Durante mucho tiempo, se ha impuesto una actitud paternalista por parte de los gobiernos a la hora de informar sobre las cuestiones relacionadas con la inseguridad. Ha imperado un manual de actuación consistente en que, ante todo, no se diga toda la cruda verdad para no alarmar y evitar que la historia se vuelva en contra. Este proceder se ha impregnado durante décadas en los estratos gubernamentales en una especie de competición para ganar la medalla al más políticamente correcto.
Pero el mencionado manual muestra síntomas de haber caducado porque los ciudadanos han visto el truco y se han vuelto descreídos, ante el estupor oficial. La prueba evidente es que, por mucho que las autoridades se esfuercen en dar estadísticas y comparativas con otros países que están peor, los ciudadanos sitúan tozudamente la inseguridad como uno de los principales problemas en nuestro país. Barcelona lidera esta preocupación que ha superado todos los índices históricos desde que se hacen encuestas locales.
Cuando un político empieza a explicar la cruda realidad, le caen chuzos de punta
Los últimos episodios de gravedad han sido las dos muertes por disparos de un kaláshnikov en Girona, los 150 tiros en una noche en el barrio de La Mina, el asesinato a sangre fría en plena calle de Montgat de un hombre por parte de narcos del puerto (pregunta retórica: ¿hay narcos en el puerto?) o los ocho asesinatos registrados en tan solo un mes y que parece que no tienen relación entre ellos. En medio, ha habido otros muchos casos que no cabrían en este artículo, aunque de todos ellos destacan al menos dos circunstancias: la constatación policial de que las mafias de la droga han convertido Catalunya en el huerto europeo de la marihuana y la creciente (+14%) incautación de armas blancas en la vía pública.
Las explicaciones públicas de los últimos días siguen el mencionado manual y tienden a minimizar la situación. Pero se empieza a notar un sensible cambio de actitud en las declaraciones de la consellera de Interior, Núria Parlon. La exalcaldesa de Santa Coloma de Gramenet llegó al cargo después de curtirse en una compleja ciudad y sabe que hay que hablar claro a la gente si se quiere contar con su comprensión y complicidad.
La consellera Núria Parlon, en una reciente comparecencia en el Parlament
Quique García / EFE
En los pocos meses que lleva en Interior, Parlon se ha atrevido a reconocer que en las cárceles catalanas hay más ciudadanos sin DNI que nacionales. Ha admitido que el preocupante aumento del uso de navajas tiene un origen cultural distinto al nuestro y, la semana pasada, tuvo el coraje de explicar que dos de los últimos crímenes fueron cometidos por personas con problemas de salud mental y que, por tanto, son inimputables, por lo que es precisa una respuesta adecuada. Mientras decía esto, el individuo que agredió a un bebé en Montjuïc en octubre pasado era detenido por atacar a un hombre en el paseo marítimo de Barcelona. El agresor acumula 31 antecedentes penales y había salido de la unidad psiquiátrica donde le habían ingresado por orden judicial.
Naturalmente, a Parlon le llovieron las críticas y le acusaron de estigmatizar al colectivo de la salud mental. Por eso, tuvo que recordar su exitoso trabajo desde su anterior puesto municipal en programas de ayuda, precisamente, a la salud mental. La sociedad ya ha adquirido la suficiente madurez para saber que las personas que sufren por salud mental no son delincuentes. Pero el dichoso manual ha calado tanto que es difícil renovarlo para que se adapte a la edad adulta.
Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué pasa y el contexto de las cosas porque solo teniendo un buen diagnóstico podremos colaborar juntos en la solución. La verdad, por mucho que duela, abre la puerta a la resolución de los problemas. En cambio, las medias verdades, los eufemismos y el trato paternalista conducen a lugares indeseados.
