El Dr. Arezo Píriz, analiza el artículo 1º de la Convención Universal de los Derechos del Niño, señalando: “El ser humano comienza a existir como vida autónoma desde que el material genético procedente del padre y de la madre, en el momento de la concepción -que es el instante cuando el óvulo materno y el espermatozoide paterno constituyen una sola célula- se unen para convertirse en embrión, huevo o cigoto. Este ser vivo, enteramente independiente, lleva el material genético propio no sólo de la especie humana sino, también, el de ese ser individual durante el resto de su vida”.
Tal como señala el Dr. Jiménez de Aréchaga: “Nuestra Constitución no entiende crear esos derechos a favor del individuo, sino simplemente proclamar su existencia y garantizarla, concibiéndolos como anteriores al texto constitucional”.
Es por ello, y siguiendo a los prestigiosos juristas mencionados, que afirmamos nuestra posición: el concebido tiene derecho a la vida, a nacer y a gozar de su vida, y nadie tiene el derecho a impedir que eso ocurra; ni nadie tiene derecho a quitarse la vida, ni pedirle a otra persona que se la quite en su lugar.
Es importante tener presente, además, que no hay consenso internacional sobre que exista un derecho al aborto. Esto se reflejó claramente en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 19 de diciembre de 2024, caso “Beatriz c/ El Salvador”, en la que no reconoce el aborto como derecho. La vida es un derecho humano universal.
Instamos y proponemos a las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública, a dar prioridad a necesidades de nuestra sociedad que no están siendo atendidas, como las relacionadas a la salud mental, la prevención de suicidios en adolescentes, el tratamiento de las adicciones y la implementación de cuidados paliativos con alcance a toda la población del país.
Por los fundamentos expuestos, sostenemos que la mal llamada “Ley de interrupción voluntaria del embarazo”, no debe ser modificada, ya sea ampliando o reduciendo plazos, sea ampliando o reduciendo requisitos para abortar, sino que debe ser derogada, porque cada vez que se aplica se está matando a un ser de la especie humana.
