En la primera semana de la nueva legislatura, parlamentarios de la coalición de gobierno presentaron medio centenar de proyectos de ley de variadas temáticas, algunos de forma individual y otros como bancada. La próxima semana, un diputado colorado y otro frenteamplista presentarán uno en conjunto, para el que también buscan la firma de blancos, lo que revela que los puentes entre el oficialismo y la oposición están abiertos. La bancada oficialista, con Charles Carrera como “coordinador político de la 609”, define por estas horas las prioridades legislativas junto al gobierno electo y las autoridades designadas.
El primero en marcar la cancha fue el senador Pedro Bordaberry, que al inicio de la legislatura presentó —solo o con la firma del senador Tabaré Viera— 19 iniciativas, y la bancada de Vamos Uruguay en Diputados registró otro paquete de iniciativas. Una de estas propuestas prohíbe el uso de dispositivos electrónicos en centros educativos si no es con fines pedagógicos.
En el Partido Nacional, el diputado Pedro Jisdonian (Aire Fresco) inscribió cuatro proyectos de ley, entre ellos uno que crea el llamado divorcio exprés, mediante “un procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior por el mutuo acuerdo de los cónyuges celebrado ante escribano público”.
La bancada de Cabildo Abierto presentó ocho, y su diputada, Silvana Pérez Bonavita, destacó el que propone exigir examen psicológico para obtener licencia de conducir.
El oficialismo es pivot del Ejecutivo en el Parlamento
El coordinador político del MPP, Charles Carrera —abogado, exsenador y exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior—, dijo a El País que el trabajo en el Palacio Legislativo está trabajando en dos dimensiones.
En primer lugar, “el oficialismo es pivot del Poder Ejecutivo en el Parlamento”, por lo que está esperando la definición “las prioridades que se plantearán en la ley de presupuesto como las primeras acciones que va a desarrollar el Poder Ejecutivo”, y en este sentido ha mantenido reuniones con los ministros designados. El ministro de Educación y Cultura, José Luis Mahía, por ejemplo, anunció que buscará reinstalar los consejos en Primaria, Secundaria y UTU, que pasaron a ser direcciones generales por la Ley de Urgente Consideración, y devolverle así voz y voto a los representantes de los docentes.
En segundo lugar, los legisladores están analizando los proyectos que fueron presentados en la legislatura que terminó y no fueron aprobados, y las prioridades programáticas. Carrera dijo que la 609 podrá énfasis en “la protección de los pequeños comercios y de la industria nacional”, en respuesta a la preocupación por “las concentraciones que están impactando en todos los diferentes ámbitos industriales”. El MPP también pretende reflotar un proyecto de ley de “protección de deudores”, entre otros.
A su vez, los diputados Felipe Schipani (Crece, Partido Colorado) y Federico Preve (Seregnistas, electo en el marco de un acuerdo con el MPP, Frente Amplio) prevén presentar la semana próxima un proyecto de ley para regular la eutanasia, el mismo que fue aprobado en la cámara baja en octubre de 2022 pero no consiguió llegar al plenario del Senado. Los legisladores buscan por estas horas el apoyo del Partido Independiente, y el de diputados blancos, colorados y frenteamplistas. Como alternativa, Bordaberry presentó una propuesta legislativa que estipula que “queda exento de pena” quien “diere muerte a una persona sometida a sufrimientos que considere insoportables, o le ayudara a suicidarse”, siempre y cuando “un equipo interdisciplinario formado y calificado de cuidados paliativos” constate —“además del inequívoco y reiterado pedido” de la víctima— “síntomas refractarios que generen sufrimiento, y no se haya podido acceder a la sedación paliativa o esta no fuere suficiente para superar el sufrimiento”. El final de la vida y las formas para consumarlo en determinadas circunstancias estarán en debate también en esta legislatura.
En carpeta
El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, no presentó al momento ningún proyecto en la primera semana, al igual que los legisladores del Frente Amplio e Identidad Soberana.
El diputado Gustavo Salle, del único partido que debuta en el Poder Legislativo, dijo a El País que convocó a asesores y técnicos para la semana próxima, para trabajar una iniciativa que impida los “contratos secretos”, “para prohibir a los gobernantes que actúen de espaldas al pueblo, como fue el contrato que firmaron (Juan Andrés) Roballo, (Miguel Ángel) Toma y (Álvaro) García por orden de Tabaré Vázquez en Finlandia, el contrato ROU-UPM, el cáncer del Uruguay”.
Desde el sábado ingresaron 34 proyectos de ley a Diputados y la cámara aprobó dos en su segunda sesión, el martes: facultó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender el subsidio por desempleo hasta el 31 de marzo a trabajadores dependientes de la empresa Schneck, y autorizó el ingreso a aguas jurisdiccionales y al territorio nacional durante una semana al Buque Escuela de la Armada Española “Juan Sebastián De Elcano”.
Por otra parte, el senador colorado Robert Silva (Crece) está preparando una iniciativa para el ingreso por concurso y sorteo a las intendencias (lo que requiere mayoría especial de ambas cámaras por el artículo 64 de la Constitución) y al resto del Estado. A su vez, el senador blanco Luis Alberto Heber (Herrerismo) anunció que presentará varios proyectos, entre ellos uno que crea agravantes a la asociación para delinquir. “No puede ser que alguien que rapiña para comprar drogas tenga más pena que aquel que vende la droga, que es quien provoca la rapiña”, dijo Heber en enero en La Paloma.
Contratos con el Estado y suicidio asistido
Salle respondió que estudiará el proyecto de ley que presentaron esta semana los diputado cabildantes que estipula que “todo contrato del Estado (…) cuya ejecución se difiera en el tiempo u deba cumplirse durante el lapso de más de un período de gobierno, deberá contar con la aprobación de la mayoría del Senado”.
En contrapartida, explicó por qué está “totalmente en contra” del registrado por Bordaberry sobre muerte piadosa y suicidio asistido: “Agenda 2030, agenda de la muerte, de la oligarquía plutocrática internacional que busca la despoblación a través del infanticidio especialmente agravado, que es el aborto, y matar viejos, como pidió Christine Lagarde”, presidenta del Banco Central Europeo.
