El gobierno electo encabezado por Yamandú Orsi procuró este miércoles transmitir una señal de equidistancia entre los planteos de los sindicatos y los de los empresarios. Lo hizo a través de un gesto concreto: concederles el mismo día al Pit-Cnt y a la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay las respectivas audencias que esas organizaciones -con reclamos e iniciativas muchas veces contrapuestas- habían solicitado luego de las elecciones.
La instancia llegó en un momento complejo a nivel laboral, en donde, en plena transición, varias empresas plantean dificultades o directamente anuncian su retiro, comprometiendo miles de puestos de trabajo.
El primer turno le correspondió al Pit-Cnt. La delegación fue encabezada por su presidente, Marcelo Abdala, que en poco más de una hora presentó ante el gobierno electo los «énfasis programáticos» que la central sindical ya tenía definidos en un documento y que, en líneas generales, pasan por una «estrategia nacional de desarrollo basados en el trabajo de calidad».
Foto: Francisco Flores
Lo que el Pit-Cnt pretende es la instalación inmediata de un «ámbito de diálogo nacional» que mire ese desarrollo con la perspectiva de «beneficiar a las grandes mayorías». También se manifestó la aspiración de una mejora sustancial de los salarios, sobre todo los más sumergidos. «Debe saberse que en 2019 habían 450 mil trabajadores que ganaban menos de $ 25 mil. Hoy ya son 550 mil», apuntó Abdala.
Tal como adelantó este lunes El País, la central sindical le planteó a Orsi apuntar a una ley que reduzca la jornada laboral. Allí se habló de una norma «general» que limite el «máximo a trabajar» a 40 horas a la semana, cuya aplicación debería procesarse en la negociación colectiva por rama de actividad. Al respecto, Abdala subrayó la disposición de la central sindical de discutir, «con toda la información arriba de la mesa», la cuestión de la productividad de los trabajadores en este eventual nuevo esquema.
El Pit-Cnt insistió además ante Orsi en una «reforma integral» del sistema de la seguridad social. Se propuso volver a fijar en 60 años la edad mínima de retiro. Las bases programáticas del Frente Amplio (FA) admiten la posibilidad de discutir este punto -uno de los tres de la fracasada propuesta de reforma impulsada por la central- a través del «diálogo social» que el gobierno electo pretende convocar y que será canalizado a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Ante la escalada de conflictividad de las últimas semanas, Abdala sostuvo además la necesidad de que, ni bien el gobierno de Orsi asuma tenga una «participación con sensibilidad» que ayude a resolver esta situación.
Un país caro
«Se estudiará» fue la respuesta de Orsi y su equipo ante estos planteos. La misma que, momentos después, fue transmitida a la delegación de las cámaras. Al retirarse, Abdala saludó brevemente al presidente de la Confederación Empresarial, Diego O’Neill, con el que se cruzó en el lobby del Edificio Plaza Alemania, donde el gobierno electo viene procesando la transición. En el caso de los empresarios, fue la primera reunión con Orsi desde las elecciones.
«Encontramos muy buena receptividad», dijo el empresario, luego de hora y media de diálogo. Allí la cámara planteó sus inquietudes, que pasan por un necesario crecimiento para mantener la actividad económica, y de la pérdida de competitividad que afecta a la mayoría de las empresas uruguayas. «Es un problema estructural del país», expresó. Como ejemplo, mencionó la decisión de la japonesa Yazaki de retirarse del país, o el reciente anuncio de «reestructura» por parte de Industria Sulfúrica S.A. (Isusa).
«Allí hay mucho para hacer, pero es un problema que el país arrastra desde hace mucho tiempo», apuntó. «Uruguay es un país caro para producir, para vivir»,insistió, al plantear la necesidad de una revisión de los costos internos.
Otro reclamo de la cámara pasó por la revisión de todas aquellas «medidas burocráticas» o regulaciones que dificultan, enlentecen o encarecen la actividad empresarial. «Hay que tener un Estado más eficiente y ágil», dijo.
Basado en las declaraciones del futuro equipo económico encabezado por Gabriel Oddone, O’Neill dijo confiar en que exista una «continuidad» en las políticas tributarias y macroeconómicas con respecto al actual gobierno. «Dijeron varias veces que no habrá aumentos de impuestos», recordó. Al respecto, señaló que «no hay nada que nos preocupe», por lo menos en los primeros meses de la futura administración.
De la misma forma que lo expresado por Abdala, O´Neill valoró la «voluntad» manifestada por Orsi de atender estos reclamos.
Castillo: 11 conflictos abiertos
En el medio de los reclamos de sindicatos y empresarios aparece el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, cuya designación ha sido cuestionada desde sectores políticos y económicos. «Esperamos que tenga una gestión equilibrada en el ministerio» expresó este miércoles O’Neill, al precisar que institucionalmente las cámaras no tienen reparo a su nombramiento.
En las últimas semanas el designado ministro había llamado la atención sobre la escalada de conflictividad y cierre de empresas en plena transición entre gobiernos. Castillo tiene enumerados once conflictos sindicales abiertos, que pueden implicar la pérdida de miles de puestos de trabajo. A los casos de Yasaki e Isusa se le agregan Coleme y otras dos cooperativas lácteas, más dos laboratorios que también anunciaron reestructuras.
Este lunes la designada ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, mencionó la necesidad de que en el gobierno electo se sea “muy cuidadoso” a la hora de hacer declaraciones, para evitar que se dé una “corrida de empresas”, en referencia al caso de Yazaki, que recientemente anunció el cese de sus operaciones, dejando sin trabajo a unas 1.200 personas. Tal vez por ese motivo, Castillo optó por retirarse sin efectuar comentarios sobre las reuniones con el Pit y los empresarios.
Abdala, por su parte, calificó como una «mentira burda» la afirmación de que el retiro de Yasaki obedezca, como se mencionó ,a constantes conflictos sindicales. Basado en un «cálculo» en poder de la central sindical, el presidente del Pit-Cnt señaló que esa firma hubo 52 horas de paro por asamblea por fuera de lo acordado en el convenio colectivo. «Es absolutamente marginal», expresó. «Ellos se van porque, con la misma inversión, sacan mucho más ganancia en Paraguay pagando menos salarios», dijo.
