Con 138 votos a favor y 94 en contra, Diputados aprobó la media sanción al proyecto que modifica las figuras de reincidencia y reiterancia delictiva, impulsado por Patricia Bullrich.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en su primera sesión extraordinaria, el proyecto que busca terminar con la «puerta giratoria» en el sistema judicial, modificando las figuras de reincidencia y reiterancia delictiva. El proyecto, enviado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió 138 votos a favor, 94 en contra y 1 abstención, y ahora deberá pasar al Senado para convertirse en ley.
El objetivo principal de la iniciativa es endurecer las penas para los delincuentes que reinciden en delitos, incluso para aquellos con antecedentes, aunque no hayan sido condenados previamente. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, defendió el proyecto, afirmando que «es inadmisible que los delincuentes entren y salgan del sistema judicial sin consecuencias reales».
Las modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal establecen que la reincidencia será aplicada a toda persona condenada a penas privativas de libertad en dos o más ocasiones, siempre que la primera condena sea firme. Además, la reiterancia delictiva se incorporará como un criterio para evaluar la prisión preventiva, considerando las imputaciones previas.
Rodríguez Machado destacó que «no es solo reincidencia, ahora también abordamos la reiterancia delictiva, un flagelo que permite a muchos delincuentes seguir delinquiendo mientras esperan juicio». Por su parte, el diputado radical y ex juez, Fernando Carbajal, apoyó el artículo de reincidencia pero se mostró en desacuerdo con el de reiterancia, señalando que «antes de que una persona haya sido condenada por un delito, decir que es un delincuente es llanamente una infamia».
La sesión de Diputados también continuó con el debate sobre la ley de Juicio en Ausencia, que modifica el Código Procesal Penal para permitir que los juicios avancen sin la presencia del imputado, bajo ciertas condiciones. Este proyecto busca avanzar en casos emblemáticos como los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, y podría ser clave para el futuro judicial del país.
