La reciente decisión de la administración Trump de desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) pone en riesgo iniciativas esenciales en América Latina, según un informe de Associated Press. Países como Colombia, Brasil y Perú, que han dependido en gran medida de USAID para proyectos de asistencia humanitaria, conservación y erradicación de cultivos ilícitos, enfrentan desafíos significativos ante la retirada de este apoyo.
La decisión de cerrar USAID ha generado críticas generalizadas y preocupaciones sobre el impacto en la estabilidad y el desarrollo de la región. Líderes locales y organizaciones temen que la retirada de la ayuda debilite los esfuerzos en curso y ponga en peligro a las poblaciones vulnerables y al medio ambiente.
En Colombia, USAID ha sido fundamental en la provisión de ayuda humanitaria a más de 2.8 millones de venezolanos que han huido de la crisis económica en su país. Solo en 2024, la agencia transfirió aproximadamente 45 millones de dólares al Programa Mundial de Alimentos de la ONU para asistir a estos migrantes. La suspensión de esta asistencia podría agravar la situación de vulnerabilidad de esta población.
En Brasil, la iniciativa más destacada es la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad del Amazonas, que se centra en la conservación mediante la mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y otras comunidades forestales. Solo en 2024, USAID donó al país 22.6 millones.
La retirada de fondos amenaza proyectos que han sido cruciales para la protección de la selva amazónica y el sustento de sus habitantes.
Perú, el segundo mayor productor de cocaína del mundo después de Colombia, ha recibido apoyo de USAID desde la década de 1980 para programas de sustitución de cultivos, promoviendo alternativas como el café y el cacao. La eliminación de este financiamiento podría dificultar los esfuerzos para controlar la producción de coca y fortalecer economías lícitas en áreas rurales.
Estos tres casos no son los únicos. En 2023, USAID envió apoyo a Haití (316 millones de dólares), Venezuela (205 mdd), Colombia (389 mdd), México (71 mdd), Honduras (144 mdd), Guatemala (178 mdd), República Dominicana (49 mdd), Chile (0.3 mdd), Bolivia (0.6 mdd), Panamá (0.9 mdd), Costa Rica (5 mdd), Cuba (9mdd) y Ecuador (46 mdd).
La decisión de cerrar USAID se enmarca en la política de la administración Trump de reducir el tamaño del gobierno federal y alinear la asistencia exterior con la agenda “America First”. Trump, en colaboración con Elon Musk, líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha argumentado que USAID es una organización ineficiente y “más allá de la reparación”, justificando así su clausura.
Sin embargo, expertos en derecho constitucional señalan que solo el Congreso tiene la autoridad para crear o desmantelar agencias federales y controlar el gasto, por lo que esta acción podría ser ilegal. A pesar de ello, el Congreso, controlado por los republicanos, no ha mostrado resistencia pública a esta decisión. Críticos de la medida advierten que, aunque pueda ser ilegal, las dinámicas políticas actuales podrían permitir el cierre no autorizado de la agencia de ayuda.
