La Seguridad Social implementa este 2025 nuevas medidas para reforzar el control de las bajas médicas y reducir posibles fraudes. Entre las principales acciones, se realizarán controles periódicos más estrictos tanto por parte de la Seguridad Social como de las mutuas. Además, los trabajadores tendrán la obligación de acudir a estas revisiones de forma más frecuente.
Por otro lado, las empresas deberán enviar una descripción detallada de las funciones del empleado a la Seguridad Social. Esto permitirá determinar si la baja médica es compatible con el trabajo desempeñado y evitar situaciones en las que una incapacidad temporal se prolongue innecesariamente o, por el contrario, se otorgue el alta sin una recuperación completa.
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Se trata de que “se pueda comprobar si esta baja médica es compatible o no con el trabajo, con la finalidad de evitar fraudes, de evitar que estas bajas se dilaten de una forma digamos bastante habitual, que ya lo sabéis que no hay control ninguno”, explica el abogado Ignacio de la Calzada, conocido en redes sociales como Un Tío Legal.
En uno de sus vídeos, De la Calzada pone además contexto, recordando que estas medidas surgen en respuesta a los datos de 2023, cuando se registraron más de ocho millones de bajas médicas, con un coste de 14 millones de euros para las arcas públicas.
Aunque existe la creencia de que las bajas las abonan las empresas, en realidad el sistema funciona mediante un pago delegado: la empresa adelanta el dinero, pero el coste real se divide en dos fases. Del día 1 al 15, el salario y la cotización corren a cargo de la empresa. Desde el día 16 en adelante, la Seguridad Social asume el pago, aunque la empresa sigue abonando la cotización.
En cuanto a la cantidad que percibe el trabajador durante la baja, los tres primeros días no se cobra nada. Del día 4 al 20, se recibe el 60% de la base reguladora, y a partir del día 21, el porcentaje asciende al 75%. La base reguladora se calcula a partir de la cotización del mes anterior a la baja.
El objetivo de estos cambios del Gobierno es garantizar un mejor control de las incapacidades temporales y evitar abusos. “No estoy diciendo que sea lo habitual y que todo el mundo que esté de baja esté cometiendo fraude, en absoluto, pero existe mucho descontrol, con lo que este tipo de medidas puede ser beneficioso”, opina De la Calzada.
El tiempo máximo que un trabajador puede estar de baja por incapacidad temporal en España depende del motivo de la baja y de su evolución. Según la Seguridad Social, el plazo general es de 365 días, aunque puede ampliarse hasta 180 días adicionales si se considera que el trabajador puede recuperarse en ese tiempo.
Si al finalizar este periodo la incapacidad persiste, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o el Instituto Social de la Marina (ISM) pueden iniciar un expediente para determinar si el trabajador debe ser dado de alta o si procede el reconocimiento de una incapacidad permanente.
Cuando un trabajador agota el periodo máximo de baja y no puede reincorporarse, existen diferentes opciones: el alta médica, la prórroga de la incapacidad temporal o la solicitud de una incapacidad permanente. En este último caso, se evaluará si el trabajador puede seguir desempeñando su profesión o si tiene derecho a una pensión.
El control del proceso de incapacidad lo realizan los médicos del sistema público de salud durante los primeros 365 días. A partir de ahí, es el INSS el que toma las decisiones sobre la continuidad o el cese de la baja.
