¿Cómo podría salir Argentina de la OMS?

El anuncio del gobierno sobre la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no se concretará de manera inmediata ni sencilla. La decisión enfrenta un complejo entramado legal que exige un proceso detallado y una serie de pasos burocráticos que involucran tanto al Ejecutivo como al Congreso. A pesar de las críticas de Javier Milei y su equipo hacia la gestión de la OMS durante la pandemia, la desvinculación del organismo requiere cumplir con normativas vigentes.

El gobierno deberá definir la estrategia para avanzar con el retiro. Una opción consiste en enviar un proyecto de ley al Congreso para derogar las normativas que vinculan al país con la OMS. Esto implicaría someterse al debate legislativo y negociar apoyos para su aprobación. La otra alternativa es que el Ejecutivo emita un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para concretar la salida de manera unilateral. Sin embargo, esta vía podría generar costos políticos y enfrentar intentos de revocación en el Congreso, como ocurrió con el decreto que otorgó fondos extraordinarios a la SIDE.

Qué vías encontraría Argentina para salir de la OMS

“Si no quiere ley, para que el país salga de la OMS el Gobierno debe firmar un DNU, por decreto normal no pueden”, explicó un diputado especializado en salud. Por su parte, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló que el reglamento de la OMS no contempla un mecanismo de salida para los Estados miembros. Según sus disposiciones, la desvinculación de un país solo se haría efectiva un año después de presentada la notificación oficial.

Argentina forma parte de la OMS desde su creación en 1948, cuando el Congreso aprobó la adhesión mediante la Ley 13.211. El organismo nació como parte de los acuerdos internacionales impulsados tras la Segunda Guerra Mundial y su constitución entró en vigor el 7 de abril de ese año. Desde entonces, el país también se integró a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), institución con antecedentes que datan de 1902. El gobierno intentó minimizar las repercusiones de la salida de la OMS argumentando que Argentina seguirá siendo parte de la OPS.

“Argentina no recibe financiamiento de OMS y aunque algunos proyectos de cooperación técnica pueden recibir financiamiento, estos se efectivizan mediante OPS. Es importante destacar que salir de OMS no significa salir de OPS que es preexistente y depende de la OEA”, sostuvo el ministro de Salud, Mario Lugones.

Las normativas a las que adhiere el país

A lo largo de las décadas, el país incorporó diversas normativas que fortalecieron su participación en la OMS. En 1961, el Congreso sancionó la Ley 15.911, que aprobó modificaciones en los artículos 24 y 25 de la constitución del organismo. En 1970, se sumó la Ley 18.812 con nuevas enmiendas a esos artículos. Durante la última dictadura, en 1973, se aprobó la Ley 21.406, que incorporó cambios en los artículos 34 y 55 de la OMS. Ya con la reforma constitucional de 1994, el país sumó la Ley 24.403 para ratificar nuevas modificaciones en la estructura del organismo internacional.

En 1999, el Congreso sancionó la Ley 25.185, que modificó el artículo 74 de la OMS, y en el año 2000 aprobó la Ley 25.330 con enmiendas adicionales a los artículos 24 y 25. Finalmente, en 2007, se promulgó la Ley 26.256, que estableció un convenio sobre relaciones institucionales con la OPS y la OMS.

El marco jurídico del organismo sanitario no establece una cláusula específica para la salida de un Estado miembro. Gil Domínguez explicó que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en su artículo 56, regula estos casos y determina que, si un tratado no contempla su terminación o denuncia, un país solo podrá desvincularse si todas las partes lo aceptan o si el derecho de salida se infiere de la naturaleza del acuerdo. En ese sentido, Argentina deberá notificar con doce meses de antelación su intención de abandonar la OMS.

Qué dice la constitución

Gil Domínguez agregó que la Constitución Nacional exige la intervención del Congreso para denunciar un tratado internacional. “La Constitución exige para determinados tratados (los que tienen jerarquía constitucional y los que delegan competencia y jurisdicción a organizaciones supraestatales) que previo a la denuncia por parte del Poder Ejecutivo intervenga el Congreso requiriendo una mayoría agravada -dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara- y mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara para poder efectivizar la denuncia”, explicó.

El constitucionalista sostuvo que si se trata de un instrumento internacional sobre derechos humanos, como lo es la salud integral, la denuncia también debería contar con el aval del Congreso mediante mayoría simple. “En la medida que se interprete que la Constitución de la OMS habilita implícitamente el retiro, para que el Estado argentino pueda ‘irse’ de la OMS se requiere la aprobación previa del Congreso con una mayoría simple y la denuncia surtiría efectos a partir del año de notificada”, afirmó.

El anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni y las declaraciones de Milei en redes sociales no generaron cambios automáticos en la relación de Argentina con la OMS. Para concretar la salida, el Congreso deberá derogar las leyes que vinculan al país con el organismo, o bien el Ejecutivo deberá emitir un DNU que podría ser revisado por el Parlamento. En cualquiera de los escenarios, el retiro solo entraría en vigencia un año después de la notificación oficial, lo que prolonga el proceso y abre un debate político y legal sobre la viabilidad de la medida.

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