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- Autor, Luis Barrucho
- Título del autor, Servicio Mundial de la BBC
La orden ejecutiva del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos ha provocado varios desafíos legales y ansiedad entre las familias inmigrantes.
Durante casi 160 años, la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU. ha establecido el principio de que cualquier persona nacida en el país es ciudadana estadounidense.
Pero como parte de su ofensiva contra el número de inmigrantes, Trump está buscando negar la ciudadanía a los hijos de migrantes que se encuentran en el país ilegalmente o con visas temporales.
La medida parece tener respaldo público. Una encuesta de Emerson College sugiere que hay muchos más estadounidenses apoyando a Trump que oponiéndose a él en este asunto.
Pero, ¿cómo se compara esto con las leyes de ciudadanía alrededor del mundo?
Ciudadanía por derecho de nacimiento en el mundo
La ciudadanía por derecho de nacimiento, o jus soli (derecho del suelo), no es la norma a nivel mundial.
Estados Unidos es uno de los aproximadamente 30 países, principalmente en América, que otorgan la ciudadanía automática a cualquier persona nacida dentro de sus fronteras.
En cambio, muchos países de Asia, Europa y partes de África se adhieren al principio del jus sanguinis (derecho de sangre), según el cual los hijos heredan la nacionalidad de sus padres, independientemente de su lugar de nacimiento.
Otros países tienen una combinación de ambos principios y también conceden la ciudadanía a los hijos de residentes permanentes.
John Skrentny, profesor de sociología de la Universidad de California en San Diego, cree que aunque la ciudadanía por derecho de nacimiento o jus soli es común en todo el continente americano, «cada Estado-nación llegó a ella a su propia manera».
«Por ejemplo, algunos involucraban a esclavos y ex esclavos, otros no. La historia es complicada», dice. En EE.UU. la 14ª Enmienda se adoptó para abordar el estatus legal de los esclavos liberados.
Sin embargo, Skrentny sostiene que lo que casi todos tenían en común era «construir un Estado-nación a partir de una ex colonia».
«Tuvieron que ser estratégicos sobre a quién incluir y a quién excluir, y cómo hacer que el Estado-nación fuera gobernable», explica.
«Para muchos, la ciudadanía por derecho de nacimiento, basada en haber nacido en el territorio, contribuyó a sus objetivos de construcción del Estado».
«Para algunos, alentó la inmigración desde Europa; para otros, aseguró que las poblaciones indígenas y los ex esclavos, y sus hijos, fueran incluidos como miembros de pleno derecho, y no quedaran apátridas. Fue una estrategia particular para un momento particular, y ese momento puede haber pasado ya.»
Políticas cambiantes y crecientes restricciones
En los últimos años, varios países han revisado sus leyes de ciudadanía, endureciendo o revocando la ciudadanía por derecho de nacimiento debido a preocupaciones sobre la inmigración, la identidad nacional y el llamado «turismo de nacimiento», en el que las personas visitan un país para dar a luz.
India, por ejemplo, alguna vez otorgó la ciudadanía automática a cualquier persona nacida en su territorio.
Pero con el tiempo, las preocupaciones sobre la inmigración ilegal, en particular desde Bangladesh, llevaron a restricciones.
Desde diciembre de 2004, un niño nacido en India solo es ciudadano si ambos padres son indios, o si uno de los padres es ciudadano y el otro no, se considera un inmigrante ilegal.
Muchas naciones africanas, que históricamente siguieron el jus soli bajo los sistemas legales de la era colonial, lo abandonaron después de obtener la independencia. Hoy, la mayoría requiere que al menos uno de los padres sea ciudadano o residente permanente.
La ciudadanía es aún más restrictiva en la mayoría de los países asiáticos, donde se determina principalmente por la descendencia, como se ve en naciones como China, Malasia y Singapur.
Europa también ha experimentado cambios significativos. Irlanda fue el último país de la región que permitió el ius soli sin restricciones.
Abolió la política después de una elección en junio de 2004, cuando el 79% de los votantes aprobó una enmienda constitucional que exigía que al menos uno de los padres fuera ciudadano, residente permanente o residente temporal legal.
El gobierno dijo que era necesario un cambio porque mujeres extranjeras viajaban a Irlanda para dar a luz con el fin de obtener un pasaporte de la Unión Europea para sus bebés.
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Uno de los cambios más severos ocurrió en República Dominicana, donde, en 2010, una enmienda constitucional redefinió la ciudadanía para excluir a los hijos de inmigrantes indocumentados.
Un fallo de la Corte Suprema de 2013 hizo que esto fuera retroactivo a 1929, despojando a decenas de miles de personas, en su mayoría de ascendencia haitiana, de su nacionalidad dominicana.
Los grupos de derechos humanos advirtieron que esto podría dejar a muchos apátridas, ya que tampoco tenían papeles haitianos.
La medida fue ampliamente condenada por organizaciones humanitarias internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como resultado de la protesta pública, República Dominicana aprobó una ley en 2014 que estableció un sistema para otorgar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes nacidos en República Dominicana, favoreciendo particularmente a los de ascendencia haitiana.
Skrentny ve los cambios como parte de una tendencia global más amplia.
«Estamos en una era de migración masiva y fácil transporte, incluso a través de océanos. Ahora las personas también pueden ser estratégicas sobre la ciudadanía. Es por eso que estamos viendo este debate en EE.UU. en este momento».
Desafíos legales
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A las pocas horas de la orden del presidente Trump, varios estados y ciudades gobernados por demócratas, grupos de derechos civiles e individuos presentaron demandas.
Dos jueces federales apoyaron a los demandantes.
El miércoles la jueza de distrito Deborah Boardman en Maryland estuvo de acuerdo con el argumento de cinco mujeres embarazadas que declararon que negarles la ciudadanía a sus hijos violaba la Constitución de los Estados Unidos.
La mayoría de los expertos legales coinciden en que el presidente Trump no puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva.
En última instancia, esto lo decidirán los tribunales, dijo Saikrishna Prakash, experto constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. «Esto no es algo que pueda decidir por sí solo».
La orden ahora está suspendida mientras el caso pasa por los tribunales.
No está claro cómo la Corte Suprema, donde los jueces conservadores forman una supermayoría, podría interpretar la 14ª Enmienda si se llegara hasta allí.
El Departamento de Justicia de Trump ha argumentado que ésta solo se aplica a los residentes permanentes. Los diplomáticos, por ejemplo, están exentos.
Pero otros contraargumentan que otras leyes estadounidenses se aplican a los inmigrantes indocumentados, por lo que la 14ª Enmienda también debería cobijarlos a ellos.
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