Un informe del Centre de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) presentado hoy alerta de que el acceso a los servicios básicos públicos es un 50% inferior a la media para las 146 localidades en riesgo de despoblación. El documento Les polítiques de reequilibri territorial a Catalunya analiza a lo largo de 355 páginas la situación de los 947 municipios catalanes en los ámbitos de educación, salud, seguridad, transporte y movilidad. En líneas generales los que sufren más déficits son los ubicados en la Conca de Barberà, las Garrigues y la Segarra, en la franja entre Tarragona y Lleida, además del Pallars Sobirà, en los Pirineos.
Los autores del estudio, Pere Castell, Montserrat Martínez y Matias Vives, incluyen en la lista de los municipios en riesgo de despoblación a los que han perdido habitantes en el periodo 2000-2020; que han registrado un saldo vegetativo negativo entre el 2000 y el 2019, excluyendo el 2020 por la distorsión que podría suponer el impacto de la covid, y que tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, tomando así como referencia los criterios del Banco de España. La mayoría, 84, están en Lleida, seguidos de los de Tarragona, con 31; Barcelona, 23, y en último lugar, Girona, con ocho. Estos pueblos abarcan el 23,4% de la superficie de Catalunya pero solo cuentan con el 0,5% del total de residentes.
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Los autores precisan que el hecho de no clasificar los municipios por el número de vecinos sino por los baremos señalados anteriormente hace que en este listado se incorporen localidades “relativamente grandes, como Tivissa, Horta de Sant Joan, Riba-roja d’Ebre o Isona i la Conca Dellà, todas con más de 1.000 empadronados, pero con dinámicas demográficas malas” y queden fuera otras como Gisclareny o Sant Jaume de Frontanyà, que son las que tienen menos habitantes de Catalunya.
La accesibilidad se ha analizado en función del tiempo empleado en los desplazamientos por carretera para poder disfrutar de los servicios, fijado en 10, 30 o 60 minutos en función de si se considera local, subregional o regional. Los municipios en riesgo de despoblamiento observan así un índice de accesibilidad al conjunto de servicios públicos un 50% por debajo del valor medio de Catalunya; es a partir de los 581 habitantes cuando la situación mejora y sigue una tendencia positiva hasta que se estabiliza alrededor de los 2.242 vecinos.
La Conca de Barberà, las Garrigues, la Segarra y el Pallars Sobirà, las comarcas que tienen más déficits
El índice de accesibilidad en sanidad para estos pueblos es un 40% inferior a la media; en educación del 50% y en servicios asistenciales del 20%. El apartado de seguridad tiene dinámicas muy diferentes. Respecto a los agentes rurales y los bomberos, los enclaves rurales y de montaña disponen de más recursos, pero están en desventaja en efectivos policiales y judiciales, indica el informe.
El CTESC hace hincapié en que una de las claves para mitigar este desequilibrio e intentar revertir el despoblamiento es la búsqueda de la equidad. En este sentido plantea que, de manera sistemática, las políticas públicas incluyan qué impacto tienen sobre los movimientos demográficos, y en concreto sobre la pérdida de población. Se considera relevante pues que la inversión esté vinculada no solo a cuestiones de eficiencia sino también de igualdad. Asimismo, se apuntan la importancia de desarrollar una estrategia integral para asegurar infraestructuras digitales de calidad en toda Catalunya y, en concreto, la ampliación de la cobertura de fibra óptica y redes móviles.
El estudio incluye una prospección más subjetiva en base a una encuesta distribuida a los ayuntamientos. La percepción general es que la situación ha ido a peor en las dos últimas décadas. El pesimismo domina el discurso cuando se habla del déficit crónico de vivienda y de movilidad.
Una posibilidad para frenar la pérdida de habitantes es incentivar el cambio de residencia hacia zonas rurales en retroceso demográfico lo que permitiría aumentar su masa crítica y facilitar la inversión en equipamientos. Para ello el CTESC sugiere facilitar el teletrabajo; promover la rehabilitación de casas vacías; incentivar la cooperación entre municipios para asegurar la prestación de servicios esenciales; incrementar el número de trabajadores públicos en ámbitos rurales, además de introducir elementos de discriminación positiva en los concursos públicos a favor de las alternativas que garanticen un mayor aprovechamiento de los recursos locales.
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El CTESC plantea que la inversión pública esté vinculada no solo a la eficiencia sino también a la equidad
El secretario de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana de la Generalitat, Víctor Puga, ha recordado en el acto de presentación que herramientas como el estatuto de municipios rurales, que inició la tramitación parlamentaria a finales del 2024, prevén dar respuesta a las demandas de la Catalunya que pierde población.
