Nuevo golpe de efecto del alcalde Jaume Collboni. La fundación Habitat 3 y el Ayuntamiento de Barcelona comprarán la casa Orsola por más de nueve millones de euros. El Consistorio encuentra así una salida a un agrio conflicto que tenía buena parte de la ciudad en vilo. El acuerdo se alcanza en el marco del proceso de mediación abierto hace pocos días por el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, para revertir un enfrentamiento entre propietarios e inquilinos enfangado desde hace años. Además, esta operación abre la puerta a nuevas maneras de generar vivienda asequible.
La compra, sin embargo, no está exenta de polémica, y ya abre un intenso debate sobre las intervenciones de las administraciones en el mercado inmobiliario, el papel de la entidades ciudadanas, la presión ciudadana… Muchos inquilinos de esta ciudad también vieron como su edificio fue adquirido por inversores que ya les comunicaron que no renovarán sus contratos. Antes de que el alcalde Collboni terminara su rueda de prensa ya se le echaron encima los agentes de la propiedad inmobiliaria y el Sindicat de Llogateres.
Este método puede permitir a entidades sociales acometer proyectos hasta ahora impensables
En su comparecencia de este viernes el alcalde Collboni se congratuló de que la compra de esta finca ubicada entre las calles Consell de Cent y Calàbria, en el corazón del nuevo eje verde del Eixample, se llevará a cabo por 9,2 millones de euros, “un precio un 30% inferior al que en estos momentos marca el mercado en esta zona”. La fundación Habitat 3 adquiere el 51% de la finca y el Ayuntamiento el resto. Pero como la parte que compra el Consistorio tiene un valor mayor su inversión es de 4,8 millones, mientras que la de la fundación 4,3. Los inversores que compraron la casa Orsola a finales del 2021 pagaron seis millones. Entonces el Ayuntamiento desestimó ejercer el derecho de tanteo y retracto y hacerse con la propiedad del edificio por ese montante.
“Ningún inquilino de la casa Orsola tendrá que marcharse –abundó el alcalde Collboni–. Desde este momento quedan suspendidos los procesos de desahucio abiertos. Todas las viviendas de este edificio serán gestionadas por la fundación Habitat 3 y dedicadas al alquiler asequible”. La casa Orsola suma 26 viviendas habitables y cuatro locales. Dos pisos están ahora vacíos. Siete inquilinos tienen contratos indefinidos y otros siete de temporada. Los inversores que se hicieron con esta finca fueron reformando y arrendando en este régimen los pisos que quedaban vacíos. Además, otros cinco inquilinos presentan contratos convencionales aún vigentes y cuatro más están inmersos en procedimientos judiciales luego de que expiraran los suyos. También tenemos un ocupa.
Lee también
Así, detallaron fuentes municipales, “podrán ponerse a disposición del parque público de viviendas nueve pisos: los dos vacíos y los siete de alquiler de temporada una vez finalicen sus contratos. El resto de contratos vigentes se mantendrán o se formalizarán de nuevo de acuerdo con la legislación de arrendamientos urbanos, valorando cada uno de los casos”.
Carme Trilla, presidenta de la fundación Habitat 3, y también destacada asesora del gobierno de Collboni en materia de vivienda, subrayó que se trata de “una solución óptima”. Porque gracias a la participación y el aval del Ayuntamiento muchas entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la vivienda social podrán conseguir los recursos necesarios para emprender proyectos anteriormente del todo inalcanzables. De hecho, también este viernes, la mesa de entidades del Tercer Sector Social de Catalunya aplaudió esta operación y pidió que se extienda esta receta de colaboración a otras muchas organizaciones sociales.
El alcalde Collboni no pudo resistir la tentación y también subrayó las bondades de este nuevo mecanismo de colaboración. Pero Collboni también es consciente de que centenares de inquilinos que están atravesando situaciones aún más complicadas y en muchas ocasiones también más flagrantes que las de los vecinos de la casa Orsola contemplan esta operación con un gran interés. “¿Por qué el Ayuntamiento no compra también el edificio donde yo vivo?”, se preguntan muchos una y otra vez. De modo que el alcalde Collboni rápidamente destacó que el Consistorio no aplicará de manera general, que el Ayuntamiento estudiará caso por caso, que su objetivo siempre será defender el derecho a la vivienda, que el gobierno municipal pergeñará otros modos de adquisición de viviendas… “Pero lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, cambiar las reglas del juego, aplicando la regulación de los alquileres, suprimiendo las licencias de pisos turísticos, construyendo más pisos públicos…”.
La Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya dijo que “con esta operación el Sindicat de Llogateres consigue su victoria: transformar un inmueble sin problemas de vulnerabilidad en vivienda pública”. Según los apis, se genera así un precedente preocupante, un ataque a la seguridad jurídica de los propietarios, “que pueden ser forzados a desprenderse de sus fincas ante el chantaje de determinadas asociaciones”. El propio Sindicat de Llogateres también criticó con dureza el proceder del Ayuntamiento. Y si bien se congratula de que la presión ciudadana logró cambiar el guión de esta historia, también lamenta profundamente que los inversores que se hicieron con esta finca para dedicarla al alquiler de temporada por unos precios que triplicaban lo que venían pagando los inquilinos de siempre vayan a ganar dinero. “El Ayuntamiento rescata a un especulador con más de nueve millones de euros. Este acuerdo es una vergüenza”.
Tormenta política en el Consistorio
Los recelos de los concejales de la oposición
Damià Calvet, de Junts, dice que esta compra es “económicamente insostenible”, que se trata de una buena noticia para las familias que allí viven pero “de una muy mala noticia para las políticas de vivienda de Barcelona”, en tanto que es una decisión que genera incertidumbre jurídica. Gemma Tarafa, de BComú, señala que el alcalde ha cedido a la presión ciudadana, y también que espera que esta compra no sea una “cortina de humo” para tumbar la norma del 30%. Elisenda Alamany, de ERC, también aplaude la compra, pero añade que exigirán a la Generalitat recuperar el decreto de ERC para regular los alquileres de temporada. Daniel Sirera, del PP, dice que Collboni ha cedido al chantaje de los inquilinos. “El Ayuntamiento ha de proteger la propiedad privada”. Gonzalo de Oro, de Vox, también acusa al alcalde de ceder “ante los ocupas”.
